El castigo contraviene el espíritu de readaptación social

La pena de muerte convertiría al Estado en un asesino: investigador

La aplicación de la pena de muerte no sólo contraviene el espíritu con que se creó el sistema penitenciario que busca la readaptación social del delincuente mediante el trabajo y la educación, sino que convertiría al Estado en un "asesino" sin autoridad moral para exigir a sus ciudadanos que no cometan esta clase de delitos, afirmó Enrique Díaz-Aranda, especialista en derecho penal y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Agregó que si se busca disminuir la criminalidad aplicando la pena de muerte, los análisis estadísticos que se han realizado en países donde esta sanción se permite señalan que no disminuye la comisión del delito que se castiga. Por el contrario, se estima que al día siguiente de que se aplica esta pena se comete un crimen similar al que se busca sancionar, "lo que tiene que ver con la sicología criminal que ve en esta penalidad el máximo reconocimiento a su carrera delictiva".

Especialista en política criminal y penal, aseguró que la situación económica, política y social que se vive en el país ha influido para generar un clima de violencia y un aumento de la criminalidad, mientras que la política que al respecto aplica el Estado se ha orientado al incremento de las actitudes y no a adoptar una política penal que evite la comisión de un nuevo delito con medidas educativas que propicien mayor inclusión social.

El peligro de preservar la pena de muerte en el texto constitucional, señaló, es que deja abierta una amenaza latente que se puede usar para ofrecer una salida falsa a la sociedad que vive altos índices de violencia, cuando lo que se requiere es diferenciar qué es lo que realmente quiere la sociedad, "si matar a los secuestradores o que ya no se cometan nuevos secuestros.

"Si lo que pide la sociedad es sangre, entonces enfrentamos un grave problema, pero si lo único que queremos es vivir en paz, sin el temor a ser secuestrados, no se está pidiendo que se mate a otras personas, sino que se garantice la seguridad de los ciudadanos, por lo que la pena de muerte no es una solución".

Aspectos raciales y económicos

Agregó que estudios realizados en Estados Unidos sobre la pena de muerte demostraron que la influencia de la condición económica y racial del delincuente "son determinantes para decidir a quién se aplica esta penalidad, pues cerca de 80 por ciento de los afroamericanos y latinos que enfrentan esta condena son ejecutados, mientras que sólo 20 por ciento de los delincuentes de raza blanca enfrentan la pena capital".

Por lo que respecta a su costo económico, indicó que de acuerdo con los análisis realizados en el estado de Texas, se estima que mantener un prisionero sentenciado a cadena perpetua requiere una inversión superior a los 750 mil dólares, mientras que aplicar la pena máxima "tiene un costo de entre 2.5 y 3.2 millones de dólares, lo que indica que es una sanción que requiere de grandes recursos económicos, a lo que deben sumarse posibles errores judiciales".

Por ello, destacó que ante un panorama de violencia criminal se deben buscar otras alternativas de política penal que si bien "no ofrecen resultados inmediatos ni dan tantos votos", sí atiendan las demandas que generan la violencia y la criminalidad en un contexto social y económico.

LAURA POY SOLANO