Peligra la igualdad jurídica de los estados: Brasilia

Critican retiro de apoyo de EU a países que no le dieron inmunidad en la CPI

AFP, REUTERS Y DPA

Montevideo, 2 de julio. Los países latinoamericanos a los que Estados Unidos canceló parte de su ayuda militar por no firmar un acuerdo que garantice la inmunidad de los estadunidenses frente a la Corte Penal Internacional (CPI), resistieron las presiones, aunque algunos buscarán seguir negociando en torno al asunto.

El gobierno de George W. Bush anunció la víspera la suspensión de 47.6 millones de dólares en ayuda militar a 35 naciones, nueve de ellas latinoamericanas: Colombia, Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

En Colombia, el gobierno señaló que se busca una solución a la suspensión de una ayuda militar que bloquea 5 millones de dólares y pone en riesgo otros 130 que deben ser aprobados en 2004. Sin embargo, la mayor parte del apoyo estadunidense al país andino se otorga bajo otros conceptos, como lucha contra el narcotráfico.

"Lo que tiene que hacer el gobierno de Colombia es continuar el diálogo con Estados Unidos, examinando opciones, teniendo en cuenta el ordenamiento jurídico de ambos países", precisó el presidente Alvaro Uribe. Bogotá sostiene que un acuerdo suscrito en 1962 con Washington y refrendado en 2000, que otorga a los estadunidenses la inmunidad que reclaman, no hace necesario un nuevo pacto.

Por lo pronto, un alto funcionario del Departamento de Estado, Phil Chicola, expresó que en el caso de Colombia "creo que nos estamos acercando a un entendimiento (...) Vamos a ser claros: el gobierno de ese país es nuestro amigo, aliado y socio".

Ecuador, de su lado, indicó que tras la suspensión de la ayuda se deben replantear las relaciones militares entre Washington y Quito, aunque aclaró que la sanción no afectará el uso por Estados Unidos de instalaciones militares ecuatorianas, según el subsecretario de Asuntos Bilaterales de la cancillería, Roberto Ponce.

El diputado Carlos Vallejo, presidente de la comisión parlamentaria de Asuntos Internacionales, había dicho que Ecuador debería retirarle a Estados Unidos la base de Manta, en respuesta a la sanción.

A su vez, el canciller de Costa Rica, Roberto Tovar, consideró: "no es justo que por el hecho de tomar una decisión de ser parte de la CPI, que va a luchar contra la impunidad, el país sea sancionado, así sea por 500 mil dólares o por 100 millones de dólares".

En tanto, Brasil fue tajante al indicar que el acuerdo propuesto por Estados Unidos sería contrario "a la letra y al espíritu del Estatuto de Roma (que creó la CPI), y atentaría contra la igualdad jurídica de los estados".

En Uruguay, el canciller Didier Opertti dijo que "Estados Unidos tiene el síndrome Pinochet", por buscar acuerdos que eximan a sus nacionales ante la CPI.

Por su parte, el gobierno venezolano señaló que su país no se verá afectado porque hace tiempo que carece de esa asistencia, de acuerdo con Diosdado Cabello, ministro de Infraestructura.

En Paraguay, el canciller José Moreno aclaró: "no íbamos a firmar esa exención así como estaba preparada. Nosotros podríamos firmar, si tuviera las modificaciones que planteamos".

Por su lado, la Comisión Europea lamentó la decisión estadunidense, aunque Christ Patten destacó que un "gran número de países" había resistido a las "presiones" de Washington. Entre las naciones europeas sancionados están Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania y Bulgaria.

Por su lado, el ex presidente estadunidense Jimmy Carter y el juez español Baltasar Garzón dieron su apoyo a la CPI, con sede en La Haya, que cumplió este miércoles su primer año.

De los casi 90 países que ratificaron el tratado para la creación de esta corte, 44 firmaron con Estados Unidos acuerdos bilaterales de no extradición de ciudadanos estadunidenses que pudieran ser juzgados por crímenes contra la humanidad y de guerra, así como genocidio.