El dictamen de la ASF demuestra su inconstitucionalidad, afirma Rosendo Flores

Nulificar contratos de electricidad con las trasnacionales, exige el SME

De no atenderse la recomendación, el asunto se llevará a tribunales, asegura

PATRICIA MUÑOZ RIOS

Con base en el fallo que emitió la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el gobierno federal tendrá que nulificar los contratos que autorizó a las trasnacionales del sector eléctrico para permitirles generar y cogenerar energía, aseguró el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Rosendo Flores Flores. El dirigente añadió que de no atenderse la recomendación de eliminar estas autorizaciones en los próximos meses, el caso se llevará a los tribunales.

El veredicto emitido por la auditoría es contundente, pues evidencia que estos contratos están fuera de toda legalidad y violan la Constitución, por lo que son nulos, afirmó.

Explicó en entrevista que estos contratos entregados a los inversionistas extranjeros y a través de los cuales ya tienen en su poder 32 por ciento de la generación de energía eléctrica del país, deberán ser anulados porque no tienen sustento legal.

La auditoría demuestra, dijo, que existen recursos en el sector para hacer frente a la inversión que se requiere a fin de que el Estado continúe siendo el generador de electricidad en el país y no traspase ilegalmente estas funciones a las compañías internacionales.

Las empresas de este sector tienen los recursos, pero el gobierno les quita 40 por ciento de sus ingresos y luego dice que no tiene para invertir, lo cual es una clara maniobra para favorecer al capital extranjero, planteó el dirigente del SME. Añadió que el dictamen de la ASF incluso apunta que no coincide el planteamiento de la Secretaría de Energía en relación con las necesidades de generación de electricidad de los próximos años, ya que la evaluación gubernamental está sobrevaluada.

Para Rosendo Flores, los argumentos vertidos por la ASF revelan que la normatividad para otorgar los permisos fue violada, porque no están sustentados en la legalidad; son anticonstitucionales y procede que en los próximos meses sean anulados, porque los inversionistas tampoco generaron derechos.

Advirtió que de no atenderse la decisión de la auditoría, el caso se llevará a los tribunales y se fincarán responsabilidades a quienes hayan otorgado los permisos, es decir, a los directores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Es mentira, indicó, que se vayan a tener que entregar fuertes indemnizaciones a las trasnacionales porque el permiso que se les entregó nunca fue legal, siempre tuvo un problema de fondo y es la inconstitucionalidad de los actos. Por lo tanto, no tienen derecho a reclamación.

Desde su punto de vista, a pesar de que el gobierno ha mantenido un discurso en el que señala reiteradamente que no privatizará el sector eléctrico y energético, en los hechos ha abierto totalmente las puertas al capital extranjero en estas actividades e incluso le ha dejado controlar el mercado nacional.

No ha habido respuesta a la demanda hecha desde 1992 para que se detuviera la privatización del sector eléctrico así como los contratos que se han firmado con multinacionales, de forma que a la fecha 32 por ciento de la generación de energía eléctrica se ha entregado a las trasnacionales, que hacen un gran negocio con amplias ganancias, mientras la privatización sigue en marcha.

Por ello, según el dictamen dado a conocer el 31 de marzo por la ASF, donde se demuestra la ilegalidad de estos contratos y se da la razón a quienes han pedido que se anulen, tanto los funcionarios que los otorgaron como las empresas que los recibieron tendrán que enfrentar las consecuencias legales, aseveró el líder del SME