Daniel Rodríguez Velázquez

Sociedad y desastre: 18 años

1 El panorama general. Este 19 de septiembre se cumplieron varios aniversarios simultáneamente: 18 del desastre (que representa cerca de la mitad de las más de 27 mil muertes ocasionadas por varios desastres entre 1970 y 1999), 16 de la declaración del Día de la Unidad del Movimiento Urbano Popular y tres del decreto que crea el Día Nacional de la Protección civil.

La fecha tiene una fuerte carga simbólica, con significados diversos, que constituyen mitos fundadores, con valoraciones diferenciales en la ciudad de México y en el ámbito nacional. La protección civil (PC) ha sido insuficiente para la prevención de desastres. Desde 1986 se han configurado una ideología y una práctica institucional enfocadas al modelo de atención de emergencias basado en un enfoque tecnocrático y naturalista, omitiendo estrategias preventivas. A ello se suma el hecho de que, en el contexto de reformas institucionales y presupuestales aplicadas durante dos décadas, hay cierto vaciamiento institucional para enfrentar los desastres, por lo que se recurre al Ejército como principal respondiente.

El eje conceptual que ha marcado el pensamiento en protección civil en nuestro país está definido por el paradigma naturalista que se reitera una y otra vez en diversos documentos, leyes y programas, así como en el discurso gubernamental y mediático. Se cree que los fenómenos naturales, como sismos o huracanes, son en sí mismos desastres (el Fondo de Desastres Naturales así lo define). Lo anterior ha dado lugar a una visión fragmentada acerca del desastre como fenómeno desligado de los procesos más generales de la sociedad y como problema coyuntural, desvinculado de las secuelas de mayor alcance social, humano, territorial y temporal. De continuar esta orientación seguirá la omisión de los aspectos sociales, fundamentales en la explicación de los componentes de riesgo y vulnerabilidad. Seguiremos creyendo en las fuerzas de la naturaleza como causantes de desastres, evadiendo las responsabilidades institucionales y sociales inherentes a todo desastre y, consecuentemente, careciendo de capacidad para prevenir y prever. Lo anterior limita fuertemente la propuesta de los gobiernos federal y capitalino para pasar de la PC reactiva a la PC preventiva.

Debido al enfoque limitado al auxilio inmediato, la recuperación de mediano y largo plazos y la participación social son materias relegadas en las leyes general y estatales de protección civil. El enfoque tradicional de la protección civil institucionalizada tiene como origen una decisión política y una percepción parcial acerca de los desastres en México. Con la creación formal del Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), en 1986, se excluyó la participación social de organizaciones, sobre todo las agrupadas en la Coordinadora Unica de Damnificados (CUD), que habían propuesto, el 24 de octubre de 1985, la creación de un sistema nacional de prevención, considerando la participación comunitaria. Sin embargo tal participación fue acotada políticamente a los programas de reconstrucción habitacional, y en términos políticos y jurídicos fue limitada a la noción de grupos voluntarios (especializados en auxilio y rescate) o a la condición de damnificados. Por su parte, la CUD no volvió a insistir en la propuesta mencionada.

Desastre a mediados de la década perdida

El sismo de hace 18 años ocurre a medio camino de lo que la CEPAL denominó "década perdida", por las secuelas derivadas de la crisis económica y las políticas de ajuste instrumentadas para dar respuesta a ésta. Ahora, cuando transcurre la tercera década perdida consecutiva, existen severas limitaciones económicas, presupuestales e institucionales para articular la prevención de desastres en un proyecto nacional de desarrollo, hoy ausente. De este modo, la inevitabilidad no es únicamente resultado de una visión pasiva de los desastres, es sobre todo un producto del tipo de sociedad en que vivimos, altamente vulnerable no sólo por los fenómenos naturales "extremos" como causantes de desastre, sino sobre todo por los procesos acumulativos de deterioro y devastación (social, ambiental, económico, político, etcétera), lo cual se constata una y otra vez con preocupante frecuencia en todo el país.

2. Políticas y proyectos en la ciudad de México. La renovación urbana fachadista, limitada a la zona de mayor visibilidad turística y comercial, fue promovida durante la gestión del regente Hank González (1976-1982) a partir del decreto que institucionaliza el Centro Histórico, sin atender las condiciones de ostensible deterioro de la mayor parte de las vecindades; este funcionario fue entusiasta facilitador de grandes obras viales, ahora retomadas en otras zonas de la ciudad.

Con el regente Aguirre Velázquez (1982-1988), se tenía proyectado el corredor turístico-financiero Reforma-Centro Histórico, que por las circunstancias sociopolíticas del desastre fue aplazado, siendo retomado 15 años después. Actualmente se promueven algunas obras de reconstrucción habitacional, sin una estrategia como la definida en el Convenio de Concertación Democrática de 1986. A 18 años del desastre se cuenta con una idea más restringida, matizada por la apuesta de recurrir a la fuerza pública para desalojar predios en alto riesgo, siendo que en 2001 el jefe de Gobierno se oponía expresamente a ello. La vulnerabilidad sigue siendo un asunto poco comprendido en la agenda pública; a las inundaciones se les denomina encharcamientos y las familias víctimas de los defraudadores y especuladores son vistas como las causantes de desastres.

Hay un reciclaje de propuestas urbanas y acciones inmediatas e inversiones en función de los intereses minoritarios, que adquieren oficialmente sentido mayoritario cuando son definidos como expresión de los intereses de la ciudad. Lo anterior se afianza por el rechazo del poder a otros proyectos alternativos de ciudad, o por la fragmentación de tales proyectos. Por ejemplo, las organizaciones sociales existentes carecen de propuestas que trasciendan los esquemas de gestoría inmediatista. Las organizaciones no gubernamentales se han desdibujado en el sistema político y social de la ciudad, en tanto que intermediarios de la cooperación internacional se han visto en la necesidad de diversificar sus campos de acción, sin que ello implicara dar paso a proyectos de impacto social como los generados entre 1985 y 1987, cuando canalizaron recursos para proyectos diversos. No sólo de vivienda, también de desarrollo comunitario, salud, alimentación y educación popular.

3. El conocimiento sobre vulnerabilidad y desastre. A lo largo de 18 años, en el ámbito de las ciencias sociales no se han superado la fragmentación y el individualismo, entre otros motivos por la falta de tradición en la conformación de equipos, escasez de recursos y asuntos de personalidad. De este modo tenemos que falta un proyecto académico unificado, que incorpore el debate entre escuelas o corrientes. Por ahora no se ha construido una tradición similar a la existente en ciencias naturales, por lo que tampoco se ha avanzado en consolidar equipos y proyectos interdisciplinarios.

Así, el gobierno federal crea un fondo de "desastres naturales", aunque desde las ciencias sociales se insista en que no son naturales los desastres, pero por la dispersión existente no se consolidan comités asesores o grupos de trabajo. Ha pesado más la dinámica interna de personalismos y tautologías que la notoria falta de interés gubernamental. La prevención tiene que ver con la gestión integral de las condiciones de vida y trabajo y del territorio donde se condensan las interrelaciones entre sociedad y naturaleza, y no solamente con el riesgo, como plantean algunos grupos de consultoría.

Un problema central en el campo científico es la aplicabilidad del conocimiento producido en diversas disciplinas sociales y humanísticas, condicionado a decisiones políticas de las autoridades, que siguen viendo a las ciencias naturales como las verdaderas ciencias, a partir de tótem tecnológicos, la formalización de modelos de simulación, la supuesta exactitud de sus diagnósticos y propuestas, olvidando que no existen procesos naturales lineales. La observación de regularidades y su definición conceptual se basa en principios metodológicos diferentes a los de las ciencias sociales, de tal manera que la aplicación del conocimiento aportado por estas últimas tiene que ver con las prioridades y posibilidades económicas y políticas, condicionadas por los procesos de acumulación y de dominación; más que limitaciones puramente técnicas, se trata de un problema de correlación de fuerzas y de disputa entre proyectos de sociedad y de ciudad.