Luis Linares Zapata

Vísperas electorales

Laa república llega a la semana previa a las elecciones intermedias con casi todas sus instituciones crujiendo bajo fuertes presiones. Ya sea que se trate de las directamente conectadas con el proceso en marcha, como son el IFE, los partidos o los tribunales donde se habrán de dirimir sus diferencias irreconciliables, como aquellas que tienen que actuar en el delicado campo de la economía.

A este respecto varias son las instituciones asediadas por la compleja y hasta contradictoria realidad. En un primer plano encontramos a la Secretaría de Hacienda (SHCP) que no deja su lugar en el horizonte de las preocupaciones debido al pasmo que afecta a la fábrica nacional y que le imposibilita iniciar la anunciada recuperación. Los hacenditas no encuentran el resquicio para darle forma y equidad a su proyecto de reforma fiscal para amarrar acuerdos entre las diversas fuerzas políticas.

Pero también, y aunque sea de manera lateral, aparece el INEGI con sus alocadas cifras de mejoría en el ingreso personal al tiempo que suelta las que apuntalan, según propagandistas gubernamentales, un fantasmagórico repunte positivo en las condiciones de pobreza. Ambas mediciones están por demás alejadas de toda credibilidad y utilitario manejo de cifras. En todo este sainete, con rancio olor a retórica electoral, les da cobijo la Sedeso, empeñada en un monocorde discurso que sólo retienen aquellos que resisten la adormecedora tonada de la secretaria del ramo.

El mismo Banco de México ha entrado en una zona de alta turbulencia en cuanto las palabras del presidente Fox pierdan vigencia y se melle la carga de autoridad para impulsar a Ortiz cuando se acerque la hora en la que los partidos y, en particular, la fracción de ellos en el Senado, den cauce a su proceso evaluador. Ahí se verá la reciedumbre de los panistas que con probadas razones lo imposibilitaron para participar en los delicados asuntos del IPAB. Pero también se conocerá lo que al respecto decidan hacer los priístas que se dicen de nuevo talante, antizedillistas y dispuestos a solicitar perdón por los errores cometidos; o los perredistas, que se han opuesto a legitimar los desaguisados del Fobaproa, donde tan nombrado personaje prestó oficios harto cuestionados.

Pero Ortiz quiere permanecer al frente de los mandos del banco central, aunque poco puede encontrarse en sus antecedentes que hablen de una airosa aventura para impulsar el desarrollo del país, menos aún para aliviar la pesada carga de las desigualdades. Ha ensayado, a lo largo de décadas, las ideas para controlar la economía, para someterla por el lado de su oferta monetaria hasta llevarla al borde de las deflaciones que tanto afectan a Japón y hacia donde puede dirigirse la del vecino americano si continúa bajando intereses con su inmensa capacidad productiva ociosa.

Pero las instituciones que tienen bajo su tutela la administración de la justicia son las que rechinan por todos sus goznes. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) todavía no sale, hoy en día, de su pleito contra los morosos que se resisten a llevar a cabo las auditorías que ha determinado a los bancos (cuatro de ellos, los más fuertes), cuando la SHCP, parte de los consejeros del IPAB, la Presidencia de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y varios diputados y senadores priístas o panistas pretenden finiquitar el follón Fobaproa y renovar, mediante cómodo acuerdo camaral, sus viejos y muy apreciados pagarés con los nuevos de deuda pública reconocida, avalados por el IPAB. Y, sin considerar el nublado contorno y pleito que mantiene exhausta a la ASF, dos legisladores priístas, armados con una demanda por presuntas y bastante probables irregularidades cometidas por los funcionarios responsables de la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Reguladora de Energía, la han vuelto a meter en una investigación que tocará las fibras más delicadas de los grandes intereses de muchas trasnacionales. Poderosas empresas que ya operan en México al amparo de una ley, la del 92, que mal regula sus andanzas en el codiciado sector eléctrico.

Al respecto, la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra de las instituciones con cargada agenda de tensiones para situarse a la altura de las expectativas sociales, ha catalogado a esa reglamentación aprobada desde tiempos salinescos, con rasgos de inconstitucionalidad y que los gerentes de Fox han utilizado de manera encubierta para llevarla a sus últimas como peligrosas consecuencias.

Lugar aparte merece la situación de enredos, sospechas e ineficiencias (efectivas y simuladas) que ya padece la PGR, luego de las inesperadas revelaciones de la subprocuradora que persigue los delitos por lavado de dinero. Sus comprobables afirmaciones acerca de la procedencia externa de recursos inyectados a través de los Amigos de Fox a la campaña de 2000, han caído como un rayo en descampado. El relámpago toca centralmente a la Presidencia en su ya de por sí mermada credibilidad, pero no deja de ser un explosivo escándalo que la expone, adicionalmente, a los más severos juicios, aun aquellos de naturaleza política, que bien puede iniciarle el Congreso por violaciones graves y, a su vapuleado partido, el viejo PAN con presumido olor a sacristía, a poner en riesgo su mismo registro.

De la manera como las instituciones vayan procesando sus tensiones se verán los rumbos y la clase de ambiente productivo y democrático que tendrá México para el segundo periodo de este atolondrado sexenio.