México D.F. Miércoles 4 de febrero de 2004
Demandan cinco ONG que se consulte a todos los actores involucrados
Cesar operativos contra grupos asentados en Montes Azules, exigen a estado y Federación
ELIO HENRIQUEZ CORRESPONSAL
San Cristobal de las Casas, Chis., 3 de febrero. Cinco organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron a los gobiernos federal y estatal que "cesen los operativos aislados" en Montes Azules, "hasta que todos los actores involucrados sean consultados a cabalidad en este proceso".
Las ONG afirmaron que el Plan Integral de Reordenamiento de la Selva Lacandona "condiciona, entrampa y amarra a sus pueblos y comunidades a la dependencia en el mercado de los servicios ambientales; al pago por bosques, por agua, por sumideros de carbono y al ecoturismo científico, es decir, a la biotecnología".
En conferencia de prensa, representantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas y Tradicionales de Chiapas y de Maderas del Pueblo, destacaron que Montes Azules "es una reserva federal, es decir, de los mexicanos, y, por tanto, somos los mexicanos los que debemos decidir" sobre su futuro.
En un documento de tres páginas, las ONG exigen que concluyan "los ataques publicitarios contra activistas de los derechos humanos", así como en perjuicio de periodistas locales y nacionales, que "en su labor profesional han demostrado una posición crítica ante las acciones gubernamentales y un firme compromiso con la causa de los derechos humanos".
Las ONG se solidarizaron con el enviado de La Jornada, Hermann Bellinghausen, "quien recientemente ha sido denostado públicamente" por las autoridades del estado "por publicar información verdadera pero adversa al gobierno de Chiapas".
Manifestaron que con el reciente desalojo de los pobladores de Nuevo San Rafael, comunidad ubicada en Montes Azules, las autoridades federales y estatales "muestran su insensibilidad política, en la medida en que no entienden que estos indígenas fueron desplazados del municipio Sabanilla por la violencia política y paramilitar del grupo Paz y Justicia", lo que los obligó a buscar tierras en la reserva de la biosfera.
Consideraron "desproporcionada la acción coordinada" de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de las secretarías de Marina y de la Reforma Agraria, y del gobierno de Chiapas, lo mismo que de Bienes Comunales de la Lacandona, para aprehender a Josué Gimes Cruz el 19 de enero anterior, acusado de negarse a salir de Nuevo San Rafael.
Aseguraron que en Chiapas se han reactivado operaciones los grupos paramilitares, y sostuvieron que "existe un reordenamiento y cambios de tropas militares en los Altos, en lo que se percibe como una nueva ofensiva contra las comunidades en resistencia y contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo".
Los cinco organismos convocaron a los dirigentes de las agrupaciones indígenas y campesinas que participan en el apartado agrario del Plan Integral de Reordenamiento de la Selva Lacandona a discutir la situación actual "abierta y fraternalmente". Asimismo, los invitaron a "situar a los habitantes de la selva en el lugar que les corresponde: el de la toma de decisiones y en el lugar histórico que los deja decidir sobre su propio desarrollo, reiterando que quien manda, manda obedeciendo y no de otra forma, con su memoria, con su trabajo, con sus formas de organización".
De acuerdo con las ONG, con la reciente firma del convenio entre la Unión Europea (UE) -que otorgará 15 millones de euros para diversos proyectos en Montes Azules- y el gobierno de Chiapas, "el círculo de intereses internacionales sobre la Megacuenca del Usumacinta se cierra, y reparte sin aparentes resquemores" la zona entre la UE y Estados Unidos.
"El silencio de los operadores de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos sobre el convenio de la UE y el gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, revela no más el enojo que la preocupación que ese nuevo actor significará a los intereses estratégicos estadunidenses en la zona."
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