La directora de Ecología presentó 22 ante el MP

Denuncias penales contra invasores en Tlalpan

Unas 6 mil personas podrían ser desalojadas: Mireya Imaz

JOSEFINA QUINTERO MORALES

Cerca de seis mil personas podrían ser desalojadas en la delegación Tlalpan por invadir zonas de reserva ecológica o dar un uso diferente al autorizado. En esta ocasión, los invasores tienen una posición económica favorable y se han apoderado de grandes extensiones, equivalentes a la tercera sección del bosque de Chapultepec.

Un millón 984 mil 371 metros cuadrados de áreas verdes son ocupados por 22 asentamientos irregulares en la demarcación, principalmente en las zonas del Ajusco y el pueblo de Topilejo, cerca de la carretera federal México-Cuernavaca.

Para evitar que continúe la invasión hormiga, Mireya Imaz Gispert, directora general de Ecología y Desarrollo Sustentable de la demarcación, presentó ayer 22 denuncias en contra de quien resulte responsable, en la agencia 23 del Ministerio Público.

Indicó que a pesar de que en las denuncias no se hacen señalamientos directos, sí se menciona a los comisariados ejidales o comunales como garantes de los espacios, porque son ellos quienes tienen la responsabilidad de la tierra.

Entre los 22 asentamientos humanos irregulares que fueron denunciados ayer, mencionó Zorros II, Ahuacatitla, Ahuatenco, Ampliación Tezontitla y Belvedere de Teresa, de los cuales Imaz Gispert resaltó que en el primero incluso ya se han fraccionado terrenos. Zorros II, ubicado en el ejido San Andrés Totoltepec, a la altura del kilómetro 12.5 de la carretera Picacho-Ajusco, comentó Imaz Gispert, "está lotificado y se han hecho cabañitas para identificar los lotes, por medio de una constructora".

Advirtió que es una zona de preservación ecológica, con superficie de un millón 155 mil 574 metros cuadrados, en los que ya hay 59 viviendas.

Señaló que los procedimientos penales pueden ser la opción, que no se ha explorado, a pesar de estar tipificada la conducta en el Código Penal. Porque, agregó, utilizar únicamente el proceso administrativo muchas veces sólo empantana los casos.

Mencionó que cuando se ha intentado negociar el retiro de las personas que invaden esas zonas, "la situación política se ha puesto por delante y han preferido unos cuantos votos potenciales, sin tomar en cuenta la supervivencia de la ciudad". Los delitos en los cuales incurrieron quienes invadieron las zonas de reserva ecológica tienen sanciones de tres a 10 años de prisión y 10 mil pesos de multa, en los casos de invasión y usos diferentes a los señalados en los programas de desarrollo urbano, en áreas naturales protegidas o suelo de conservación.

Estas no son las primeras denuncias presentadas por la dirección general de Ecología de la demarcación, pues el año pasado se iniciaron 19 averiguaciones previas, con las cuales ya suman 42 expedientes, y la funcionaria prevé que al finalizar el año habrá entre 60 y 80. A pesar de que aún no se tiene información sobre los avances en esos casos, hace dos semanas se ratificó la denuncia en la fiscalía especializada en delitos ambientales.