Llega nueva misión del FMI para analizar las "metas cualitativas" del actual acuerdo

Confirma Kirchner su intención de relevar a jueces de la Corte Suprema

Hay grandes expectativas con este gobierno, señala líder de Madres de Plaza de Mayo

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 3 de junio. El presidente argentino, Néstor Kirchner, anunció hoy otro acuerdo con maestros -esta vez en la provincia de San Juan-, renovó la cúpula de la Policía Federal después de hacerlo con la militar, aunque dejó en su cargo al actual jefe, y confirmó que buscará renovar la Corte Suprema de Justicia, al tiempo que se entrevistó con Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo.

Tras ser recibida por el mandatario peronista que asumió el 25 de mayo, Bonafini dijo que tiene "grandes expectativas" con este gobierno. "Nos dimos cuenta de que no todos (los políticos) son iguales", comentó en rueda de prensa.

Sobre el reciente cambio de la cúpula de las fuerzas armadas, Bonafini manifestó satisfacción, aunque sostuvo que también hay que cambiar otras cosas, como la educación castrense en la "ideología nazi".

Tras recibir a la dirigente de uno de los dos grupos de madres de los desaparecidos (unos 30 mil) por la última dictadura militar, Kirchner se prepara a recibir a otros organismos humanitarios.

En tanto, se ve difícil el camino para la esperada renovación de la Corte Suprema. A estas horas -y muchos sospechan que aconsejado por su amigo íntimo, el ex presidente Carlos Menem-, el supremo juez Julio Nazareno pareció cambiar de parecer respecto de una posible renuncia y sostuvo que no piensa dimitir por el momento.

Nazareno -impulsado en su cargo durante el menemismo, que incluso amplió el número de jueces del máximo tribunal para poder colocar a más allegados- es uno de los mayores responsables del comportamiento de esa institución, que obstaculizó los juicios más importantes por corrupción en aquella administración, o convalidó ilegalmente las reformas políticas que violaron la Constitución, así como las irregulares privatizaciones que desintegraron al país.

Casi 90 por ciento de los argentinos se ha manifestado contra esta corte y así se expresó especialmente después del estallido popular de diciembre de 2001. Todos esperaban de Nazareno un paso al costado porque evadiría así un juicio político que se ha dejado dormir en el Congreso por distintas razones, ajenas a la justicia. Así, por ejemplo, las denuncias fueron archivadas, según analistas, para frenar eventuales decisiones del tribunal contra la pesificación y otros temas económicos en revancha por un eventual juicio político.

El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, dijo hoy que "sería muy saludable para las instituciones que algunos miembros de la Corte Suprema presenten su renuncia", en respuesta a las desafiantes declaraciones de Nazareno. También advirtió que "apenas haya una vacante en la institución, el presidente va a dar una señal ejemplar de que se terminó para siempre una Corte adepta en el país", aunque también aclaró que ese cambio que la sociedad espera ansiosamente depende de "la voluntad unilateral de los propios magistrados".

Nazareno dijo también que el 27 de abril pasado "no se votó" para elegir representantes para la justicia, sino para presidente de la nación, y que la Corte debe renovarse por métodos "naturales". Béliz, a su vez, sostuvo que si el cambio dependiera del gobierno, ya se habría decidido.

Por otro lado, el designado presidente del PAMI (la seguridad social de jubilados) y representante del Ejecutivo en el directorio, Juan González Gaviola, anunció este martes una política de transparencia para esa saqueada institución. "El presidente nos dio expresas instrucciones de tolerancia cero" en casos de corrupción, afirmó, y "esta es una de las cuestiones que serán el sello de la gestión de Néstor Kirchner", aseguró. Destacó que la Ley de Obras Sociales "no permite un gasto administrativo de más de 8 por ciento", pero en el PAMI se gasta casi el doble, con una planta de 11 mil personas, entre ellas muchos nombramientos clientelistas.

En tanto, un sondeo reveló que la decisión del presidente de prorrogar una norma que fija en 3 mil pesos (mil 52 dólares) su salario, el tope para los funcionarios públicos, recogió el apoyo de 83 por ciento de los argentinos, según el diario Clarín.

Kirchner continuó con una agitada agenda, y viajó a la provincia de San Juan para firmar un acuerdo con el gobierno provincial y el sindicato de maestros, para destrabar un conflicto por atraso en pagos de salarios, al igual que lo hiciera recientemente en la provincia de Entre Ríos.

El mandatario dijo, en un discurso en el cual anunció la solución al conflicto, que aunque la situación es muy difícil en el país, que se encuentra "del subsuelo para abajo, podemos salir de la crisis luchando con fuerza y humildad". El acuerdo alcanzado garantiza las clases hasta fin de año.

"Tenemos muchísimas carencias, pero tenemos dos caminos: bajamos los brazos definitivamente, nos rendimos a los planes de la ortodoxia neoliberal, o reconstruimos un país", afirmó. Sobre los fondos para solucionar el conflicto provincial, mencionó que en el gobierno nacional "juntamos monedita por monedita".
Pero también insistió en que "no esperen anuncios rutilantes", recordando que "no hay salidas fundamentalistas o mesiánicas, ni líderes que puedan solucionar todo, la construcción es colectiva, plural".

El ministro Béliz, en tanto, también avanzó sobre los proyectos de reformas en las estructuras policiales y anunció que serán revisados los legajos de los titulares de las 53 comisarías de Buenos Aires, en el contexto de cambios que serán profundos pero no "traumáticos". Por lo pronto, el jefe de la institución quedó en el cargo, pero cambió el subjefe de la policía.

Poco antes, durante la reunión para tratar el tema, el presidente Kirchner destacó que no se debe criminalizar la protesta social y que hay que concentrar todos los esfuerzos en la prevención del delito.

"Toda política de seguridad es una política social", señaló a su vez Béliz, quien detalló que otro de los proyectos es que la Policía Federal y la bonaerense (provincia de Buenos Aires) queden integradas bajo un comando único para combatir delitos específicos como secuestros extorsivos, narcotráfico, robo de autos, entre otros, donde muchas veces han resultado involucrados sectores policiales.

En el ámbito económico y financiero, finalmente, una nueva misión del Fondo Monetario Internacional llegó al país, para analizar con el Ministerio de Economía las "metas cualitativas" del actual acuerdo, firmado en enero y que acaba en agosto. Hay temas difíciles, pero el gobierno ha adelantado que defenderá la banca pública, y djio que revisará si se renuevan algunas concesiones según el cumplimiento de las empresas.