Más de 5 mil detenidos tras el 11-S; a ninguno le han encontrado vínculos con Al Qaeda

Derechos civiles en EU, minados por la guerra contra el terrorismo

Ashcroft enfrenta las críticas a su gestión con anuncios sobre "detenciones espectaculares"

El somalí acusado de preparar un atentado en Ohio sólo enfrenta cargos por cuestiones migratorias

JIM CASON Y DAVID BROOKS CORRESPONSALES

Washington, 16 de junio. El anuncio del procurador general, John Ashcroft, sobre la acusación formal de las autoridades federales contra un somalí de planear un atentado contra un mall en Columbus, Ohio, fue reportado fielmente por todos los noticieros nacionales y locales del país, y CNN lanzó una serie especial sobre la nueva amenaza contra "objetivos suaves" como centros comerciales, cines y supermercados, elevando el nivel de ansiedad en esta sociedad.

Pero cuando La Jornada examinó el auto de acusación federal, no aparece mención alguna de ningún complot para colocar una bomba en un mall, y las acusaciones contra el somalí, Nuradin M. Abdi, se tratan principalmente de violaciones a la ley de inmigración. El caso contra Abdi, al parecer, seguirá el mismo patrón de lo que ha ocurrido con casi los más de 5 mil extranjeros que han sido detenidos en alguna ocasión desde el 11 de septiembre de 2001 sin cargo formal y sólo con la justificación legal de "detención preventiva".

Según el abogado David Cole, profesor de leyes en la Universidad de Georgetown y quien ha escrito extensamente sobre estos temas, ni uno solo de los más de 5 mil detenidos ha sido acusado formalmente de estar vinculado con Al Qaeda o por complicidad con los atentados del 11 de septiembre. Sólo tres han sido acusados por crímenes de terrorismo, pero dos de ellos han sido exonerados. La única persona culpada de algún crimen relacionado con terrorismo está apelando su caso, ya que los fiscales federales ocultaron información crítica que podría haber puesto en duda su culpabilidad.

De hecho, igual como los cargos contra Abdi, la vasta mayoría de las acusaciones presentadas por el procurador general Ashcroft desde el 11 de septiembre de 2001 simplemente han fracasado como casos ante los tribunales. Más de 80 mil extranjeros de países árabes o musulmanes han sido obligados a registrarse -con huellas digitales y fotos- ante las autoridades federales y otros 8 mil han sido sometidos a entrevistas con la FBI. Pero, según Cole, este ambicioso programa ha "fracasado en encontrar un solo terrorista".

Aun cuando el gobierno estadunidense ha procedido contra sus propios ciudadanos, los casos suelen ser mal construidos. Por ejemplo, el caso de José Padilla, quien Ashcroft dijo fue arrestado en 2002 después de descubrirse que planeaba matar a miles en este país con una bomba radiactiva.

Padilla ha permanecido incomunicado desde su arresto hace más de dos años, pero recientemente altos funcionarios del Departamento de Justicia encargados del caso informaron a Newsweek que la acusación de que Padilla estaba participando en un complot para armar una bomba radiactiva "ha resultado ser equivocada y muy probablemente nunca podrá ser utilizada ante un tribunal".

La lista de errores del Departamento de Justicia se alarga cada día. Está el caso de Brandon Mayfield, el musulmán estadunidense en Oregon detenido sin cargos este año porque la FBI determinó que tenía huellas digitales que comprobaban ciento por ciento que había participado en los atentados en Madrid. Dos semanas más tarde, la FBI debió admitir que se había equivocado y se liberó a Mayfield.

O está el caso del hombre árabe arrestado poco después del 11 de septiembre de 2001 acusado de haber estado en la zona de las Torres Gemelas utilizando un radio de comunicación aérea. Aunque el hombre confesó bajo tortura que sí era su radio, la policía se enteró más tarde que era absolutamente inocente y que el radio pertenecía a un piloto estadunidense alojado en el mismo hotel que el árabe.

Como señala el columnista Paul Krugman en el New York Times esta semana, las espectaculares acusaciones y las detenciones podrían tener otro propósito: ocultar o distraer atención del fracaso absoluto de Ashcroft en avanzar de alguna manera significativa en el combate contra el terrorismo en este país. "En algún lugar el terrorista del ántrax se está riendo", escribe Krugman.

El columnista del Times también sospecha de los tiempos para los anuncios espectaculares hechos por Ashcroft. La conferencia de prensa en la que se acusó a Abdi de estar casi listo para realizar un atentado contra un mall en Ohio, se llevó a cabo un día después de que se filtraron copias de un documento secreto del Departamento de Justicia justificando la tortura al público. Otros anuncios parecidos de Ashcroft también han coincidido con noticias poco amables al procurador general.

Hoy, un grupo de cinco senadores encabezados por Edward Kennedy, apoyados por organizaciones de defensa de libertades civiles y de inmigrantes, presentó un proyecto de ley que, afirman, modificaría algunas de las leyes aprobadas poco después de los atentados del 11 de septiembre que otorgaron amplios poderes al procurador general y a otros altos funcionarios. El proyecto de Ley de Restauración de Libertades Civiles no se deshace de la Ley Patriota dentro de la cual se establece los extensos nuevos poderes para las autoridades de seguridad pública, pero si limitaría el derecho del gobierno de realizar audiencias secretas de deportación de inmigrantes y obligaría a las autoridades a informar a detenidos de los cargos en su contra en un plazo de 48 horas.

La iniciativa también busca impedir el uso de violaciones mínimas de las leyes de inmigración -como la falta de informar sobre un cambio de dirección- para mantener a personas en la cárcel. Sin embargo, es poco probable que este proyecto sea aprobado este año.