Ampliarán electricistas denuncia de hechos ante la Auditoría Superior de la Federación

Ofrece el SME pruebas de ilegalidad en permisos que otorgó Fox a la IP

Definen plan de acción para contrarrestar eventuales acuerdos privatizadores; marcharán más de 50 mil

FABIOLA MARTINEZ

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ampliará la denuncia de hechos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la presunta ilegalidad de permisos concedidos por el gobierno foxista a la iniciativa privada, en el marco de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, emitida en 1992.

En asamblea general, los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) delinearon un nuevo plan de acción para contrarrestar, afirmaron los dirigentes del SME, los eventuales acuerdos políticos en el Congreso que pretenden modificar la Constitución para abrir aún más esta industria a particulares.

El gremio se prepara para dar "una nueva batalla a los proyectos privatizadores" del gobierno en turno. En febrero de 1999, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo presentó al Congreso su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, el SME encabezó una movilización social sin precedentes para impedir dicha enmienda. A partir de ahí integró un bloque de organizaciones políticas y sociales para crear el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica.

Ahora, en el inicio de una nueva etapa, aprobó la realización de un foro para el próximo sábado 27 de septiembre, día en que se cumplen 43 años de la nacionalización de la industria eléctrica. Están invitados al encuentro -a realizarse en el auditorio del SME- los coordinadores de todas las fracciones partidistas representadas en la Cámara de Diputados, para que "fijen ante los electricistas su postura definitiva sobre este tema".

Cuatro días después, el miércoles 1Ɔ de octubre, el comité central del SME, que encabeza Rosendo Flores Flores, realizará una "marcha mutitudinaria" para protestar contra la pretendida reforma energética del presidente Vicente Fox. Se espera la participación de más de 50 mil afiliados al gremio, incluidos 15 mil jubilados, así como contingentes del Frente Sindical Mexicano y la Unión Nacional de Trabajadores, quienes partirán de cuatro diferentes puntos de la ciudad de México hacia el Zócalo.

Al término de la reunión, Martín Esparza, secretario del exterior del SME, dijo que el gremio ha logrado hasta el momento "frenar" la apertura al capital privado.

Sin embargo, reconoció que el gobierno foxista continúa apoyándose en los artículos 36 y 37 de la ley de 1992, y por conducto de la Comisión Reguladora de Energía otorga permisos a particulares para la generación de electricidad, quienes no sólo participan en esquemas de este tipo, sino que utilizan la red de transmisión y distribución de la CFE y LFC, lo cual les permite incluso vender energía a los grandes consumidores a un precio menor al que ofertan las empresas paraestatales.

Por esta razón, explicó, afianzaremos el camino que inició el senador priísta Manuel Bartlett para ampliar una denuncia de hechos ante la ASF y fijar en los tribunales la posición del SME, en afán de "restituir el orden constitucional", es decir, "nos queda claro que a partir de argucias en el uso de la ley de 1992 se violentan los artículos 27 y 28 constitucionales", que reservan al Estado la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica.

En el área de influencia de LFC (Distrito Federal y municipios de Puebla, Hidalgo, Morelos y estado de México) están aprobados 19 permisos para el sector privado, aunque éstos aún no han sido operados por presunta carencia de viabilidad técnica y financiera en la región.

Por lo pronto, el SME está a la expectativa del dictamen de la ASF, tras la demanda presentada por el senador Bartlett y otros legisladores, y se espera que en octubre amplíe la denuncia de hechos con base en pruebas documentales.

El plan de acción de los electricistas incluye visitas a todos los centros de trabajo de LFC para informar a los trabajadores de los "evidentes riesgos" de la iniciativa foxista. Se trata, agregó Esparza, de reforzar "la conciencia de clase para movilizar a los trabajadores y ciudadanos contra este proyecto privatizador (...) Es necesario demostrar que podemos desmentir todos los argumentos esgrimidos por el presidente Fox y su equipo, cuya intención no corresponde a una genuina intención de apalancar el desarrollo del país, sino cumplir cabalmente las reformas dictadas desde el Fondo Monetario Internacional".