Exige a los presidentes Fox y Bush parar las "excesivas" comisiones de empresas

Censura la Iglesia católica usura en cobros por envío de remesas

Es hora de que México y EU armonicen sus políticas migratorias: obispo de Nuevo Laredo

JOSE ANTONIO ROMAN

Ante las "excesivas" comisiones de las compañías intermediarias por el envío de dinero de un país a otro, las conferencias episcopales de México y Estados Unidos solicitaron a los presidentes de ambas naciones, Vicente Fox y George W. Bush, respectivamente, tomar el problema con seriedad y regular las actividades y cobros de esas empresas.

Los obispos señalan que los dos países están viviendo una integración económica, social y cultural sin precedente, por lo que es urgente que ambos gobiernos reconozcan esa realidad implementando reformas en los sistemas migratorios.

Pero mientras eso llega, señalan, es necesario avanzar en caminos menos complicados que generen un beneficio inmediato, como la reducción de los cobros por el envío de remesas, expresó Ricardo Watty Urquidi, obispo de Nuevo Laredo y vocal de la Comisión de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.

De acuerdo con datos de la Iglesia católica, tomados de fuentes oficiales de ambas naciones, México es el líder de los países en desarrollo en captación de remesas. Los inmigrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos envían porcentajes importantes de sus salarios a sus familias en México. Mandan más de 12 mil millones de dólares anuales, recursos que representan una de las fuentes más importantes de divisas en México.

Según algunos cálculos conservadores, el mercado de transferencias de recursos de Estados Unidos a México vale cerca de mil 500 millones de dólares, por lo que compañías de todo tipo ofrecen servicios de "dinero en minutos" en prácticamente cualquier ciudad en la que existe una comunidad mexicana importante, entre ellas Nueva York, Los Angeles, Houston y Chicago.

Sin embargo, critican severamente que las empresas que prestan ese servicio "cobran precios muy elevados", que en algunos casos rebasan 20 por ciento del envío. Para reducirlos, los obispos proponen la firma de acuerdos con esas empresas para que reduzcan los porcentajes e incluso parte de sus utilidades se destine a apoyar proyectos de desarrollo en México, como la construcción de carreteras, clínicas y obras alcantarillado.

El obispo Watty recordó que este llamado de las conferencias a los presidentes no es el primero, pues el año pasado, en una carta pastoral en la que abordan con profundidad el tema migratorio, se les hizo una petición similar. En ese texto la jerarquía católica señala que la creación de empleos en México ayudaría a reducir la pobreza y a disminuir las razones de tantos mexicanos para buscar trabajo en Estados Unidos.

Los obispos insisten en que lo único que generará oportunidades reales de trabajo para los mexicanos es un esfuerzo a largo plazo que ajuste las desigualdades económicas entre Estados Unidos y México.

La Iglesia ha considerado la desigualdad entre las naciones como un desorden global que debe atenderse. "En la relación bilateral de nuestros países hemos sido testigos de políticas económicas que no consideran adecuadamente el bienestar de pequeños empresarios y propietarios que luchan por sobrevivir. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha dañado a las microempresas mexicanas y particularmente al campo. Ambas naciones deben reconsiderar el impacto de esos tratados en quienes intentan ganarse la vida con sus pequeños negocios", señala.

La jerarquía expresa que así como ambos gobiernos han aceptado la integración de sus intereses económicos mediante el TLCAN, "es hora de que armonicen" sus políticas migratorias de tal forma que se respete la dignidad de las personas y se reconozcan las consecuencias sociales de la migración.

Se denuncian los abusos sistemáticos de los cuerpos policiacos de ambos países, los cuales violan los derechos humanos de los migrantes; la usura con que actúan las empresas que manejan el flujo de remesas que envían los trabajadores; las crecientes desigualdades económicas entre Estados Unidos y México; la discriminación, el racismo y la xenofobia. Además, las políticas de control fronterizo y el tráfico de personas, así como las condiciones de hacinamiento de miles de personas que cada año son recluidas mientras esperan ser deportadas a sus lugares de origen.

Los obispos aceptan el "derecho" de todo Estado soberano a controlar sus fronteras para proteger los intereses de sus ciudadanos. Por tanto, se reconoce la acción de los gobiernos de "interceptar" a los indocumentados que intentan cruzar por sus territorios; sin embargo, lo inaceptable son las políticas y estrategias que se utilizan para cumplir esa responsabilidad.

Además, "toda persona tiene el derecho a migrar para gozar los derechos que poseen como hijos de Dios, aunque lo ideal sería -dicen los obispos- que toda persona encontrara en su país las oportunidades económicas, políticas y sociales que le permitieran alcanzar una vida digna, situación que no siempre es posible".