Ayer, en acatamiento a los exhortos enviados el miércoles pasado por el Instituto Federal Electoral (IFE), el Ejecutivo federal y los gobiernos de varias entidades anunciaron su decisión de suspender la difusión de obras públicas y de logros gubernamentales reales o supuestos. Según informó el secretario de Gobernación, Santiago Creel, la determinación del Ejecutivo federal incluye suspender la criticada campaña de imagen México pregunta, Fox responde, y a partir de hoy las dependencias del gobierno federal sólo dejarán al aire los anuncios que llamen a los ciudadanos a votar y los que representen comunicaciones "impostergables".

Se comentó en este mismo espacio, hace unos días, el preocupante entorno prelectoral, caracterizado por descalificaciones, acusaciones y dimes y diretes entre los partidos contendientes, entre funcionarios federales y estatales e instituciones autónomas, como el IFE. En la contienda verbal participaba, con carácter protagónico, hasta la dirigencia de la Iglesia católica, la cual inducía el voto en contra de candidatos y partidos de mente abierta y actitudes tolerantes y modernas.

Los anuncios formulados ayer sobre la suspensión de campañas de difusión de obras y logros no eliminan el ambiente referido, pero sí contribuyen a distenderlo y a elevar los términos y los modos en que se desarrollan las campañas electorales. Ha de reconocerse que la promoción de éxitos gubernamentales -federales, estatales y hasta municipales- había adquirido ya ribetes de ilegalidad, en aquellas entidades en las que tal actividad está prohibida, y de franca indecencia, en las instancias en las que las leyes no son específicas al respecto.

Tal ha sido el caso, por ejemplo, del estado de México, cuyas autoridades parecen no tener medida para respaldar de manera sesgada a los candidatos priístas, y de la Presidencia de la República, cuyas campañas de exaltación de logros tienen el propósito evidente de mejorar el desempeño electoral de Acción Nacional el próximo 6 de julio.

Esa suerte de propaganda política indirecta no es, ciertamente, un invento de los actuales ejecutivos estatales o federales. Desde la Presidencia de la República, el PRI recurría a ella sin pudor ni mesura para sumarla a otras prácticas indebidas o ilegales, con el propósito de afianzar las campañas de sus candidatos. Como recordó oportunamente la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, Rosario Robles, hace tres años el entonces candidato presidencial Vicente Fox pidió al titular del Ejecutivo, Ernesto Zedillo, que suspendiera las campañas propagandísticas oficiales que obviamente apuntaban a volcar las preferencias electorales de la ciudadanía en favor del aspirante priísta a la Presidencia.

Cabe felicitarse, en consecuencia, por los anuncios del Ejecutivo federal y de varios ejecutivos estatales de suspender la promoción y difusión de logros gubernamentales. Ojalá que el compromiso se extienda a todos los niveles e instancias de gobierno del país -incluidas las municipales- y que ese triunfo de la decencia contribuya a sanear los enrarecidos aires electorales del momento actual.