Miguel Concha

El embrujo autoritario

La persecución contra las organizaciones sociales y los defensores de derechos humanos llegó a su máximo en Colombia cuando, en el colmo del cinismo, el presidente Alvaro Uribe los descalificó de manera anónima el pasado 8 de septiembre como testaferros de la guerrilla -el mismo día en que en el país conosureño se celebra la jornada nacional por los derechos humanos-, y en la lógica imperialista de Washington las incluyó como objetivo de su lucha antiterrorista. La propia ministra de la Defensa terminó de delinear la estrategia, cuando el jueves siguiente expresó en la capital estadunidense que el gobierno comenzaría a mirar quiénes son, pues a su juicio "hay algunas que atacan al Estado".

Los hechos se produjeron como respuesta a la publicación de un informe titulado Embrujo autoritario, suscrito por más de 80 organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia -que en estos días se vende allá como pan caliente-, en el que con pelos y señales se da cuenta del agravamiento de las violaciones a las garantías humanas, y en forma analítica se documenta cómo, más allá de la retórica, se ha pasado en Colombia del "estado de seguridad democrática" prometido por Uribe al comienzo de su mandato, a una verdadera "democracia autoritaria", si es que así todavía se le puede llamar. Basta decir que durante 2002, 17 defensores de derechos humanos fueron víctimas de homicidio y/o desaparición forzada, y que desde el inicio del gobierno de Uribe hasta junio de 2003 cinco defensores de derechos humanos en promedio han sido objeto de ataques y amenazas.

Durante el mismo periodo, 92 sindicalistas han sido ejecutados de manera extrajudicial, 17 fueron desaparecidos forzadamente, 31 han sido detenidos de manera arbitraria, cuatro fueron víctimas de atentados y 87 han recibido amenazas. Además, durante el primer año del actual gobierno, 50 líderes indígenas fueron asesinados y se documentó el asesinato de 8 periodistas, la amenaza a 25 y el atentado a sedes de tres medios de comunicación.

Entre las modalidades de la represión se destacan campañas de difamación y estigmatización, así como de persecución judicial sobre la base de acusaciones infundadas, irregulares, inducidas, prefabricadas o impuestas, con el propósito de criminalizar sus actividades. La estrategia ha estado orientada a deslegitimar su labor, señalándolas como "auxiliadoras de la guerrilla", y ahora por el presidente Uribe como "politiqueros al servicio de terrorismo" y como "traficantes de los derechos humanos".

Más de 100 activistas de derechos humanos viven bajo constante amenaza e intimidación, y por lo menos 40 han debido salir del país en los pasados tres años. No contentos con esto, el viernes anterior el ministro del interior se lanzó expresamente contra un informe del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del colectivo temporalmente mancomunado entre el Centro de Investigaciones y Educación Popular de los Jesuitas colombianos y la Comisión Justicia y Paz, a propósito de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en la Comuna 13, de Medellín, del que resultan presuntamente responsables miembros del ejército y de la policía; y otro informe del 12 de septiembre del mismo colectivo, en el que se muestra la inconsistencia de las cifras oficiales sobre guerrilleros separados de combate, y se plantea la hipótesis de que inclusive personas de la población civil han sido presuntamente detenidas y desaparecidas, entrecruzando esos datos con las estadísticas de arrestados y sentenciados de la Defensoría del Pueblo, y del propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.

Para colmo, el pasado 21 de agosto el gobierno del presidente Uribe envió al Senado un "proyecto de ley estatutaria por el cual se dictan disposiciones en procura (sic) de la reincorporación de miembros de grupos armados que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional", en el que sobre la base del peregrino principio de que hay que "acoger fórmulas que permitan superar un concepto estrecho de justicia que se centra en el castigo al culpable", se amnistía a grupos paramilitares que únicamente de enero a junio de este año han sido presuntamente responsables de más de mil 153 violaciones graves a los derechos humanos (ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y desplazamiento), y se legaliza la impunidad inclusive en los casos claros de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Además, y como parte de su política de "seguridad democrática", y dentro de su "estrategia antiterrorista", ya antes había enviado al Congreso un proyecto de reforma constitucional, que contra todos los instrumentos de protección a los derechos humanos aprobados por Colombia, limita y restringe las garantías individuales.