Al presentar la agenda legislativa de Acción Nacional para los próximos tres años, el líder nacional de ese partido, Luis Felipe Bravo Mena, no se cuidó de disimular el sello de contrarreforma y restauración que caracteriza al parti-do hoy gobernante, y señaló co- mo "prioritarias" la privatización -parcial, sostiene- del sector energético, una flexibilización de las leyes laborales, la liquidación de la Secretaría de la Reforma Agraria y un segundo manoseo -el anterior se perpetró en tiempos de Carlos Salinas- del artículo 27 constitucional, que establece las modalidades de tenencia de la tierra.

Ningún líder partidista podría, en la presente circunstancia, dejar de mencionar los propósitos de reactivación económica, combate a la pobreza y creación de puestos de trabajo; Bravo Mena no fue, en ese sentido, la excepción. Fiel a la corrección política imperante, condenó "las tentaciones populistas" del pasado, pero se abstuvo de distanciarse de los dogmas neoliberales y privatizadores que siguieron al populismo y de los cuales el actual gobierno es un continuador fiel y disciplinado. ¿Y cómo se propone Bravo Mena alcanzar sus propósitos encomiables? Precisamente mediante la apertura del sector energético al capital privado, la creación de regulaciones laborales más amables para atraer inversionistas y la liquidación, o al menos el debilitamiento, de las figuras de la comunidad y el ejido en la legislación agraria.

Los panistas en el Congreso y los panistas en la Presidencia se aprestan, en suma, a intentar de nueva cuenta unas denominadas "reformas estructurales" de inspiración salinista que son, en realidad, contrarreformas inadmisibles para los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana y que, de ser impuestas al país por el actual grupo en el poder, provocarían una peligrosa fractura nacional.

Los mandatos que recibieron Vicente Fox en 2000 y los legisladores elegidos en julio pasado no son para desmantelar el artículo 123, la Ley Federal del Trabajo, el artículo 27, las leyes agrarias o las disposiciones constitucionales en materia de electricidad y petróleo; cabe esperar que así lo entiendan los legisladores lúcidos y prudentes de Acción Nacional y que sean capaces de deslindarse de los irresponsables lineamientos que proceden de la cúpula de su partido.

En las filas del Revolucionario Institucional las fracturas sobre estos temas son mucho más evidentes. Si bien es cierto que la dirigencia actual del tricolor se muestra ansiosa por concretar su respaldo a la política económica gubernamental y por restablecer lo antes posible los hábitos de genuflexión negociada ante la figura presidencial -aunque ésta ya no provenga de las filas priístas-, en las fracciones legislativas del PRI -mayoritarias- existen corrientes na- cionalistas que difícilmente comulgarán con los empeños restauradores del panismo. Si Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo porfían en uncir a sus compañeros de partido a las estrategias privatizadoras oficiales, es posible que con ello logren provocar en sus filas una insubordinación parecida a la que acaba de experimentar el vociferante coordinador de los senadores panistas.

En contraste, entre los legisladores perredistas hay un rechazo mayoritario a la adulteración neoliberal de las disposiciones constitucionales agrarias, laborales y energéticas. Cabe esperar, por el bien de la nación, que los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática, los sectores nacionalistas del PRI y los legisladores panistas que se atrevan a poner su conciencia de país por encima de los lineamientos partidistas, así como senadores y diputados de los partidos pequeños, sean capaces de frenar e impedir las contrarreformas que se apresta a impulsar la dirigencia panista, acaso con el apoyo de la cúpula del PRI.