México D.F. Sábado 20 de septiembre de 2003
Convalida coalición PRI-PVEM para comicios en Edomex
Ratifica el TEPJF suspensión de derechos para dos grupos políticos
JOSE GALAN
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió ayer hacer válidas las sanciones impuestas por la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) a dos agrupaciones políticas nacionales (APN) que incurrieron en graves irregularidades financieras y contables en el ejercicio 2002, por la utilización de fondos públicos.
Además, confirmó la legalidad del convenio de coalición entre el PRI y el Partido Verde para postular planillas de candidatos a los ayuntamientos de Atenco, Chalco y Tepoztlán, estado de México, durante las elecciones extraordinarias que se realizarán el próximo 12 de octubre.
Las APN penalizadas son la Comisión de Organización de Transporte y Agrupaciones Ciudadanas, y Familia en Movimiento, que fueron sancionadas por el IFE con la suspensión total de la entrega de recursos financieros por un periodo de dos años debido a irregularidades que podrían incluir falsificación de documentos como facturas; utilización de recursos para actividades no contempladas dentro de las leyes, y gastos sin comprobar.
Ambas agrupaciones decidieron apelar ante el TEPJF en demanda de revisión y anulación de las sanciones, emitidas por la Comisión de Fiscalización y ratificadas por el Consejo General del IFE. Pero en la sesión de ayer, el tribunal decidió que los recursos interpuestos no proceden, por lo que deberán acatar los términos del castigo impuesto por el IFE.
Ambos casos fueron analizados por el magistrado José Luis de la Peza, quien presentó un dictamen favorable al IFE, que fue respaldado por la sala superior del tribunal en el pleno, con base en los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2002, de acuerdo con la resolución del IFE del 9 de julio de este año, y que consiste en "la supresión total de la entrega de las ministraciones del financiamiento público que les corresponden por un periodo de dos años, debido a irregularidades detectadas en la revisión de sus informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2002".
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