El IPAB podrá auditar

Sobreseído, juicio que ampararía a 4 bancos en el país

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

Un juez federal dejó sin efecto un juicio de amparo solicitado por los representantes legales de Bancomer, Banco Internacional, Banamex y Banorte contra cualquier nueva auditoría que pretenda realizar el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB) a los pagarés que esas instituciones poseen del Fobaproa, los cuales tienen un valor actualizado de más 52 mil millones de pesos.

El juez noveno de distrito en materia administrativa, Alvaro Tovilla León, determinó sobreseer el juicio de amparo 1047/2003, bajo el argumento de que la demanda de los quejosos carecía de materia jurídica para su análisis.

Según consta en el acta de sentencia dictada ayer por el juzgador, los bancos buscaban la protección de la justicia federal con el fin de evitar "órdenes y recomendaciones" de la Auditoría Superior de la Federación y del IPAB -emitidas durante la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública de la Federación, correspondiente al año 2001- relativas a la disminución de pagarés suscritos por los cuatro bancos y el extinto Fobaproa.

Sin embargo, el juzgador precisó en su fallo que el recurso no procedió, debido a que "de conformidad con el artículo 73 de la ley de amparo, las recomendaciones reclamadas (por los quejosos) no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de garantías, pues únicamente vinculan a las autoridades a las que se dirigen, y no tienen el carácter de una orden, por lo que no son de cumplimiento obligatorio".

Posibilidad de impugnar

De esta forma, el impartidor de justicia concluyó el citado juicio de amparo -aunque todavía los quejosos podrían impugnar la sentencia ante un tribunal colegiado-, por considerar que no había razón para otorgar la protección de la justicia federal a los reclamantes, simplemente porque no existe la posibilidad legal de que el IPAB obligue a los banqueros a someterse a nuevas auditorías.

No obstante, los cuatro bancos tienen actualmente una suspensión definitiva -producto de otro amparo que les otorgó el juez antes citado en 2002- que los protege contra una orden del IPAB que busque auditar la cartera del Fobaproa que poseen los bancos.

Como se recordará, en mayo de 2002 el IPAB informó a los cuatro bancos, participantes en el programa de capitalización y compra de cartera vencida, que estaba dispuesto a realizar el intercambio de pagarés del Fobaproa por bonos del IPAB a condición de que se efectuaran las revisiones.

En julio de ese año los bancos se ampararon ante el juez noveno de distrito, quien les otorgó la suspensión provisional, y en noviembre de 2002 la definitiva, contra dos de las tres revisiones: las de gestión y existencia.

Cabe mencionar que lo anterior es independiente de las dos controversias constitucionales que interpuso en su momento el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a las nuevas auditorías que ordenó realizar la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de Banamex.