Pide que la PGJDF cumpla "todos los requisitos"

Condiciona la PGR petición a Cuba de videos sobre Ahumada

ALFREDO MENDEZ ORTIZ BERTHA TERESA RAMIREZ

La Procuraduría General de la República (PGR) no solicitará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que gestione con el gobierno cubano la entrega de información y documentación relacionada con las declaraciones que el empresario Carlos Ahumada Kurtz rindió ante autoridades de la isla, hasta que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cumpla "todos los requisitos y formas" establecidos por el Tratado de Cooperación y Asistencia Jurídica entre México y Cuba, informó ayer la dependencia federal.

Entretanto, Alejandro Encinas Rodríguez, secretario de Gobierno del Distrito Federal, indicó que ante la petición de la PGJDF de que el gobierno de Cuba le proporcione una copia de los videos y declaraciones de Ahumada en las que supuestamente se vincula a funcionarios federales mexicanos con la teoría del complot, el gobierno capitalino reforzó el operativo de vigilancia del empresario en el Reclusorio Norte, donde permanece detenido desde el pasado 28 de abril.

Respecto a la información difundida ayer, mediante un escueto boletín de prensa, por el departamento de comunicación social de la PGR, la dependencia federal precisó que ya notificó por escrito a la PGJDF sobre el motivo por el cual no se ha cumplido la petición de las autoridades capitalinas respecto a que el gobierno de México solicite a su contraparte de Cuba los videos de Ahumada.

En el mismo comunicado, la dependencia que encabeza Rafael Macedo de la Concha puntualizó que "después de que se realicen los ajustes correspondientes (que tendrá que efectuar la PGJDF) a la solicitud de información tanto sustantiva como de procedimiento, se le dará el curso (jurídico) normal, considerando que de hacerse en tiempo podría integrarse en los próximos días a la petición que la PGR está formulando en atención a la indagatoria de orden federal abierta en esta institución en contra de Carlos Ahumada Kurtz".

Como se recordará, la PGJDF entregó el pasado 6 de mayo a la PGR parte de la documentación necesaria para que ésta pida a la cancillería mexicana que se tramite ante el Ministerio de Justicia de Cuba la entrega de toda la documentación, videocintas y testimonios rendidos por Ahumada Kurtz en la isla durante su detención.

Según fuentes oficiales, hasta ahora la dependencia federal ha desestimado la necesidad de solicitar los testimonios rendidos por el empresario ante las autoridades cubanas, con el argumento de que no se sabe si las declaraciones de Ahumada fueron obtenidas bajo presión o tortura.

En tanto, la petición de la PGJDF motivó que la PGR citara por segunda ocasión al procurador capitalino, Bernardo Bátiz, ahora para que explique por qué requiere los videos de Ahumada grabados por las autoridades de Cuba.

El segundo citatorio a Bátiz fue enviado el pasado 7 de mayo. En el documento ministerial se le pidió definir, en un plazo de 48 horas (que vencen este lunes), el día y la hora en que desea presentarse ante la PGR o si desea declarar desde sus oficinas, debido a su carácter de "alto funcionario".

El pasado 30 de abril, Bátiz compareció por primera ocasión en su oficina ante fiscales de la dependencia federal sobre la difusión de documentos del Departamento del Tesoro estadunidense en el caso del ex secretario de Finanzas capitalino, Gustavo Ponce.

Por su parte, el secretario de Gobierno del Distrito Federal Alejandro Encinas Rodríguez, señaló ayer en entrevista que se están atendiendo todas las denuncias y demandas que ha hecho Ahumada. "Nos corresponde el resguardo de esta persona, darle garantías plenas para que no sufra ningún daño en su integridad física", añadió.

A su vez, Martí Batres, subsecretario de Gobierno, indicó que el hecho de que autoridades federales de alto nivel hayan podido ofrecer protección política, jurídica, apoyo económico o restitución de negocios a cambio del manejo faccioso de los videos constituye un acto de corrupción que implica diversos delitos, como encubrimiento, cohecho y colusión de servidores públicos, entre otros.