El mundo está instalado en la hipocresía del poder hegemónico militar y político estadunidense que, al mismo tiempo que proclama normas aparentemente universales, aplica dos sistemas de pesos, medidas y morales (uno para sí mismo, permisivo y laxo, y otro para el común de los mortales). La aceptación de esta imposición del poder hace que muchos consideren lógicas y normales aberraciones indefendibles.

Una de éstas, que muy pocos denuncian y que no aparecen casi nunca en la mayoría de los medios de comunicación, es la caza por Estados Unidos de sus enemigos considerados "criminales de guerra" (el ex presidente serbio Slovodan Milosevic o el ex dictador iraquí Saddam Hussein) para juzgarlos en un tribunal penal internacional, al mismo tiempo que Washington se niega a que sus propios ciudadanos sean juzgados del mismo modo y por la misma corte si cometiesen presuntos delitos de lesa humanidad.

Es más, Estados Unidos produjo y mantuvo en el poder a genocidas, como el dictador indonesio Suharto, el filipino Marcos, el congolés Mobutu, el chileno Pinochet, el guatemalteco Ríos Montt, la Junta Militar Argentina o Anastasio Somoza, a los que sólo abandonó cuando ya no le servían tras intentar sostenerlos mientras pudo. Ahora mismo, varias veces por mes, las más altas autoridades estadunidenses reciben cordialmente al criminal de guerra israelí Ariel Sharon tal como antes negociaban, sin problema moral alguno, con el Shah de Irán, Mohamed Reza Pahlevi, o apoyaban a Saddam Hussein en la represión a los comunistas y los kurdos o en la larga y sangrienta guerra contra la revolución de los ayatolas iraníes.

Por consiguiente, resulta aberrante que México se apegue a la ley internacional, aplique la justa teoría de que los delitos de genocidio o contra la humanidad son imprescriptibles y conceda, correcta y coherentemente, la extradición que pide España en el caso del torturador y multiasesino Ricardo Miguel Cavallo mientras, al mismo tiempo, violando el espíritu de la ley internacional, sus doctrinas jurídicas y su propio comportamiento, apoya a Estados Unidos --que es quien hace posibles a los Cavallo-- en su pretensión de ponerse por sobre la ley internacional y de desconocer el Tribunal Penal Internacional que Washington cree válido sólo para los demás.

¿Cómo explicar de modo lógico este comportamiento tan contradictorio y funesto, que condena a algunos criminales mientras justifica la preparación masiva de sus crímenes y la impunidad de quienes son los principales responsables de los mismos? Podría entenderse que Washington denuncie la paja en el ojo ajeno y se niegue a ver la viga en el propio. Pero México no ha sido, hasta ahora, anexado por Estados Unidos. Por tanto, podría ser independiente, tener una diplomacia propia y mantener los principios jurídicos que conoce y aplica (siempre que no lesione sus relaciones con el Big Brother que todo lo observa, todo lo juzga y nada perdona). La soberanía, al fin y al cabo, no puede reducirse a lucir una bandera o a poner escudos en los edificios públicos sino que debe ejercerse, cotidianamente, en la construcción de un país independiente y en la coherencia con los principios que lo hagan posible.