Hay nuevas leyes, vigilancia extrema, presupuestos enormes, arrestos... pero no seguridad

Prevalece clima de pánico en EU, pese a limitantes a derechos civiles

Indiscriminada detención de migrantes, admite inspector del Departamento de Justicia
Ashcroft emprende gira por el país en busca de mayores poderes para el control doméstico

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington y Nueva York, 10 de septiembre. Durante dos años, desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de George W. Bush ha detenido a miles de personas, ha ampliado con mucho los poderes de seguridad pública y vigilancia doméstica y ha elevado la escala de secretos gubernamentales, pero el pueblo estadunidense no se siente más seguro que antes y hay pocas pruebas de que lo esté.

Dos tercios de los neoyorquinos están hoy más preocupados por la posibilidad de un atentado "terrorista" que hace un año, reportó esta semana el diario The New York Times. Un sondeo nacional de la revista Time mostró que 72 por ciento de la población cree que es "probable" que ocurra un atentado el próximo año.

La "guerra contra el terrorismo" no ha brindado los resultados que supuestamente la justifican: mayor seguridad pública, prevenir otro ataque como el de hace dos años, y llevar ante la justicia a los "terroristas". La gente se siente más insegura, el supuesto culpable del 11 de septiembre sigue "prófugo", el responsable de los ataques con ántrax (ya ni se mencionan) no está en la cárcel y la mayor parte de los detenidos no tienen vínculos con "el terrorismo".

En una evaluación interna de las acciones gubernamentales después del 11 de septiembre, el inspector general del Departamento de Justicia reconoció que la mayoría de los detenidos no están vinculados con el terrorismo. En particular, el inspector general señaló que la detención de inmigrantes fue "indiscriminada y al azar".

Sin embargo, el procurador general, John Ashcroft, de gira por el país esta semana, ha declarado que el gobierno "está ganando la guerra contra el terrorismo" y está proponiendo proyectos legislativos para otorgar más poderes al Departamento de Justicia.

La agenda radical

Pero los hechos que prueban el fracaso de la guerra doméstica contra el "terrorismo" no han provocado una revaluación por parte de las autoridades. Esto se explica -en parte- porque el gobierno de Bush llegó a Washington con una agenda conservadora radical, para incrementar el control público y mantener un gobierno más secreto en sus operaciones.

Estos esfuerzos comenzaron antes del 11 de septiembre, con medidas para limitar el acceso público a información sobre las actividades del gobierno federal y su deseo de limitar también las libertades civiles. Un primer ejemplo se manifestó cuando el vicepresidente Dick Cheney se negó a revelar los consejos que recibió de las empresas energéticas al elaborar, en secreto, la política federal del sector.

Con todo, esta agenda de Bush ya enfrentaba problemas con el Congreso y sectores de la opinión pública. Pero todo esto se esfumó con los atentados del 11 de septiembre, que se utilizaron como justificación para aplicar las nuevas medidas de control doméstico.

Primero por decreto presidencial y poco después utilizando los nuevos poderes de la llamada Acta Patriota, el gobierno esencialmente logró etiquetar a todos los hombres jóvenes árabes en este país como sospechosos, interrogó a miles y arrestó a cientos durante largos periodos sin acusación formal ni el derecho de aparecer ante un tribunal público.

Así, por primera vez en la historia estadunidense, el gobierno de Bush consolidó la vasta estructura de seguridad pública interna dentro de una nueva supersecretaría con el nombre de Departamento de Seguridad de la Patria, con 170 mil empleados y un presupuesto inicial de 38 mil millones de dólares.

El Departamento de Justicia desempolvó viejas listas de "opositores" e integró otras más, obtuvo permisos para realizar cateos secretos, intervenir comunicaciones y otras invasiones a la privacidad, y solicitó documentos a bibliotecas que registraban a lectores de determinados libros.

A veces las detenciones han sido incompetentes, aunque las víctimas han pagado un precio alto. Akil Sachveda, hindú propietario de una gasolinera en Nueva Jersey, fue arrestado y deportado por ser sospechoso de ayudar al "terrorismo islámico". El periódico The Observer informó que Sachveda vive ahora en Canadá y es empleado de una gasolinera (en lugar de ser dueño), después de pasar meses detenido sin acusación formal y de habérsele negado la oportunidad de explicar, por lo menos, que es poco probable que un hindú se vaya ha dedicar a promover los ideales islámicos.

La investigación interna realizada por el inspector general del Departamento de Justicia confirmó que historias como la de Sachveda se repitieron una y otra vez. No obstante, muchos fueron deportados por infracciones menores de la ley de inmigración. De los 762 casos evaluados, el inspector general encontró que muchos no sabían el motivo de su detención, se les negó acceso a abogados y libertad bajo fianza. Ese informe también detalló que las condiciones de detención eran "indebidamente severas", reveló prácticas de abuso físico y verbal, y criticó la duración de las estancias en prisión.

Este mes, el inspector general difundió un segundo informe argumentando que muchas de sus críticas anteriores no han sido abordadas.

De hecho hay dos demandas legales contra las acciones, muchas realizadas en secreto, del Departamento de Justicia luego del 11 de septiembre, pero hasta la fecha el gobierno se ha negado a revelar el número exacto de los detenidos sin juicio o reportar cuántos cateos secretos se realizaron en nombre de la llamada guerra contra el terrorismo.

"El problema es que no sabemos cómo se ha utilizado la ley", comentó al Washington Post el abogado y profesor David Cole, de la Universidad de Georgetown. Describió cómo en algunos de los casos en los que ha trabajado, no se ha permitido al acusado, ni a sus abogados, examinar las pruebas sobre las cuales se formularon las acusaciones en su contra.

Tras la disidencia

También hay pruebas que sugieren que el gobierno está utilizando sus nuevos poderes de seguridad para perseguir a disidentes estadunidenses no violentos. Virgine Lawinger, una monja de 74 años de Milwaukee, descubrió que su nombre está en una lista secreta de gente que tiene prohibido viajar en avión después de que se le negó abordar uno en su tierra natal para ir a una protesta contra la guerra.

La abogada neoyorquina Barbara Olshansky ha elaborado una extensa lista de ciudadanos estadunidenses -monjas, periodistas, activistas políticos, etcétera- que aparentemente están en la lista secreta del gobierno con prohibición para "volar". La propia Olshansky ha tenido problemas en los aeropuertos y en varias ocasiones ha sido sujeta a revisiones en las terminales aéreas.

El Washington Post reportó esta semana que para enero de 2004 todas las aerolíneas tendrán que entregar a la autoridades federales listas de pasajeros antes de que inicie cada vuelo, y que se calcula que a 2 por ciento de los viajeros probablemente se les prohibirá abordar. Otro 8 por ciento será sujeto a interrogatorios adicionales antes de poder abordar, aunque el gobierno aún no ha dicho los criterios que empleará para seleccionar a estos individuos.

Pero la creciente alarma por las amenazas a las libertades y derechos civiles que representan estas medidas y acciones por un lado, y la falta de resultados y frustración por el otro, han generado una oposición cada vez más intensa tanto dentro como fuera del gobierno.

En julio, el Congreso, controlado por los republicanos, votó en favor de suspender el financiamiento de algunas de estas medidas que permiten cateos secretos, y los ultraconservadores, que ideológicamente se oponen a la invasión gubernamental de la privacidad, se han unido a liberales preocupados por las implicaciones de estas medidas sobre las libertades civiles, y han intensificado sus críticas a estas políticas.

A la vez, los gobiernos de tres estados, más 157 concejos municipales a lo largo del país, han promovido resoluciones de condena a estas medidas de la nueva ley, mientras varios departamentos de policía locales han ordenado a sus agentes no cooperar con investigaciones federales que podrían violar la Constitución.

Frente a esta nueva oposición, el procurador Ashcroft inició recientemente un gira por varias partes del país en un intento por justificar y defender las medidas de seguridad interna y promover la aplicación de varias más. Pero en casi todas las escalas de su gira se ha encontrado con protestas. La gira de Ashcroft no fue organizada para entablar un diálogo abierto con la población, sino que han sido foros con un público conformado por policías y fiscales federales (o sea, sus empleados).

El Departamento de Justicia también ha instalado un nuevo sitio de Internet (www.lifeandliberty.gov), en el cual intenta explicar las nuevas medidas y defender su utilidad en la lucha contra el "terrorismo". El gobierno dice haber destruido cuatro células terroristas en Estados Unidos y acusado a 255 individuos por violaciones criminales. Pero la dependencia reconoce que la mayoría de estos individuos fueron acusados de delitos como fraude con tarjeta de crédito y mentir al FBI más que por algo directamente relacionado con el "terrorismo".

Nada en el contenido de las presentaciones de Ashcroft o de su nuevo sitio de Internet disputa de forma directa las acusaciones de los opositores en el sentido de que la "guerra contra el terrorismo" no está logrando sus objetivos en casa.

De hecho, el gobierno de Bush recientemente debió reconocer una vez más que aún existe la probabilidad de que haya "células durmientes" de Al Qaeda en Estados Unidos y dos años después de los atentados del 11 de septiembre se mantiene un nivel "elevado" de peligro ante posibles atentados terroristas.

Phil Kent, un ex asesor del ultraconservador senador Strom Thurmond, comentó al New York Times que más bien hay un peligro de que este gobierno "esté convirtiendo en sospechosos a 280 millones de estadunidenses".

Pero tal vez el propósito es justo éste -mantener un estado de emergencia en Estados Unidos- y no necesariamente montar una defensa efectiva contra la amenaza de actos de terror. A fin de cuentas, con esto el gobierno de Bush ha logrado implementar parte central de su agenda radical en este país, algo que probablemente no podría haber logrado sin un 11 de septiembre.