A futuro, ninguna autoridad podrá garantizar un grado mínimo de calidad, prevé

La Ley General de Educación abrió el camino a la mediocridad, dice investigador de la UAM

El tema de la calidad en la educación está estrechamente ligado a la inversión extranjera en el ramo, porque "no es posible obtener una inversión redituable y de grandes proporciones en materia educativa sin sacrificar en gran medida la calidad", afirmó Hugo Aboites, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.

En un documento titulado El fraude de la calidad de la educación: el TLC y la SEP, el investigador señala que "la intensa presión del sector privado nacional, que busca todas las facilidades posibles para la apertura de centros de estudio al menor costo y con la mayor redituabilidad posible, ha logrado que el gobierno ofrezca pocas dificultades para la creación de escuelas e instituciones privadas".

Este pacto, subrayó, dio como resultado una legislación ambigua, lo que ha permitido establecer criterios muy laxos para los intereses privados en educación. En este sentido, recordó que "la Ley General de Educación, aprobada en 1993, viene a ser una expresión directa de la legalidad que requiere el Tratado de Libre Comercio en el terreno educativo".

Agregó que una de las imprecisiones a que está sujeta dicha normatividad se refiere a la autorización para los estudios impartidos por particulares. "Cuando la ley habla de los requisitos que deben cumplir los estudios impartidos en instituciones privadas no se menciona claramente a qué autoridades corresponde verificar que esos requisitos se cumplan".

Enfrentamos, dijo, un conglomerado internacional que quiere invertir en educación, así como a las organizaciones de educación privada del país, en un marco legal claramente favorable a la participación e inversión de particulares en la educación.

Por ello, destacó el investigador de la UAM Xochimilco, "es previsible que a futuro sea cada vez más difícil que autoridades como ayuntamientos, entidades federativas e incluso la administración federal puedan establecer requisitos que garanticen una mínima calidad".

Todo ello, informó, permite que se avance hacia la mediocridad educativa, pues una de las aplicaciones de la Ley General de Educación autoriza al secretario de Educación Pública a establecer, en los términos que considere pertinentes, el procedimiento para acreditar conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquirido de forma autodidacta o con la experiencia profesional.

"En el uso de esta facultad se ha abierto un verdadero canal a la mediocridad, ya que el procedimiento recientemente establecido por la Secretaría de Educación Pública hace posible que en tres días, aunque no siempre consecutivos, una persona que jamás ha estado en una facultad de medicina pueda obtener el título de médico general. Basta resolver exitosamente un examen de opción múltiple, escribir un buen ensayo sobre el tema indicado y pasar una entrevista para completar todo el procedimiento", destacó.

La aplicación de estos procedimientos, dijo, provocó que sólo en 2002 se presentaran 40 mil candidatos con la intención de obtener certificados "que en algunos casos correspondían a nivel bachillerato y en otros a licenciaturas como ingeniería civil, derecho, ciencias farmacéuticas, sicología y odontología, entre otras" especialidades.

LAURA POY