Lamentan que Hacienda haya anunciado que habrá menos presupuesto el próximo año

Señalan organizaciones campesinas poco avance en acciones para impulsar el sector

ALONSO URRUTIA Y MATILDE PEREZ U.

Al continuar las reuniones de evaluación y seguimiento del Acuerdo Nacional para el Campo, las organizaciones campesinas reclamaron los escasos avances en las acciones estructurales dirigidas al sector. Asimismo reprocharon que en el anteproyecto de presupuesto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) haya anunciado que el agro resentirá una reducción de recursos del orden de 5 por ciento, lo cual es un contrasentido respecto al pacto establecido.

El dirigente de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseveró que por medio de la subsecretaría de Egresos se ha notificado a las organizaciones campesinas que la austeridad presupuestal para el próximo año se resentirá en menores recursos para el agro. "Para nosotros esta información es simple y sencillamente un chantaje, una presión para acorralar al Congreso y obligarlo a aprobar reformas que permitan vender lo poco que le queda al país".

De igual forma, durante el encuentro en Bucareli, los cuestionamientos de las organizaciones campesinas sobre las acciones realizadas para impulsar la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en lo concerniente al maíz y el frijol, simplemente no obtuvieron respuesta. "Nos dijeron que han contratado a El Colegio de México, la Universidad Autónoma de Chapingo y la Universidad Nacional Autónoma de México para que en el plazo definido por el acuerdo, el 31 de diciembre, pudieran estar concluidos los trabajos".

Con la participación de los secretarios de Gobernación, Santiago Creel; de Agricultura, Javier Usabiaga; de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, y de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, así como funcionarios de Hacienda, se realizó la última reunión de la comisión de seguimiento, según dio a conocer el jefe de la Unidad de Gobierno de Gobernación, Gonzalo Altamirano Dimas.

Explicó que la conclusión de estas reuniones obedece a que así quedó establecido en los acuerdos pactados previamente; sin embargo, convinieron en que "para realizar un balance conjunto de las tareas realizadas hasta la fecha y atender temas torales, este grupo se reunirá de manera extraordinaria al menos en dos ocasiones en lo que resta del año".

Las organizaciones campesinas presentes -El campo no aguanta más, El Barzón, la Confederación Nacional Campesina, la Central Campesina Cardenista y la Unión Campesina Democrática- externaron su inconformidad por los escasos avances en las medidas de corto y mediano plazo, según informó Ramírez Cuéllar.

Explicó que no ha habido modificaciones en los planteamientos sobre una ley de planeación y soberanía alimentaria, que implica presupuestos multianuales, el establecimiento de metas productivas, de precios base para los productos y medidas de protección al comercio internacional.

Aunado a ello se recibió la noticia de la reducción presupuestal para el campo, esto es que el sector "permanecerá estancado", pero estos aspectos habremos de retomarlos en discusiones posteriores.

El coordinador en turno del Congreso Agrario Permanente (CAP), José Durán Vera, poco antes de entregar en la Secretaría de Gobernación el balance del CAP sobre el Acuerdo Nacional para el Campo, comentó que son mínimos los avances de los 282 compromisos signados, y que entre los estancamientos están el de atención a adultos mayores, la entrega del estudio de los efectos del TLCAN en el sector agropecuario y los conflictos agrarios.

Para adultos mayores se fijó un apoyo de 700 pesos a cada uno, pero el programa establece que será sólo por tres meses y se entregará únicamente a 170 mil de ellos, cuando el universo es de medio millón, y el gobierno federal ya avisó que no ampliará los beneficios.

Además, del presupuesto de 67 mil 528 millones de pesos destinado para 44 programas en un plazo de 30 días, han pasado los meses y no se ha entregado nada. "La situación es crítica y eso no se resolverá en la Comisión Nacional para el Desarrollo Rural, por eso pedimos la intervención de la Secretaría de Gobernación", abundó.

Durán Vera aclaró que no hay desconfianza hacia la Comisión Nacional de Desarrollo Rural, pero en su seno no se pueden tomar decisiones en torno a temas legislativos, procesos judiciales en contra de líderes agrarios, presupuesto y hasta la exigencia de revisar el apartado agropecuario del TLCAN.

Respecto a los conflictos agrarios expuso que hay 270 expedientes para los cuales se estimó destinar 500 millones de pesos, pero hay 300 casos más que deben ser evaluados y establecer el monto correspondiente para su solución definitiva. De éstos faltan los levantamientos topográficos, avalúos y las negociaciones con los propietarios.

En entrevista posterior, Altamirano Dimas se refirió a las críticas de las organizaciones por los escasos avances en las medidas de corto y mediano plazo: "eso lo dijeron en materia de iniciativas, pero creo que se le ha dado prioridad a la parte operativa. Hay algunos asuntos que tienen que replantearse y que tienen que llevarse al Congreso, como son las reformas legislativas".

Este viernes continuarán los contactos entre las organizaciones campesinas y la representación gubernamental para fijar fechas para las reuniones extraordinarias pactadas.