Son inocentes, insisten abogados ante la UEDO

La defensa de Romero Deschamps y Aldana presenta pruebas de descargo

CAROLINA GOMEZ MENA, ENRIQUE MENDEZ Y RENATO DAVALOS

La defensa de los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana comenzó ayer a presentar pruebas de descargo ante la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), con las cuales pretende demostrar la ''inocencia'' de sus clientes en torno al caso denominado Pemexgate. Esto se deriva del amparo 1493/2002, otorgado por el décimo tribunal colegiado a Romero Deschamps el pasado 31 de enero, por el cual a sus abogados se les dio acceso al expediente.

Según los representantes legales de Romero Deschamps y Aldana Prieto, entre ayer y hoy serán presentadas ''más de 200 pruebas con las que demostramos que ellos no cometieron delito alguno, que ambos siempre se condujeron en lo que marcaba la relación laboral y con esto probaremos también que todo es fruto de una persecución política''.

Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) señaló ayer que terminar con el fuero legislativo que genera impunidad como la de Carlos Romero Deschamps y Ricardo Aldana, piezas fundamentales del Pemexgate, figura como una de las propuestas que incluirá en la agenda de la próxima bancada del sol azteca en San Lázaro.

El aspirante a una curul por ese partido, Iván García Solís, dijo que esa prerrogativa de los diputados (el fuero) sólo ha entorpecido la acción de la justicia a lo largo de los años.

Mientras, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emprenderá el jueves 10 de julio una colecta nacional de fondos en efectivo, y para ello instalará mesas receptoras en la sede nacional de Insurgentes Norte, dentro del programa El peso de la militancia, con el cual pretende recaudar 420 millones de pesos entre sus militantes y simpatizantes, que le permita enfrentar la multa de mil millones de pesos impuesta por el IFE.

Ayer, el presidente del PRI, Roberto Madrazo, inició la distribución de cartas a los colaboradores y militantes del partido, para convocarlos a sumarse a la colecta, y argumentó: ''Como es de su conocimiento, nuestro partido fue sancionado injustamente con una cuantiosa multa. Enfrentaremos este nuevo reto con un esquema participativo de movilización de nuestras bases'', y luego les pide su ''solidaridad y apoyo''.

García Solís, candidato perredista al séptimo distrito de esta capital, estableció en la sede nacional de su partido que la obsolescencia de leyes, como la de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el mismo 111 constitucional, dificultan la posibilidad de entablar un juicio a un legislador o a un funcionario de alto nivel.

La llamada ''inmunidad procesal'' es un precepto muy antiguo que durante los regímenes priístas se corrompió convirtiéndose en una patente de impunidad que permitió a los integrantes de la clase política violar indiscriminadamente las leyes sin peligro de ser llamados a comparecer ante la justicia. Además, tuvo un uso discrecional que se hizo realidad cuando se trató de venganzas políticas, refirió el perredista.

Con la reforma que se plantea, anticipó García Solís, la Cámara de Diputados estaría obligada a resolver las solicitudes que le presenten la procuradurías. Adicionalmente, se propondrá una reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para simplificar el procedimiento y dictaminar con prontitud las solicitudes de desafuero.

Mientras, entre las principales ''pruebas'' que los abogados de los líderes del sindicato de Pemex han aportado, está la ''resolución del 23 de septiembre de 2002, del cuarto tribunal unitario, que acreditó la inexistencia del delito de uso indebido de atribuciones y facultades a Manuel Gomezperalta Damirón (ex funcionario de Pemex), por lo cual no nos pueden imputar esto. La sentencia causó ejecutoria y es inatacable''.

Según la defensa de los líderes petroleros, en la investigación se acusó a la empresa de entregar dinero al sindicato en forma ilegal, cuando las operaciones se hicieron para cumplir con las prestaciones laborales. ''Por lo tanto, no hay delito alguno. La resolución dice que el sindicato es una persona moral privada y con la cual Pemex tenía una relación laboral, por lo que la transferencia de recursos no podía ser considerada un pago ilegal''.

Otra de las principales pruebas presentadas ante la UEDO son los documentos que acreditan que ''Francisco Barrio aprobó los estados financieros de Pemex. A él le correspondía revisar los números; si no hubiese estado de acuerdo con el cumplimiento de los convenios debió inconformarse, pero no lo hizo''.

Finalmente, los abogados dijeron que el Ministerio Público ''ya no tiene elementos para ejercitar una acción penal'' y aseguraron que sus pruebas contribuirán a ''demostrar la inocencia'' de los dos legisladores priístas acusados de desviar 500 millones de pesos a la campaña presidencial del candidato del PRI a la Presidencia, Francisco Labastida Ochoa.