Laura Alicia Garza Galindo

Combatiendo la corrupción

El aparato productivo nacional, integrado por iniciativa privada y sector social, al que corresponde la generación de la riqueza nacional bajo la rectoría del Estado, como establece a la letra el artículo 25 constitucional, ha manifestado su agrado por la aprobación en el Senado del tratado adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, relativa al combate a la corrupción. Seguro su tranquilidad crecerá, cuando aprobemos las reformas propuestas el pasado 27 de abril, relativas al fortalecimiento de las funciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados, con base en reformas a la Constitución y a las leyes de la ASF, Orgánica de la Administración Pública y de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

Entiendo que las cámaras en las que se agrupa la iniciativa privada nacional desearían una entidad autónoma de fiscalización, ajena al Poder Legislativo por temor de que éste sea un ente influido por las representaciones populares alineadas en los partidos políticos, y de seguro aspiran a la desaparición del órgano interno de control del Ejecutivo federal: la Secretaría de la Función Pública (SFP), que, ésa sí, no sirve para nada, como no sea de barril sin fondo para agotar su presupuesto, este año de más de mil 400 millones de pesos -usted coincidirá conmigo en que más hacen los medios denunciando atrocidades-; mientras que la ASF, con sólo 600 millones de pesos, ha puesto al descubierto buena parte de las más infames corruptelas del Ejecutivo federal mediante el Informe de la Cuenta Pública.

En el Legislativo se comprenden estas inquietudes, pero en tanto no se avance en la elaboración de presupuestos y su ejecución rigurosa en tiempo y forma, por el obligado respeto a la ley y normatividad de quienes ejercen los recursos federales, y se demuestre que la eficacia de la ASF no responde a nuestras aspiraciones -como ahora no lo hace, y muy bien-, esta instancia debe avanzar, porque el esquema supone precisamente que exista el contrapeso, el equilibrio entre poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, órganos representativos que nos hemos dado los mexicanos.

Es por ello preciso consolidar el esquema y otorgar a la ASF mayor grado de autonomía, como estamos proponiendo, a fin de que se le dote de facultades y presupuesto más amplio para que pueda desarrollar, aún más, sus tareas técnicas de elevado grado de complejidad, de manera tal que las dependencias que ejercen los recursos públicos, que no son otra cosa que los impuestos que usted y yo pagamos religiosamente, lo hagan como se establece en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Gasto, que los legisladores aprobamos, sabedores de que usted nos está juzgando. Para ello proponemos que la cuenta pública, cuyo plazo de presentación es hasta hoy de 15 meses, se acorte a nueve y medio, para que sirva a los diputados en la elaboración del presupuesto del año siguiente. Así se ponen candados al proceso.

No es factible correr cuando apenas se está caminando. Vea si no el lamentable espectáculo en que se ha convertido el órgano que rige -sin hacerlo- la Ley de Transparencia, a la que todos sin menoscabo nos empeñamos en consolidar y que incluso incorporó a destacados ciudadanos de la nación; para qué mencionar la atención nula que el Ejecutivo federal ha prestado a la nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Perfeccionemos nuestras instituciones, antes de pensar siquiera en que la fiscalización, que tendría que pasar por el nombramiento de ciudadanos -también atados de manos-, a cargo del Ejecutivo federal, se torne banal.

Por ello los legisladores hemos determinado fortalecer a la ASF, conducida hasta el momento de forma intachable, sin ataduras con ningún partido político y con autonomía relativa en materia administrativa y de gestión, y veamos cómo funciona con las nuevas reformas que hemos propuesto a las demás fracciones parlamentarias en el Senado, mismas que trabajaremos con toda intensidad en comisiones plurales para estar listos el próximo septiembre, para someterlas a consideración de la Cámara de Diputados. Estoy convencida de que habrá mayor satisfacción, sobre todo cuando la ASF pueda fincar responsabilidades de toda naturaleza jurídica al sátrapa que se birle recursos presupuestales, primera vía para generar riqueza e indispensable para la buena marcha del aparato productivo nacional y el fortalecimiento del mercado interno, tríada indispensable para crear empleo e ingresos y robustecer de nuevo a la economía. Hoy no le pasa nada al que delinque.

Mi mayor deseo es que cuando concluya con el mandato popular, el que me otorgó su voto para participar en el Senado, pueda su servidora caminar por las plazas de mi pueblo sin tener que agachar la cabeza, porque no me desempeñé con la dignidad a la que el voto popular obliga. Estoy convencida de que las reformas que proponemos a las leyes que antes comenté, abatirán en forma consistente la corrupción, fenómeno por demás evidente en México. No me atrevería, ya no a decir, sino a escribirlo y firmarlo, si tuviera la menor duda de nuestras propuestas. Y claro que las revisaremos a fondo, porque usted espera resultados. Es el compromiso.