Las siete mesas de la convención hacendaria, en la fase de conclusiones

A entidades, más trabajo, menos recursos

RENATO DAVALOS

Con la queja de gobernadores y alcaldes ante el presidente Vicente Fox por la resistencia de la Secretaría de Hacienda a incorporar sus propuestas en la Convención Nacional Hacendaria (CNH), los trabajos de las siete mesas entraron en fase de conclusiones. En la de gasto, los planteamientos mantienen muchos esquemas actuales y descargan más responsabilidades que recursos a estados y municipios.

Entre sus principales iniciativas se plantea la inclusión del Distrito Federal en la asignación de recursos para educación y salud en los mismos términos que para las entidades federativas. Se señala la creación de un fondo para el desarrollo social, pero con un esquema de financiamiento similar al actual. Los recursos para financiar el subfondo de combate a la pobreza provendrían de los ingresos adicionales derivados de la tributación.

Esta fue la mesa que más propuestas recibió, con 155. En sus planteamientos, divididos en salud, educación, desarrollo social, seguridad pública, infraestructura portuaria, desarrollo rural, económico, carretero y de agua, hay insistencia en los esquemas financieros de concesiones y mayor presencia privada en sectores como el de carreteras.

En el ámbito de la salud indica que este derecho concerniente a la persona, la atención médica, sería competencia primaria de los gobiernos estatales con una incorporación de municipios.

Mientras, en el terreno educativo se precisa que los municipios se integrarían al mantenimiento de la infraestructura de educación básica. Otra de las ideas recogidas propone adecuaciones al marco jurídico que regula la prestación de servicios y bienes educativos, y se mantendría la figura de las transferencias, que hoy relacionan a la Federación con los estados.

La educación inicial sería ahora potestad de estados y municipios y se crearía un esquema compensatorio para las entidades federativas, con el fin de resarcir las aportaciones que hicieran, aunque sería por una "única vez", siempre y cuando haya recursos tributarios.

Igualmente se pretende hacer efectivo que a la educación superior le sea destinado uno por ciento del producto interno bruto, aunque a mediano plazo los estados aportarían 0.5 por ciento.

En materia de desarrollo social se "otorga" a los estados la posibilidad de "complementar" los programas contra la pobreza. Los municipios "participarían" en la provisión de infraestructura y el fondo de desarrollo social tendría dos subfondos: uno de infraestructura y otro de combate a la pobreza.

Para el primer caso se establecería una fórmula de distribución a los municipios e incentivos a los estados para la reducción de las desigualdades. Se crearían mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como de medición de la eficacia. Sería un fondo operado a partir de las actuales condiciones en que operan los programas respectivos.

El de combate a la pobreza sería operado por estados y municipios de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Población. Los recursos también provendrían si hay adiciones en la tributación.

En relación con la seguridad pública, se otorgarían facultades a los estados para combatir el narcomenudeo. Se promovería una reforma para mejorar la coordinación y eliminar la controversia de competencias en delitos como robo, secuestro y venta de droga. También se mantendría el actual régimen de transferencias, aunque se propone "flexibilizar" las etiquetas del destino de recursos.

Los municipios se incorporarían al Consejo Nacional de Seguridad Pública y se buscarían ajustes para retornar al nivel de recursos fiscales disponibles en 2001.

Por otra parte, se adjudicaría a entidades y municipios la concesión de las administraciones portuarias integrales. Los estados recibirían recursos previo acuerdo con Hacienda. En carreteras se plantea la profundización de los esquemas de concesiones al capital privado y en el rubro económico se sugiere la creación del sistema nacional de financiamiento para la pequeña y la mediana industrias.

Respecto al desarrollo rural, se indica que los municipios tendrían competencia en los programas federalizados con la creación de cuatro programas, incluido uno de "reconversión productiva".

Hay que "crear cadenas agroalimentarias", precisan las propuestas: 70 por ciento de los presupuestos "se destinarían" a las zonas más pobres.