Legisladores panistas logran que la auditoría al organismo parta de 1999

Respalda la Permanente pedir a la ASF amplíe la investigación sobre la Lotería

Piden perredistas definir ''cuál es la línea clara entre la acción del Estado y la filantropía''

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión respaldó ayer la propuesta priísta de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que se amplíe y profundice la investigación a la Lotería Nacional, luego de un debate en que los legisladores panistas salieron en defensa de la directora de ese organismo, Laura Valdés, y en el que trataron de entrampar la discusión.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Gustavo Madero Muñoz, condicionó el voto de los panistas a que se audite no sólo la gestión actual de la Lotería, sino a partir de 1999. No lo dijo, pero ello significa investigar también la administración priísta de Carlos Salomón Cámara.

Sin embargo, los legisladores del tricolor aceptaron y en voz de la senadora Martha Tamayo respondieron no tener inconveniente alguno en que la ASF audite a la Lotería Nacional desde la fecha señalada por el panista, ya que ''lo que nos ha traído aquí no es la persecución de personas, no es el interés de sentar en la silla de acusados a nadie'', sino ''limpiar'' lo que sea necesario y sobre todo el fideicomiso Transforma México, desde el que se desvían recursos públicos a empresarios poderosos y grupos cercanos a la familia presidencial.

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) entró también a la discusión y el coordinador de los diputados del sol azteca, Pablo Gómez Alvarez, resaltó que el tema es más de fondo de lo que aparenta, ya que la Lotería Nacional ha sido la caja chica de la política desde la época de Adolfo Ruiz Cortines, y en la actualidad además es necesario definir ''cuál es la línea clara que tenemos que marcar entre la acción del Estado y la filantropía''.

Los priístas, en tanto, reiteraron las críticas y cuestionamientos a la gestión de Laura Valdés, que habían motivado que un día antes presentaran ante la Auditoría Superior de la Federación una denuncia de hechos en la que documentaron irregularidades, delitos y faltas administrativas en que presumiblemente han incurrido los directivos de la Lotería Nacional.

La senadora Noemí Guzmán Lagunes propuso luego que la Comisión Permanente respalde la denuncia y solicite a la ASF auditar a la Lotería, incluyendo la operación del fideicomiso Transforma México, toda vez que luego de la comparecencia de Laura Valdés hay mayores dudas sobre el desvío de recursos públicos a empresas ligadas con Vamos México y la llamada pareja presidencial, además de un ''caos administrativo''.

Ante el pleno enumeró despidos masivos de personal en la Lotería, donde se ha dado de baja a mil 300 empleados, asignación de contratos sin licitación, servicios de vigilancia personal a altísimos costos y la existencia de 28 vacantes a nivel directivo, incluyendo puestos clave como el de supervisor de auditoría financiera o el supervisor de auditorías de sorteos.

El diputado panista Madero pidió no emitir juicios antes de que la ASF lleve a cabo la auditorías, y luego trató de meter en problemas a los críticos priístas, sin éxito. Por ello, el senador blanquiazul Héctor Larios fue también a tribuna para advertir que se estaba ya haciendo un ''juicio sumario, donde la sentencia -contra Valdés- está dictada'' desde antes, ya que ''se busca más el efecto mediático''.

Luego arremetió contra el jefe de Gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que éste reformó la Ley de Asistencia Privada del Distrito Federal para poder tener el control directo de las instituciones asistenciales.

Pablo Gómez regresó a tribuna para desmentir al panista. El jefe de Gobierno, aclaró, ''no interviene en las instituciones de asistencia, donde interviene es en el organismo público que tiene como objeto vigilar el funcionamiento de esas instituciones de asistencia privada''. Así debe ser el planteamiento, recalcó Gómez Alvarez. Las instituciones públicas del Estado deben seguir siendo instituciones públicas y las privadas seguir siendo privadas, de tal manera que se establezca con claridad la diferencia.