Detecta irregularidades la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF

Piden a la Prosoc corregir fallas en gasto

Falta de comprobantes por recursos erogados en 2002, entre las anomalías, revela

RAUL LLANOS SAMANIEGO

La Procuraduría Social (Prosoc) ejerció 5 millones 810 mil pesos durante 2002; sin empargo, la verificación de ese gasto presentó "diversas anomalías", señala la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el informe preliminar de resultados de las auditorías a la cuenta pública de ese año.

El órgano técnico detalla que entre esos casos se encuentran documentos que carecen de las firmas de autorización de la coordinación administrativa, también solicitudes de cheques sin autorización, además de "falta de comprobación del gasto efectuado".

De acuerdo con el informe, también se encontró que esa instancia pagó por tiempo extra y guardias 860 mil pesos, con el objetivo de elaborar y revisar expedientes, así como diversas obras operativas.

No obstante, detalla la CMH. "no se mostró evidencia de que los pagos fueran necesarios para resolver problemas relacionados con los servicios que proporciona a la ciudadanía".

Otro caso detectado por la contaduría es que esa dependencia pública erogó 230 mil pesos por anticipos de sueldos no devengados a su personal, por lo que hizo una serie de recomendaciones para corregir esa situación.

Más adelante se refiere la erogación de 63 mil 200 pesos pagados por alimentación de funcionarios, por lo que el órgano de fiscalización consideró que hubo "uso recurrente" de ese tipo de gastos y "los montos de consumo para una sola persona está en contra de las disposiciones de racionalidad y austeridad".

Dentro de la auditoría aplicada a la Prosoc se indica, también, que "no reportó el cumplimiento de metas ni el ejercicio de recursos previstos en el programa 09", que es el monto que tenía asignado para actividades ya definidas. La CMH envió a esa procuraduría una serie de recomendaciones tendientes a corregir las fallas, y se cuenta con un tiempo perentorio para su solventación, que de no cumplir con lo establecido por las leyes que rigen el ejercicio del gasto se podrían iniciar diversas acciones administrativas.