Aún no se define el procedimiento para devolver migrantes a su lugar de origen

Empantanado, el plan de repatriación voluntaria suscrito entre México y EU

GEORGINA SALDIERNA

Las autoridades de México y Estados Unidos aún no logran ponerse de acuerdo sobre el procedimiento que utilizarán para trasladar al país los migrantes indocumentados que se inscriban en el programa de repatriación voluntaria, revelaron ayer fuentes de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Informaron que ese obstáculo ha propiciado que el programa esté empantanado, pese a que desde hace dos semanas la Secretaría de Gobernación y la cancillería anunciaron su inminente aplicación.

El programa piloto de repatriación voluntaria concluiría el 30 de septiembre próximo y se realizaría únicamente en el estado de Arizona. Con este plan se pretende que todos los mexicanos que hayan sido detenidos por la patrulla fronteriza en aquella localidad puedan tener asistencia consular para determinar si voluntariamente quieren ser regresados a sus lugares de origen, vía aérea, o bien, si se les deporta mediante el procedimiento normal a Sonora.

Tomando en consideración estudios del Colegio de la Frontera Norte, funcionarios de las dos dependencias han señalado que 30 por ciento de las personas que son detenidas por la patrulla fronteriza desean regresar a sus comunidades de origen.

Esta medida forma parte de un paquete de acciones humanitarias tendientes a reducir los riesgos en el llamado Corredor de la muerte de Sonora y Arizona, explicaron. Según cifras gubernamentales, el año pasado fallecieron en esa zona 196 personas y en lo que va del año han muerto 32. El 95 por ciento de estas muertes se debieron a las condiciones climatológicas.

Además de estas acciones se prevé un reforzamiento de las campañas de difusión por alertar sobre los peligros que implica atravesar la línea fronteriza en la región desértica de Arizona.

Durante las negociaciones del programa piloto, los funcionarios mexicanos han asegurado buscar que se garantice una repatriación con pleno respeto a los derechos humanos y la dignidad de los mexicanos; la preservación de la unidad familiar, el tratamiento adecuado de personas vulnerables y el uso de canales institucionales para acordar aspectos operativos.