José Antonio Rojas Nieto

Por una política energética de Estado

Un buen grupo de compañeros tiene el privilegio de pertenecer a la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía (www. energia. org.mx). Desde hace casi tres años disfrutamos del debate, la reflexión, el análisis y las propuestas de técnicos, académicos y profesionistas vinculados al área energética, sobre el presente y el futuro de este ámbito tan importante y sensible para los mexicanos.

En la mesa -así le decimos- coincidimos en que nuestro país requiere un proyecto de desarrollo de mediano y largo plazos, con fundamentos que permitan abrir una nueva etapa de nuestra vida. Esto exige el concurso de todos: personas, organismos, fuerzas sociales y políticas, técnicos y funcionarios, obreros y administradores, de todos. ƑCómo lograrlo? En el terreno de la infraestructura y de los insumos para el desarrollo (combustibles y electricidad, entre ellos) la exigencia es urgente. Desde hace años se experimentan severas limitaciones. En parte por la creciente tendencia a limitar la capacidad decisoria del Estado en este ámbito de la infraestructura.

Se ha pretendido -más soterrada que abiertamente- dar espacios mayores a la inversión privada, nacional y extranjera, y se han abandonando ciertas responsabilidades básicas que, todavía hoy, la Constitución subraya. Lo demuestran varios hechos: 1) creciente participación de los Proyectos de Infraestructura Productiva de Impacto Diferido en el Registro del Gasto Público (Pidiregas) en el financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); 2) promoción de inversión privada directa -nacional y extranjera- en proyectos esenciales para nuestro desarrollo: reconfiguración de refinerías, programa estratégico de gas natural, expansión de la capacidad de generación de electricidad, entre otros, y 3) incansable promoción gubernamental en el exterior de una apertura a la inversión extranjera que aún no se decide internamente.

Así, en el contexto de múltiples y reiterativas contradicciones legales y políticas, se ha limitado la capacidad estatal para incidir de manera fundamental -como lo ordena la Constitución- en la orientación del desarrollo. Y se ha afectado negativamente la salud económica y financiera de las empresas estatales fundamentales del sector: Pemex y CFE.

La urgencia de revisión y restructuración en lo energético es prioritaria: 1) por determinación de la Constitución, es fuente del poder social de los mexicanos y del poder del Estado, en el que fundamenta su capacidad de orientación y modulación del desarrollo; 2) para bien y para mal, por la existencia de la renta petrolera, es base de la fortaleza fiscal. No obstante su utilidad y necesidad incuestionables, se ha debilitado y acusa delicados y severos rezagos.

La superación de esta grave situación exige el análisis y la reflexión sobre aspectos muy delicados, cuya definición permitirá que la sociedad -sólo una decisión de ella le daría estabilidad- determine las nuevas características de nuestra estrategia energética y -no es exagerado decirlo- de nuestro desarrollo nacional. Por ejemplo, sería muy importante acordar la pertinencia o no de: 1) ratificar la necesidad de empresas energéticas estatales con autonomía y las características específicas de ésta; 2) establecer abiertamente formas, posibilidades y limitaciones de la participación privada en lo energético; 3) determinar las condiciones para establecer alianzas estratégicas con empresas internacionales que permitan incrementar la fortaleza tecnológica y la calidad de las empresas energéticas estatales y sus recursos humanos; 4) redefinir las características de su estrategia financiera de largo plazo y de un régimen fiscal que gradualmente -no puede ser de otra manera- las fortalezca; 5) también redefinir la política interna de precios de los combustibles y de tarifas de electricidad, y la racionalidad de cargas fiscales y subsidios; 6) determinar, con una visión de largo plazo, las características óptimas de la infraestructura energética nacional (pozos, plataformas, refinerías, plantas, oleoductos, gasoductos, centrales de importación de gas natural licuado y carbón de resultar esto pertinente), y de tecnologías y combustibles para generar electricidad; 7) establecer las condiciones para una operación óptima conjunta -técnica y financiera- de las industrias petrolera y eléctrica; 8) identificar las normas ecológicas a cumplir.

ƑDe qué se trata? De sentar las bases para una nueva fase de nuestro desarrollo, merced a la determinación de una política energética de Estado de largo aliento, de largo alcance, generosa e inteligente. Es obvio que no hay consenso sobre ella. Ni siquiera sobre el tipo de problemas y, menos aún, el tipo de soluciones. Pero si no hacemos un esfuerzo profundo para lograrlo y establecer acuerdos nacionales mínimos que permitan abrir e impulsar esa nueva fase, se profundizará el deterioro de nuestra infraestructura, de nuestras empresas energéticas, y de nuestra riqueza petrolera y eléctrica. Y con ello de nuestras condiciones de vida. Aunque suene trillado hay que decirlo: no hay caminos fáciles. Nuestras prácticas sociales y políticas están plagadas de revanchismo, de corrupción, de abusos, de engaños y de desconfianzas. ƑCómo vencerlas y abrir un horizonte más claro? ƑCómo evitar a los mercenarios que merodean el sector? Con toda sencillez, los miembros de la Mesa Ciudadana de Observación de la Energía deseamos compartir abiertamente estas preocupaciones.

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