Los mexicanos nos hemos convertido, a los ojos del gobierno de Washington y de las autoridades nacionales, en sospechosos de terrorismo. Tal es la conclusión de las denigrantes e ilegales prácticas de control e intimidación que agentes estadunidenses han impuesto en el aeropuerto de la ciudad de México a todo aquel connacional que osa viajar al vecino país del norte. Por añadidura, la PGR acaba de reconocer -en voz del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos- que realiza investigaciones en torno a la sospecha de que se esté preparando un atentado terrorista en alguna terminal aérea del país, hecho que denota que el gobierno de México se ha uncido ya a la política de seguridad de la administración de George W. Bush.

A la fecha, las autoridades federales han reiterado que la "colaboración" de agentes estadunidenses en la terminal aérea capitalina tiene como objetivo evitar que presuntos terroristas aborden vuelos con destino al vecino país. Sin embargo, las declaraciones de Santiago Vasconcelos van más allá: podrían ser parte de una estrategia de legitimación de la actividad de policías estadunidenses en suelo nacional, con el dudoso argumento de que en México estarían operando terroristas. Además, serían muestra de que el gobierno federal se ha contagiado del frenesí de Washington y, presa del miedo, la confusión o la simple claudicación ante el extranjero, ha comenzado a considerar a sus ciudadanos, sin distinción, como criminales en potencia. La desmesura entre el señalamiento del subprocurador de que no existen evidencias de que se preparen actos terroristas desde México y la hostil intervención de agentes estadunidenses contra los viajeros mexicanos es prueba de lo anterior.

Mucho se dijo que bajo ninguna circunstancia policías extranjeros abordarían las aeronaves de bandera mexicana como medida preventiva contra atentados, pero, en cambio, sí se consintió la actividad ilegal, prepotente y humillante -no en un avión, sino en territorio nacional- de agentes estadunidenses en la terminal aérea capitalina. ¿A qué se debe tal incongruencia, tal contradicción? ¿Por qué las autoridades no impiden los agravios a que son sujetos los viajeros mexicanos? ¿Por qué tanta complacencia ante la violación de la ley y de la dignidad del país? Como señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal circunstancia podría ser constitutiva de delito, del que serían responsables los funcionarios que han autorizado y tolerado tales prácticas.

En el eje de estos hechos se encuentra, finalmente, un dato que nadie ha sido capaz de demostrar, ni siquiera de delinear con claridad: la eventual presencia en México de terroristas decididos a atentar contra intereses estadunidenses o, incluso, nacionales. Si tal posibilidad fuese cierta, o al menos resultase probable a la luz de datos objetivos e investigaciones rigurosas, el reforzamiento de las medidas de seguridad en aeropuertos y otros sitios sería procedente, ciertamente, bajo el exclusivo control de las autoridades mexicanas, con estricto respeto a la ley y a las garantías individuales y sin más participación extranjera que la resultante de los acuerdos de colaboración firmados entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, la realidad refuta tal suposición: la vigilancia en el aeropuerto capitalino está concentrada en los viajeros mexicanos que utilizan las aerolíneas del país, pues los ciudadanos y las compañías estadunidenses no están sujetos a controles tan amplios, como si los supuestos terroristas fuesen sólo mexicanos o no pudiesen abordar aeronaves de bandera extranjera. Las medidas de seguridad realizadas por agentes de Washington en el aeropuerto no parecen orientadas a detectar terroristas, sino a criminalizar a los mexicanos, a someter a México a la política de seguridad del imperio del norte y a sumir a la población en la humillación y el temor. Tal es el verdadero atentado que ha tenido lugar en México -país históricamente comprometido con la paz-, perpetrado a la par por las autoridades mexicanas y por el intervencionismo estadunidense.

¿Es que el gobierno federal es incapaz de gestionar la seguridad en sus aeropuertos? ¿Tal es su grado de desconfianza hacia sus instancias policiales y hacia la sociedad? Si el gobierno de México no comparte estas afirmaciones, ¿por qué renunció a sus facultades y rindió la soberanía nacional? ¿Por qué no informa con claridad, rigor y profesionalismo lo que realmente acontece en materia de seguridad? La vaguedad y las contradicciones de las autoridades en un asunto tan relevante resultan exasperantes y ofensivas para la nación. Adicionalmente, resulta sorprendente que el Senado de la República -entidad facultada para aprobar y vigilar las relaciones exteriores de México- no haya emitido una declaración institucional sobre estos graves acontecimientos, máxime cuando esa cámara está conformada de manera plural y no se encuentra necesariamente en sintonía con el gobierno panista de Fox.

Como sea, es de exigir el inmediato fin de la actividad de agentes extranjeros en las terminales aéreas del país y la restitución del control de éstas a las instancias mexicanas competentes. Nadie en su juicio y con apego a la legalidad se opone al necesario combate contra el terrorismo, pero, de igual manera, nada justifica la actual crisis de la soberanía y de la normatividad del país. La idea de que cualquier medida resulta justificada para evitar una eventual pérdida de vidas resulta sesgada, pues la vigencia de la ley y de las garantías individuales, y el respeto a la soberanía y a la dignidad de los pueblos han sido siempre las vías adecuadas para preservar la paz, la libertad y la integridad de las naciones y sus habitantes.