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México D.F. Jueves 11 de septiembre de 2003

 
En defensa de políticas de salud públicas y laicas

Señora directora: En el estado de Guerrero, el arzobispo Felipe Aguirre Franco detuvo hace unas semanas la campaña pública para prevenir el VIH-sida en la entidad. Su argumento: la Iglesia católica no permitirá que la Secretaría de Salud "lleve a cabo una campaña donde se promocione el sexo entre hombres y mucho menos que usen condón". El jerarca afirmó que "está comprobado que el uso del preservativo y el sexo seguro que tanto promocionan han traído muchos males para la humanidad". Quizá con algún conocimiento de causa, pero sin respaldarse en ningún dato verídico, Aguirre Franco atajó: "el sexo con condón no es real, ni es seguro (...) el llamado sexo seguro es señal de decadencia y de libertinaje sexual".

El obispo sigue así la línea doctrinal tan reiterada por la jerarquía mexicana para frenar las campañas de uso del condón y de prevención. Esto no es nada nuevo. Lo realmente grave es que una autoridad eclesiástica sea capaz de vetar con sus prejuicios, sus mentiras y sus particulares creencias una campaña de salud pública y que las autoridades estatales simplemente se ciñan al dictamen de Aguirre Franco y suspendan las estrategias de prevención. Una vez más lo público se subordina al púlpito y se imponen criterios de enorme intolerancia. La epidemia del sida gana así terreno en la medida que la posición de la jerarquía católica contra el uso del condón se convierte en la justificación de una política genocida.

Frente a esta nueva demostración de intolerancia y de desafío, expresamos que:

1. De acuerdo con nuestra Constitución, México sigue siendo una república laica, que no debe subordinar las políticas públicas a creencias particulares ni mucho menos que éstas se conviertan en consigna obligatoria que compromete a las autoridades de salud, estatales y federales. En Guerrero es muy claro que se instala un nuevo laboratorio de la reacción para impedir una campaña eficaz de prevención que frene la epidemia.

2. Desentenderse de estos hechos es convertirse en cómplice de una política genocida. Por lo tanto, demandamos de las cámaras de Diputados y de Senadores, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Salud una defensa firme de los principios de la república laica frente a estas presiones que, por lo visto, han resultado más efectivas que la emergencia que plantea la expansión del VIH-sida ante la ausencia de políticas públicas de prevención en todos los estados.

3. No se puede ceder ante el prejuicio, porque eso significará que la única política de salud pública eficaz será la derrota anticipada ante la epidemia y el abandono del principio establecido en el artículo cuarto constitucional, que consagra el derecho a la salud y a una sexualidad plena, informada y sin discriminaciones.

Atentamente

Carlos Monsiváis, Jesús Ramírez Cuevas, Jenaro Villamil, Horacio Franco, Alfredo Limas, Alejandro Brito, Aarón Rangel


Argumenta detención el gobierno de Chiapas

Señora directora: En días recientes, en La Jornada se ha dado seguimiento a la detención de dos personas por el transporte de madera, entre los municipios de Amatenango del Valle y Comitán.

Al respecto, es necesario comentar que los operativos para detener a quienes transportan madera de manera ilegal se realizan en todo el estado. La alarmante situación que a la llegada del actual gobierno se encontró en materia de tráfico ilícito de madera, llevó a presentar una iniciativa de decreto ante el Congreso de Chiapas, en 2002, para dar una respuesta concertada con todos los niveles de gobierno. Así, se creó la Comisión de Inspección y Vigilancia Forestal, cuya efectividad se demostró al asegurar, en tan sólo tres meses, mil 442 metros cúbicos de madera, equivalente a 34 tráileres.

Los elementos de la policía y el agente del Ministerio Público forestal proceden al aseguramiento de cualquier cargamento en flagrancia. En los operativos no se identifica la filiación o militancia de quienes transportan la madera. Se integra la averiguación previa y se remite al juez penal correspondiente, por el delito de ecocidio. En esa consideración, es el Poder Judicial y no el Ejecutivo quien determina la situación jurídica de los detenidos, apegados al marco jurídico vigente.

Se estima que de 1995 a 2002, la circulación de madera ilegal alcanzó los 56 mil metros cúbicos, que ocuparían mil 220 tráileres; por eso la acción institucional es firme en la materia. El tema también ocupa a los propios zapatistas, como lo ha señalado el subcomandante Marcos: "Las autoridades autónomas de las comunidades indígenas han dictado una ley que prohíbe la roza, tumba y quema de monte alto (los compañeros usan la palabra monte alto para referirse a zonas boscosas, así las diferencian de milpas y terrenos sembrados, y de acahuales, terrenos con vegetación baja, invariablemente espinas, cardos, bejucos y otras plantas parásitas). Las comunidades no se han contentado con establecer y difundir esta ley, además se han encargado de vigilar su cumplimiento y sancionar su no observancia. Trabajo extra y multas son penas por este delito. Y, ojo, se cumple. Así han logrado no sólo detener la destrucción de las zonas boscosas, también han logrado modificar parte de los patrones de siembra de las comunidades..."

Desde cualquier perspectiva, el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales es un delito. Si alguien lo cometió, el juez determinará, con los elementos suficientes, lo conducente. Sin más, reciba un cordial saludo.

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado de Chiapas


Invitaciones

Mesa redonda para recordar el golpe en Chile

Hay golpes en la vida. Mesa redonda La política militar para América Latina. Ponentes: Oscar González, Pilar Calveiro. Moderador: Beatriz Torres. Gabino Palomares en concierto. Este 11 de septiembre a las 18 horas.

Auditorio de la Universidad de la Ciudad de México. San Lorenzo 290, colonia del Valle. Entrada libre.

Acto por la libertad de Lorenzo Llona

El Frente Zapatista de Liberación Nacional invita al concierto y entrega de firmas de la sociedad civil para pedir la libertad del ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde. El acto tendrá lugar hoy a las 14 horas frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Ricardo Flores Magón y Eje Central, cerca del Metro Tlatelolco.
 
 

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