Sobrevivientes de un tráiler abandonado en Texas

EU autoriza permanecer un año a 40 indocumentados

Legisladores pedirán hoy a George W. Bush restaurar medida que facilita la reunificación familiar de migrantes

Houston, 7 de octubre. El gobierno estadunidense informó haber autorizado permanecer y trabajar legalmente a 40 indocumentados, sobrevivientes de un inhumano traslado para ingresar en forma ilegal al país y que causó la muerte de 19 personas.

La vocera de la Oficina de Inmigración y Resguardo Aduanal en Houston, Luisa Aquino, explicó que los permisos fueron emitidos el pasado sábado, y vencen el 3 de octubre de 2004, pero no garantiza que después de esa fecha puedan continuar en el país.

El 13 de mayo pasado la policía de Texas localizó, en el condado de Victoria, un tráiler abandonado en cuyo interior estaban los cuerpos de 17 indocumentados, víctimas de asfixia y calor, debido al hacinamiento en que se encontraban.

La autorización permitirá a los inmigrantes subsistir por medios propios, mientras el gobierno se prepara para juzgar a los acusados de causar las muertes. Todos los sobrevivientes son considerados testigos potenciales y podrían ser llamados a testificar en el juicio, programado para junio próximo.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas, entre las que se encontraba un niño de cinco años, murieron de asfixia y calor, luego de que en la caja del tráiler fueron hacinados casi 100 inmigrantes, sin ventilación.

De alrededor de 80 sobrevivientes, 56 fueron detenidos como testigos materiales del crimen. La mayoría fue liberada dos semanas después del incidente, luego de que el consulado de México en Houston depositó una fianza de 42 mil dólares ante una corte de inmigración.

Tres de los sobrevivientes siguen detenidos por tener antecedentes delictivos en Estados Unidos o haber reingresado al país en forma ilegal.

Otros siete sobrevivientes son menores de edad y fueron remitidos con familiares suyos en Estados Unidos en tanto se decide su situación legal.

Las autoridades mexicanas y estadunidenses han detenido a una veintena de presuntos traficantes acusados de estar relacionados o participar con los contrabandistas de personas que causaron la tragedia.

Entre los detenidos en Estados Unidos está la presunta lideresa de la organización, la hondureña Karla Patricia Chávez Joya. Contra ella y 13 cómplices se han presentado 58 cargos, indicaron las autoridades.

Doce de los 14 acusados en ese país, incluida Chávez, podrían enfrentar la pena de muerte por transportar inmigrantes de manera peligrosa en extremo.

Según las autoridades, Chávez, residente legal en Estados Unidos, coordinaba el negocio, que le dejó su esposo, desde su casa en Harlingen, donde supervisaba cinco células delictivas, cada una encargada de un aspecto en la cadena de tráfico de inmigrantes. Organizaba el tráfico de trabajadores indocumentados desde México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y República Dominicana; fijaba el precio para su traslado a Estados Unidos, y coordinaba las casas de seguridad para albergue, alimentación y transportación.

Demanda legislativa

En Washington, legisladores latinos pedirán este miércoles al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el restablecimiento de una medida que permite la reunificación familiar de inmigrantes que tramitan su residencia permanente en el país.

Encabezan la petición los demócratas Luis Gutiérrez y Robert Menéndez, este último presidente del bloque demócrata en la Cámara de Representantes.

En una manifestación frente al Capitolio este miércoles, los legisladores se unirán a familiares de inmigrantes para pedir a Bush la restauración "inmediata y permanente" de la sección 245 (I) de la Ley de Inmigración. Esta medida "representaría un paso significativo hacia políticas de inmigración amplias y orientadas a la familia", según un comunicado de los legisladores.

La sección 245 (I) permite a los inmigrantes elegibles para visas, con base en relaciones familiares o capacidadad laboral, tramitar su situación legal sin salir del país, siempre y cuando hagan un pago adicional.

La tarifa tiene el potencial de agregar millones de dólares al Departamento de Seguridad Interna, según el comunicado.

La ausencia de la Sección 245 (I) obliga a los indocumentados a abandonar a sus familias y regresar a su país de origen para tramitar su situación legal.

A los inmigrantes indocumentados se les puede prohibir el regreso a Estados Unidos por un plazo de hasta 10 años.

Los legisladores señalaron que "además de dividir a las familias y seres queridos, los empleadores también reportan la pérdida de trabajadores capacitados como un problema principal originado por la cancelación de la sección 245 (I)".

Con miras a las elecciones presidenciales de 2004, tanto republicanos como demócratas intentan responder de alguna manera con iniciativas de ley en favor de cientos de inmigrantes indocumentados.

La semana pasada, migrantes, activistas sindicales y religiosos de la Caravana de la Libertad, proveniente de varios puntos del país, se reunieron con legisladores para pedirles apoyo o una aministía para los indocumentados en Estados Unidos.