La iniciativa elaborada "ignora los derechos de los pueblos indígenas", afirman

Piden ONG a Salazar Mendiguchía retirar proyecto de ley ambiental

Demandan que se efectúe consulta social; rechazan también cambios al Código Penal

HERMANN BELLINGHAUSEN

Las organizaciones integrantes de la Red de Derechos Humanos de Chiapas rechazaron el proyecto de ley para la conservación de la biodiversidad y la protección ambiental del estado, presentado por el gobernador a la legislatura local. Asimismo, solicitaron al mandatario chiapaneco Pablo Salazar Mendiguchía "abstenerse de presentar dicho proyecto y de emitir cualquier acto de aprobación del mismo".

Las organizaciones civiles reunidas en dicha red pidieron también la elaboración de un nuevo proyecto legislativo "a partir de la consulta a los pueblos indígenas, a la sociedad chiapaneca y al movimiento nacional e internacional de protección de la biodiversidad, del ambiente y de los derechos humanos".

Las razones que argumentan para rechazar la iniciativa son las siguientes:

"El proyecto de ley ignora los derechos reconocidos por el Estado mexicano a los pueblos indígenas; desconoce a estos pueblos el estatus de sujetos de derechos que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo les reconoce; el proyecto pasa por alto la obligación de consultar a los pueblos indígenas contenida en el artículo sexto del propio convenio."

Además, el procedimiento de elaboración de la iniciativa de ley "no aseguró las condiciones que garantizaran el ejercicio de los derechos de información, consulta y participación, establecidos como tales en el convenio de la OIT, pues maneja una idea equivocada de la representación de los pueblos indígenas".

La Red de Derechos Humanos de Chiapas (conformada por el Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, el Colectivo Educación para la Paz, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Indígenas y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez) considera que la ley en proceso de aprobación resulta "incongruente con el marco jurídico existente en materia de derechos humanos, especialmente en el Convenio 169 de la OIT y el Convenio de Diversidad Biológica".

Al decir de estos organismos, el proyecto de ley no considera "la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas ni promueve a través de ellos la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica". Por el contrario, otorga atribuciones al gobierno del estado y a los municipios, "dejando fuera la participación que compete por derecho a los pueblos indígenas".

Además, no se identifican líneas concretas de regulación adecuada y eficaz de la bioprospección, antes bien se "provoca incertidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra".

Finalmente, los organismos de derechos humanos señalan que el proyecto en discusión "omite el contexto de conflicto no resuelto entre el EZLN y el gobierno mexicano, así como el de los asentamientos humanos existentes en áreas protegidas".

En un documento divulgado por correo electrónico, los inconformes expresan: "Esperamos que el gobierno del estado reconsidere el proyecto y en su lugar inicie un proceso de consulta con los pueblos indígenas de Chiapas, las organizaciones de la sociedad chiapaneca y del movimiento de defensa de la biodiversidad y de los derechos humanos, tendiente a construir un nuevo proyecto basado en el estricto respeto de los derechos de los pueblos indígenas".

Cabe señalar que este nuevo proyecto de ley se suma a otras reformas legislativas, ya aprobadas, que han despertado rechazo y preocupación en importantes sectores de la sociedad chiapaneca.

Particularmente controvertidos han resultado los cambios al Código Penal en materia de difamación y calumnia. Las organizaciones de trabajadores de la prensa en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas se han amparado contra la denominada ley mordaza. Apenas ayer, el Frente de Periodistas Chiapanecos, la representación estatal de Libertad de Información en México y el Foro de Periodistas Chiapanecos enviaron una carta al presidente Vicente Fox en la que le solicitan intervenir en el asunto, ya que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitirá al respecto un documento "no contra el gobierno de Chiapas, sino contra el gobierno mexicano".