La procuraduría ha violado los principios de imparcialidad y equidad, señala

López Obrador solicita a la PGR copia certificada del expediente de El Encino

BERTHA TERESA RAMIREZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, solicitó ayer formalmente a la Procuraduría General de la República (PGR) que le entregue una copia certificada del expediente relacionado con el predio El Encino, a partir del cual se originó la solicitud de desafuero en su contra.

Mediante el oficio JGDF/018/04 que envió ayer por la tarde al procurador Rafael Macedo de la Concha, el mandatario capitalino señala que dirige dicha solicitud en virtud de que las determinaciones que en esa institución se han tomado en relación con el caso "lamentablemente no se han apegado a los principios que establecen la Constitución y las leyes de la República".

En el tratamiento de este caso "se han cometido numerosas irregularidades; entre ellas destaca la negativa a entregar copia de la averiguación previa 1339/FESPLE/2001", agregó el funcionario.

López Obrador apuntó que se han violado los principios de imparcialidad y equidad establecidos en el artículo 54 de la Ley Orgánica de la PGR, el cual establece que es obligación de los agentes del Ministerio Público de la Federación salvaguardar la legalidad, la eficiencia, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y el respeto a los derechos humanos en el desempeño de su función, y cumplir con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia, ideología política o por algún otro motivo.

Indicó que tal violación se da al otorgar copias certificadas de la indagatoria al representante de la parte empresarial quejosa en el juicio de amparo que originó la declaratoria de suspensión definitiva, en acuerdo del 21 de agosto de 2002, y en cambio negárselas a la autoridad señalada como responsable (José Agustín Ortiz Pinchetti), quien, no obstante haberlas solicitado, en dos ocasiones le fueron negadas.

López Obrador argumentó que la situación anteriormente expuesta originó que Ortiz Pinchetti, en ese entonces secretario de Gobierno, solicitara la protección de la justicia federal, por lo que el juzgado segundo de distrito A de amparo en materia Penal en el Distrito Federal, resolvió, el 15 de marzo de 2004, en el juicio 613/200, otorgar el amparo y protección de la justicia al solicitante para efecto de que el Ministerio Público Federal le entregara copia de todo lo actuado en la averiguación previa, en concordancia con el derecho que tiene de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa.

Sin embargo, agregó el titular del GDF, volvió a negarse la entrega de las copias del expediente, valiéndose para ello de un recurso de revisión de dicha sentencia.

Agregó que esto muestra la ausencia de imparcialidad y la discriminación con la que actúa la institución encargada de procurar justicia a todos los mexicanos.

Por lo anterior, demanda López Obrador, "solicito a usted de manera puntual que en el ejercicio de los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos a los que está obligada la PGR me sea expedida una copia certificada de todo el expediente contenido en la averiguación previa 1339/FESPLE/2001, radicada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente y previstos en las leyes especiales", con fundamento en los artículos constitucionales 8 y 20.

Por la mañana dijo estar seguro de que la averiguación previa está plagada de errores e imprecisiones: "¿cómo la acusación contra el jefe de Gobierno?, si yo nunca di instrucción para que se violara el amparo, si no cometí ningún delito. ¿De donde van a sacar las pruebas?"

Planteó que una vez que cuente con el expediente se reunirá con los reporteros para "detallarlo punto por punto. Va a ser interesantísimo, porque lo que va a mostrarse, estoy absolutamente seguro, es la mala fe".

Por otra parte, sostuvo que aun cuando, según versiones periodísticas, la PGR tiene una oficina encargada exclusivamente de vigilarlo y recopilar información sobre él, "no van a poder, en este asunto de la solicitud de desafuero no tienen razón, no cometí ningún delito, no violé ninguna ley".

Sobre la encuesta publicada en un medio impreso en la cual se le sigue ubicando a la cabeza de las preferencias elecrtorales, comentó que esto demuestra que la población está más consciente de las cosas y ya no es suceptible de manipulación.

Estos datos cobran relevancia, subrayó, porque en una encuesta realizada unos días después de los videoescándalos se mencionó una baja en la aceptación de 14 puntos, "pero ahora se habla de sólo seis puntos a escala nacional, y pese a varias semanas de andanadas la autoridad capitalina sigue arriba en la aceptación de la gente".