El portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, anunció ayer la suspensión de la asistencia militar estadunidense a Colombia, como medida de presión para obligar a ese país sudamericano a que firme un estatuto de impunidad ante la Corte Penal Internacional (CPI) para los funcionarios civiles y militares de Washington. La medida afecta a otros 34 países --de los 134 que reciben ayuda bélica de Estados Unidos-- que, al igual que Colombia, se han adherido al Estatuto de Roma sin otorgar inmunidad previa a los ciudadanos estadunidenses. En este hemisferio la suspensión de la asistencia militar afecta además a Brasil, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, así como a cinco naciones del Caribe angloparlante.

En una primera lectura, la suspensión de la ayuda bélica estadunidense podría parecer catastrófica para el gobierno colombiano que, junto con Israel y Egipto, es uno de los tres más favorecidos por la asistencia militar de Washington. El régimen que preside Alvaro Uribe mantiene una fuerte dependencia de los recursos en dinero, en armas, municiones, vehículos y aeronaves, en entrenamiento y hasta en participación directa de efectivos estadunidenses, recursos esenciales en su lucha de varios frentes contra las arraigadas organizaciones guerrilleras, contra las mafias del narcotráfico, contra los grupos paramilitares originalmente armados y organizados por el ejército gubernamental --y hoy fuera de control--, así como contra la delincuencia común. De hecho, de no ser por la asistencia de Washington, las autoridades de Bogotá ya habrían perdido más de una de esas guerras simultáneas.

Sin embargo, al observar la cantidad de excepciones que el propio gobierno de George W. Bush establece para sus propias directivas, resulta que el corte de la ayuda militar a la nación sudamericana es, en buena medida, una simulación: de los cien millones de dólares que Washington habría denegado a Colombia, 95 por ciento fue ya entregado. Además, el Departamento de Estado no considera "asistencia militar" los recursos destinados a combatir el narcotráfico y la corrupción o a impulsar la "reforma al Poder Judicial", por más que tales recursos consistan en armas, municiones, equipos de comunicaciones, radares y helicópteros de combate. De hecho, en la lógica de los intereses estratégicos de Washington en el Hemisferio, dejar sin asistencia bélica a Alvaro Uribe --estrecho aliado regional y mundial de Washington-- sería un disparate de costos enormes que el actual Poder Ejecutivo estadunidense no puede cometer, por muy marcadas que sean sus ineptitudes.

De cualquier forma, la casi simbólica suspensión de la ayuda militar a Colombia y a otros 34 estados soberanos representa un chantaje grosero e inadmisible, perpetrado con el peor de los propósitos: la búsqueda de la impunidad criminal para los funcionarios y efectivos estadunidenses en todo el mundo.