Consintió que policías agredieran a burócratas: Congreso

Empiezan juicio político contra el alcalde de Ensenada, Baja California

ANTONIO HERAS ESPECIAL PARA LA JORNADA

Mexicali, BC, 16 de junio. La Comisión Instructora del Congreso de Baja California comenzó un juicio político contra el alcalde de Ensenada, Jorge Catalán Sosa, a quien este jueves se le notificará la procedencia del recurso que presentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en esa ciudad, Armando León Ptanik.

El diputado perredista Jesús Alejandro Ruiz Uribe, presidente de la comisión instructora, informó que visitará el ayuntamiento de Ensenada para entregar al presidente municipal la notificación sobre el juicio político que empezó al aprobarlo el pleno en su más reciente sesión, misma que concluyó la madrugada del domingo y terminó en una confrontación entre la mesa directiva del Congreso y la fracción parlamentaria del PAN, por el control de la Contraloría Mayor de Hacienda.

Jesús Alejandro Ruiz destacó que "la ley no se negocia", y recordó las supuestas irregularidades que se imputan al edil panista Jorge Catalán; entre ellas, consentir que policías municipales agredieran físicamente a burócratas despedidos por presunta "insuficiencia presupuestal", incumplir el pago de la deuda municipal con el Issstecali -que se descuenta a los trabajadores, pero no se entrega al organismo asistencial de la burocracia-, autorizar ilegalmente a una empresa construir una planta almacenadora de gas, e ignorar un dictamen del cabildo que revocó ese permiso.

Otros expedientes que soportan la denuncia de juicio político se refieren a que el presidente municipal habría ignorado el reglamento del Comité de Turismo y Convenciones de Ensenada al designar de manera unilateral al presidente e integrantes de la mesa directiva del organismo, y autorizar -pasando sobre la Ley Ecológica estatal- un relleno sanitario en El Sauzal, zona industrial, pesquera y pecuaria.

Por su parte, el gobernador Eugenio Elorduy descalificó la sanción que aplicó el Congreso a los ocho diputados acusados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y consideró que no hubo elementos para la destitución.