Jaime Martínez Veloz

Solidaridad con Zeta

Especulaciones hay muchas, realidad sólo una: tres atentados contra los periodistas del semanario Zeta, de Baja California, han dejado como saldo tres asesinatos. La muerte de los codirectores de ese medio de difusión: Héctor El Gato Félix Miranda, en 1988, y Francisco Javier Ortiz Franco, el martes pasado, a las que se suma el intento de asesinato de don Jesús Blancornelas, en 1997, en el cual murió acribillado el escolta Luis Lauro Valero Elizalde. En este momento no hay espacio para la tibieza o el regateo: la vida de los periodistas de Zeta corre peligro.

Quienes han hecho posible la consolidación del semanario como medio de difusión independiente, crítico y objetivo, están en la mira de los matones. La solidaridad de las instituciones, de las organizaciones políticas, sociales y empresariales debe ser unánime, firme y decidida.

Francisco Javier Ortiz Franco era un periodista objetivo, alejado de los reflectores, caballeroso en su trato y pilar fundamental en el esfuerzo periodístico del semanario. Abogado de profesión, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, compartía su tiempo impartiendo clases de legislación laboral y ética en el Colegio de Bachilleres de Playas de Rosarito. Sus alumnos lo apreciaban por su capacidad profesional y la amabilidad que lo caracterizaba.

Su asesinato fue artero y cobarde, al igual que todos los que ejecutan sicarios: por la espalda, a quemarropa y por sorpresa. La naturaleza del sicario es la cobardía, jamás enfrentará a su adversario o víctima en condiciones de igualdad. Otro agravante de la ejecución del periodista fue que se realizó frente a sus hijos, quienes lo acompañaban en el momento del crimen.

Francisco Javier era el encargado de expresar la opinión editorial del semanario en su columna denominada Para Empezar. La última columna del viernes pasado la tituló "La peor Legislatura", refiriéndose al Congreso de Baja California. Entre algunos conceptos que expresó ahí destacan los siguientes:

"El caso más reciente, para vergüenza y desgracia de los bajacalifornianos, tuvo que ver con nuestro Poder Legislativo. Los diputados locales han dejado ver, todos, que sus intereses son personales y partidistas. Que no les interesa la ideología y mucho menos el bienestar de sus representados.

"El zafarrancho del fin de semana anterior tiene varias lecturas.
Sin embargo, la principal se relaciona con la violación de la leyes, paradójicamente patrocinada por quienes reciben un sueldo por elaborarlas.
La percepción de los analistas en los últimos meses había sido clara sobre la evaluación de la XVII Legislatura del Estado: La peor de todas.
Por ahora queda claro que los pésimos ejemplos abundan entre los integrantes de la XVII Legislatura que en tres meses, afortunadamente, dirán adiós.

"Evidentemente entre el desprestigio, la vergüenza y la crítica de los bajacalifornianos que no merecen este tipo de políticos de tercera.
Entre la ignorancia y la conveniencia."

La pluma de Francisco Javier era puntual, sin ofensas, pero profunda e incuestionable. Lo cuestionable y ridículo es la explicación de las autoridades locales: el secretario de Seguridad Pública Municipal pretexta que el periodista solicitó que se le retirara la escolta proporcionada por las fuerzas especiales de la policía municipal "porque estaba enfermo".

El asesinato se produce en un contexto cuyo deterioro constituye un escándalo nacional y en la coyuntura del proceso electoral bajacaliforniano para renovar ayuntamientos y el congreso local. Hace tiempo que la decepción ciudadana se expresa en la abstención estatal más significativa del país, que el abominable crimen seguramente agravará.

La complejidad de Baja California, su ubicación estratégica, el fenómeno migratorio que la caracteriza, el apetito energético de las trasnacionales, la pugna por las ganancias que produce el negocio del narcotráfico en la región, el contrabando de mercancías, de armas, de indocumentados, el narcomenudeo, el comercio de los tratantes de blancas, los vividores de los "contratos de protección" de las maquiladoras, la violación de los derechos laborales de los jornaleros agrícolas de San Quintín, la entrega de territorio, incluidas honra y soberanía a las compañias extranjeras, a cambio de unas cuantas monedas, constituyen variables que sin duda permean las acciones de los grupos de poder nacionales y extranjeros que se disputan el espacio bajacaliforniano.

El desdén del gobierno federal y de los partidos políticos nacionales para con Baja California algún día podría tronarles como un cartucho de dinamita en la mano; sólo entonces se darán cuenta de la gravedad de su nulo interés.

En este contexto se produce el asesinato de un periodista y ciudadano ejemplar: Francisco Javier Ortiz Franco. Descanse en paz.

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