El recurso legal sólo evita que sea trasladado a un penal de máxima seguridad

Aclara la SRE: el amparo concedido a Cavallo no afecta proceso de extradición

JESUS ARANDA

La suspensión provisional concedida el pasado viernes a Ricardo Miguel Cavallo para no ser trasladado del Reclusorio Oriente no afecta el trámite de extradición que comenzó el pasado martes, a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde para su extradición por los delitos de terrorismo y genocidio.

La suspensión provisional otorgada por el juez primero de distrito B en materia de amparo penal, Juan García Orozco, no afecta en nada la decisión de la Corte de convalidar la extradición del argentino, sino que únicamente protege a Cavallo de no ser trasladado a un penal de máxima seguridad o a la estación migratoria de Iztapalapa.

Actualmente Ricardo Miguel Cavallo está a la espera de su extradición en una celda de máxima seguridad del Reclusorio Oriente, en donde es vigilado las 24 horas del día para evitar que atente contra su vida o sufra algún atentado.

Comparte el área, aunque cada preso está en una celda individual, con personajes como Orlando Magaña, presunto multihomicida de la familia Narezo Loyola; Leonardo Beltrán Santana, ex director del penal de Puente Grande, Jalisco, y el ex juez civil Carlos Rayo Mares.

Explicaron funcionarios que debido a que ninguna autoridad -Procuraduría General de la República (PGR), cancillería ni Secretaría de Gobernación- impugnó el amparo, el proceso de notificación no se detuvo, por lo que una vez que terminen los trámites correspondientes el juez estará en condiciones de revocar su mandato y negar el amparo, con lo que terminarán las formalidades y el ex director del Registro Nacional de Vehículos será enviado a España.

Una vez que el acuerdo de extradición sea firmado por el canciller, Luis Ernesto Derbez Bautista, Cavallo será notificado de la extradición y puesto a disposición de la PGR para su entrega a España, precisó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el fin de semana.

Cumplido el trámite, la PGR se pondrá en contacto con las autoridades de España para establecer un acuerdo que garantice la seguridad del detenido, desde su salida de la celda hasta la entrega en el avión, punto en el cual la responsabilidad del detenido es de los requirentes.