Se prepara la privatización del petróleo, dice sobre la denuncia que presentó ante la ASF

Bartlett exige investigar la entrega soterrada y fraudulenta de energía

Pide detener la extranjerización de las actividades petroleras y el desmantelamiento de Pemex

El secretario de Energía, los directores de la petrolera y de la CRE, ''han dado vuelta a la ley''

ANDREA BECERRIL Y VICTOR BALLINAS

En nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ambas cámaras, el senador Manuel Bartlett Díaz presentó ayer una denuncia a fin de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigue la entrega ''soterrada y fraudulenta'' de los recursos energéticos del país a trasnacionales a través de los contratos de servicios múltiples (CSM), así como también la ''extranjerización de las actividades petroleras y el desmantelamiento de Pemex'' que lleva a cabo el gobierno foxista, como primeros pasos para privatizar a la paraestatal.

La denuncia fue presentada ayer por Bartlett ante la comisión de vigilancia de la Cámara de Diputados y hoy la entregará a la oficialía de partes de la ASF. Se trata de un documento de 114 cuartillas, en el que se advierte que tanto el secretario de Energía como los directores de Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han incurrido en responsabilidades administrativas, políticas y penales al ''darle la vuelta a la ley'' y permitir que empresas extranjeras puedan explorar y explotar yacimientos de gas, actividad reservada al Estado.

En conferencia de prensa, Bartlett explicó que de manera paralela a esa vía y con el mismo ánimo de frenar la privatización de Pemex y la entrega del patrimonio nacional a trasnacionales, hace unas semanas presentó también una demanda ante el juez noveno de distrito en materia civil del Distrito Federal, Fernando Rangel Ramírez, para que se declare nulo el contrato firmado con Repsol.

Precisó que la dirección de Pemex que encabeza Raúl Muñoz Leos ha tratado por todos los medios de entorpecer el proceso legal -y han llegado a no recibir la notificación, alegando otro domicilio social- pero de todas formas ya está en curso y tienen preparadas otras demandas contra los restantes CSM firmados con trasnacionales y que no son más que ''simulaciones y fraudes''. Pero, agregó, ello no es suficiente y decidieron acudir a la ASF para demandar y denunciar a Pemex por violar la Constitución y preparar el camino para la privatización del petróleo.

La denuncia dirigida a la ASF está firmada por Bartlett en su calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado y por el diputado, también del PRI, Francisco Frías, que encabeza la misma comisión en San Lázaro, además de que tiene el aval de 201 legisladores priístas y de algunos perredistas.

Los legisladores piden que se audite a Pemex, ya que está siendo ''reducido, limitado e inmovilizado, siguiendo la técnica sugerida por el Banco Mundial de llevar a la empresa a punto de la privatización''. Contraviniendo la Constitución el gobierno federal efectúa un proceso de apertura gradual para sustituir el control directo del Estado en materia de petróleo, gas natural y petroquímica, por mercados en cascada donde participen empresas nacionales y extranjeras, en un ambiente hipotéticamente competitivo.

En realidad, se despliega una estrategia para extranjerizar las actividades petroleras y desmantelar Pemex, a la que se ha concentrado en extracción y exportación de crudo y ''se le impide ejercer el oficio de petrolera'', toda vez que se le quitan o niegan actividades operativas, se le aplican controles excesivos y se le impide desarrollar tecnología.

Pemex ''está en crisis por voluntad del gobierno federal'', pese a que es una empresa altamente rentable, pero saqueada los últimos 25 años por un ''absurdo tratamiento fiscal'' y ahora bajo la mira del contratismo, porque el gobierno la ha convertido en ''una vasta área de negocios del sector privado''.

En la denuncia a la ASF, Bartlett advierte que el presidente Fox ha interpretado inconstitucionalmente el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, en sentido de que Pemex puede contratar con empresas privadas cualquier trabajo o actividad petrolera y, en ese sentido, ha incluido dentro de los ''contratos de servicios integrales'' -que operan desde 1977- actividades que sólo puede realizar el Estado, de conformidad con el marco jurídico vigente.

Un ejemplo es que Pemex Exploración y Producción (PEP) transfirió a Repsol, la trasnacional española a la que se adjudicó el primer CSM para explotar gas, los nueve contratos con proveedores y contratistas en el bloque Reynosa-Monterrey.

Los legisladores hacen notar que cuando se analiza el contenido del primer CSM, el que se otorgó a Repsol, queda claro que no se trata de contratos para realizar obras, sino de un conjunto de actividades concatenadas que sólo puede llevarlas a cabo el Estado a través de Pemex.

La única conclusión es que los CSM ''son contrarios a la Constitución y a la legislación secundaria'', toda vez que por encima de ellas se autoriza a una empresa extranjera a explorar, extraer y producir gas natural ''en forma soterrada y fraudulenta''.

Aunado a ello, se ha permitido que consorcios extranjeros operen gasolineras a través de otras empresas registradas con prestanombres mexicanos y se ha alentado la importación de gas licuado por parte de compañías internacionales, contraviniendo la exclusividad de la Nación.

Ordena juez a PEP presentar documentos requeridos

El juzgado noveno de distrito en materia civil ordenó a Pemex Exploración y Producción que envíe diversos informes y documentos al órgano jurisdiccional, con la finalidad de que pueda desahogarse la demanda ordinaria civil que un grupo de diputados y senadores del PRI y PRD -entre ellos Manuel Bartlett- presentaron el 3 de mayo contra la paraestatal y la trasnacional española Repsol, para exigir la nulidad del contrato de servicios múltiples (CSM) otorgado a la última.

La demanda es analizada desde ese día por el titular del juzgado noveno, Fernando Rangel Ramírez, quien el 7 de mayo había requerido a Pemex que enviara los informes justificados, los cuales deben formar parte del litigio.

Sin embargo, la paraestatal respondió, el 20 de mayo, con una copia de la gaceta parlamentaria de la Cámara de Diputados, fechada el 20 de abril, día que rechazó presentar una controversia constitucional por el asunto ante la Suprema Corte de Justicia.

Según una fuente del juzgado noveno, un abogado de Pemex interpuso un recurso de revocación para impugnar el requerimiento de los informes, pero el juez Rangel resolvió que sí debe proporcionarse la documentación.

ALFREDO MENDEZ