"No vale la pena" fijar una posición, pues el tema pronto se olvidará, sostuvo

Escándalo de los medios, las quejas por aumentos en las pensiones en la Judicatura: Azuela Güitrón

En el seno de la Corte ya se analiza el acuerdo y se podría demandar su revocación

JESUS ARANDA

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Mariano Azuela Güitrón, considera que la información publicada sobre la autoadjudicación de pensiones vitalicias por parte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) es sólo un "escándalo" de los medios de comunicación, por lo que "no vale la pena" fijar una posición oficial al respecto; además, confía en que el asunto se irá "olvidando" con el tiempo y no habrá repercusiones negativas para el Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

Lo anterior se lo hizo saber en privado a sus compañeros ministros durante una reunión del pleno realizada en días pasados.

Sin embargo, hubo quienes no coincidieron con su punto de vista e inclusive trascendió que le hicieron saber que iniciarán el análisis del acuerdo referido, para determinar si solicitan al pleno del máximo tribunal de justicia del país que ejerza su facultad para revisar los acuerdos generales del CJF en los que se presuma que hubo violaciones a la ley o la Constitución.

De establecer los ministros que los consejeros incurrieron en un ilícito, el asunto seguiría un trámite de análisis y estudio, cuyo dictamen requeriría de ocho de los 11 votos del pleno, para ordenarle al CJF que revoque su acuerdo y emita uno nuevo, conforme a derecho.

Información recabada en el máximo tribunal señala que hay ministros que ordenaron a sus secretarios de Estudio y Cuenta que analicen "con lupa" el acuerdo de los consejeros, para establecer si violaron la carta magna o la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Esto ante las críticas que han recibido los consejeros, pero también los ministros, por no impedir que los miembros de la Judicatura se atribuyan facultades que, por lo menos, están en entredicho para asignarse pensiones vitalicias.

Trascendió además que el análisis del documento incluirá un aspecto "moral" o "ético" para establecer el impacto que ha tenido para la imagen, independencia y autoridad del Poder Judicial de la Federación, la decisión de los miembros de la Consejo de la Judicatura Federal.

En este sentido se dijo que los ministros están preocupados por las reacciones negativas que ha tenido en el interior del Poder Judicial de la Federación el citado acuerdo; particularmente porque causó molestia entre jueces y magistrados el conocer que un consejero de la Judicatura Federal que percibe actualmente más de 170 mil pesos mensuales se retirará con una pensión de 66 por ciento de su sueldo durante los dos primeros años después de dejar el cargo y 33 por ciento para el resto de su vida.

El malestar tiene que ver con el hecho de que los magistrados federales perciben pensiones de alrededor de 12 mil pesos mensuales después de más de 30 años de servicio en la labor jurisdiccional, en tanto el que está activo percibe un sueldo mensual de alrededor de 80 mil pesos.

De acuerdo con fuentes consultadas, el primer punto que analizan los ministros inconformes radica en establecer si los consejeros al autoadjudicarse sus pensiones violaron o no la Constitución e inclusive jurisprudencia de la misma Corte la cual establece que "las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite expresamente".

En este caso, según funcionarios consultados, "no existe ninguna ley que le permita a los consejeros de la Judicatura Federal emitir acuerdos sobre pensiones".

Recordaron que el pleno del CJF tiene facultades constitucionales con relación a la designación, adscripción, ratificación y promoción de los jueces y magistrados federales; con relación al mantenimiento de la disciplina entre los juzgadores y funcionarios federales. Pero al atribuirse facultades para emitir acuerdos generales sobre pensiones, existe la posibilidad de que los consejeros hayan suplantado ilícitamente funciones que le corresponden exclusivamente al Congreso de la Unión.

Entre las consideraciones que analizan los ministros está el que los consejeros argumentaron en su acuerdo que con sus pensiones vitalicias se homologan con los ministros, quienes según el artículo 94 constitucional tienen garantizada una pensión vitalicia de 100 por ciento los dos primeros años y de 80 por ciento el resto de su existencia.

Aquí se analizará cuidadosamente el hecho de que la Constitución otorga expresamente esas pensiones a los ministros -quienes fueron electos en 1995, a partir de la reforma constitucional de 1994-, y que la concesión de dichas pensiones no fue producto de un acuerdo general de la Corte. La cuestión es que -como piensan algunos ministros-, si la Constitución fue omisa en este tema, los consejeros son incompetentes para emitir un acuerdo que los autorice a beneficiarse con una pensión vitalicia que no está prevista en la carta magna.

Según la información recabada, hay ministros que aunque están inconformes con la actitud protagonista del pleno del CJF -que está encabezado por el presidente de la Corte, Mariano Azuela Güitrón-, están sólo a la espera de que alguno de sus compañeros haga el planteamiento respectivo ante el pleno, para sumarse a la petición de designar a uno de sus colegas para que les presente un análisis determinado del caso.

Se sabe que hay ministros que tienen clara la responsabilidad de hacer respetar la Constitución y por ello su obligación de no dejar dudas sobre la legalidad de sus actos y de que el CJF actúe siempre con pleno respeto a la carta magna y leyes que de ella derivan.

Es de señalar que ésta no sería la primera vez que los ministros analizan una decisión del CJF y lo obligan a cambiar de opinión. A principios del año pasado, jueces y magistrados se inconformaron en contra de un acuerdo general del Consejo que establecía que los juzgadores debían de seleccionar a sus actuarios, de aquellos que fueran previamente seleccionados por el Instituto de la Judicatura Federal después de una serie de exámenes. Los jueces y magistrados consideran que el actuario -que es el cargo inicial dentro de la carrera judicial que puede culminar, mediante exámenes de oposición, hasta ser magistrados-, es un puesto de confianza y que por lo tanto deben tener libertad total para elegirlo, claro, siempre y cuando aprueben los exámenes correspondientes.

Ante la falta de confianza en el CJF, los funcionarios inconformes acudieron a los ministros para plantearles su preocupación. Fue el ministro Juan Silva Meza quien retomó su preocupación y después de analizar el tema llevó el punto ante el pleno de ministros, el cual finalmente consideró que el CJF no tenía razón, por lo que la Corte ordenó la revocación del citado acuerdo.

En esta ocasión trascendió que para que el pleno de la Corte tome cuenta del tema y analice el acuerdo 22/2003 hace falta que los ministros que ya estudian el mismo, encuentren elementos de ilegalidad o inconstitucionalidad en el citado documento y después se le podrían agregar aspectos éticos y morales que, al parecer, también podrían tener un peso importante por el impacto negativo que ha tenido la imagen de los consejeros y con ello del Poder Judicial de la Federación en su conjunto.

De acuerdo con reglas internas del pleno de ministros, basta con que uno de ellos considere que un asunto es de trascendencia para que el presidente de la Corte ordene dar trámite al mismo.