Rechazan declaraciones de Santiago Vasconcelos

Señora directora: En relación con las declaraciones del subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos en el sentido de que se debe favorecer con una amnistía a los responsables de los delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en los años 70 y 80 porque, según él "es muy difícil ahora tratar de juzgar a alguien que tuvo otras circunstancias, y que fue forzado a realizar acciones de contención". Es indignante esta afirmación de un funcionario que por mando constitucional debe investigar y perseguir los delitos.

En la lógica del licenciado Vasconcelos, a ningún delincuente se le podría juzgar, puesto que todos podrían alegar circunstancias que los "forzaron" a delinquir, y, por tanto, la propia Procuraduría General de la Repúblia no tendría razón de existir, puesto que no habría delincuentes a quien acusar.

En este sentido, cabe aclararle al funcionario que el artículo 13 constitucional establece el principio de igualdad de las personas ante la ley, esto significa que todos los individuos, cualquiera que sea su condición, categoría, clase social o rango se deben someter a la ley. Lo cual en el caso que nos ocupa implica castigar a los responsables de los delitos cometidos en esa época.

La propuesta del subprocurador Vasconcelos conlleva una violación flagrante a este precepto constitucional y además pretende que se les conceda a quienes incurrieron en esos graves delitos de lesa humanidad un privilegio indebido para no ser juzgados y que sigan gozando de impunidad, lo cual es inaceptable y antidemocrático.

Bárbara Zamora, Santos García, Citlati Fuentes, Itza Eudabe, Teopilzin Martínez, Manuel Fuentes, Damián Camacho, Aurelio Monroy, Sirenio Martínez, María Guadalupe Zamora, Juan Jiménez, Silverio Colín, Gregorio Rebollar, Manuel Alfonso Reyes, Jesús González, Filemón Viera, Silvia López, Gloria Sesma, Katia Haller, Luz María Pérez, Yolanda Pérez, Lourdes Guillem, Jorge Arturo de León, Rosa Elena Vargas, Raymundo Hernández, Magdalena Echevarri, Felícitas García Salgado, Carlos Noguerón, Victorino Corona, Fausto Manzano, Salvador Chávez, Silvino Cervantes, Atanasio Jaimes, Mario Marquina, Ricardo Valdez, Carlos Osorio, Armando Lechuga, Julio Ortega, Ernesto Fuentes, Elisa Martín, José Luis Arévalo, Salvador Ramos, Gregorio Miranda, Alejandro Meave, Eusebio del Angel, Remigio Gutiérrez, Raúl Osorio, Simón Arroyo, Héctor Castrejón, Abelardo Torres, Juan Francisco Polanco, Leobardo Manzanares y Nación Purépecha Zapatista.

Señora directora: Respecto a las 10 medidas contra la inseguridad que el presidente Fox anunció en cadena nacional, es de destacar que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 consisten en obligaciones legales establecidas en diferentes ordenamientos. Su cumplimiento no puede de ninguna forma ofrecerse como un "plan", ya que se trata de obligaciones legales de cumplimiento. Este, asimismo, incluye las dos más recurrentes y elementales propuestas que siempre se plantean: aumento de presupuesto y una campaña en medios de comunicación. Es evidente con esto que el gobierno de Fox pretende aparentar atender el problema de la inseguridad, desde el enfoque de atacar las consecuencias y no las causas. La reincidencia en los feminicidios en Ciudad Juárez este año es el mejor ejemplo de que esta política no ofrece nada concreto. ¿Qué resultados reales ha dado Fox al respecto? Empero, las consecuencias que como sociedad tengan que asumirse al fortalecerse el aparato represivo, son de sobra conocidas. Sus resultados más claros se dieron durante el periodo de la guerra sucia.

Y ese es el mejor ejemplo de cómo el discurso gubernamental no tiene correspondencia con la realidad. Se exige desde las más oscuras fuerzas de la derecha la aplicación de "todo el peso de la ley" (sic) contra los delincuentes, mientras que el propio secretario de la Defensa y subprocuradores solicitan el perdón a quienes desde el poder cometieron los peores delitos. De hecho, cabe recordar que es el aparato represivo el cual comienza a tejer sus redes con el narco desde los años 70, y en combinación con los resultados de la política neoliberal, permite la escalada violenta que ahora se pretende resolver con discursos y sombrerazos y no con quizá, el mejor mecanismo para contenerla: el fin de la impunidad.

En ese sentido, es grave que la Suprema Corte de Justicia permita que la impunidad siga privando en este país, al no autorizar que se juzgue a militares por acciones cometidas contra civiles. Resulta, por tanto, motivo de preocupación que en este ambiente político enrarecido, sectores derechistas en el Ejército, Iglesia y cámaras empresariales estén imponiendo cada vez más los temas de discusión en el país por encima de las propuestas de la sociedad civil y grupos sociales. No podemos perder, ante este empuje de la reacción, ni nuestras libertades elementales, nuestro patrimonio como nación ni nuestra historia. Ante las aberraciones, ante la ceguera que quieren imponer a este país, queda siempre el recurso de la memoria. Y ella no puede conocer de perdón ni olvido ante las matanzas de ayer... ni de ahora.

Por la ANAD: María Luisa Campos, Francisco Ramírez, Oscar Alzaga, Lauro Sol, Claudia Luengas, Ernestina Godoy, José Luis Contreras, José Luis Romero, K. Micheel Salas, David Peña, Marina Téllez, Sonia Hernández, Jesús Domínguez, Julio Ortiz, Alejandra Flores, Ariel Muñiz, y 35 firmas más.

Señora directora: Le agradecemos la publicación de la siguiente denuncia:

Condenamos las acciones represivas emprendidas por el gobierno chiapaneco y Servicios Educativos de Chiapas (SECH), contra los estudiantes de la Escuela Normal Intercultural Indígena Bilingüe (ENIIB) Jacinto Canek, quienes han expulsado a cerca de 100 alumnos acusándolos de cometer supuestos "actos vandálicos" y realizar "acciones de manera ilícita", llegando al absurdo de acusarlos de secuestro.

Estos estudiantes, desde hace años, se encuentran luchando por defender el derecho a la educación de los pueblos indígenas y desde inicios de este mes mantienen un plantón frente al palacio municipal de San Cristóbal de las Casas exigiendo solución a sus justas demandas, como son: la apertura de plazas automáticas a egresados y tener una infraestructura básica propia, entre otras.

Nos indigna que un movimiento justo como éste, nuevamente sea satanizado, como en otro momento lo hicieron con los estudiantes de la UNAM, y más recientemente con los normalistas de Mactumactzá, con el objetivo de aislar y reprimir su lucha para impedir que el gobierno cumpla con su política de acabar con el derecho del pueblo a la educación y en particular de los campesinos e indígenas.

Nos solidarizamos con esta justa lucha y convocamos a todos los estudiantes y al pueblo en general a no permitir que el gobierno vuelva a reprimir para cumplir sus objetivos.

Convocamos a organizarnos en brigadas para asistir en apoyo a los estudiantes de la ENIIB, así como a movilizarnos mediante distintas formas para exigir cese a la represión y solución a las demandas de este justo movimiento estudiantil.

Estudiantes de la UNAM de los siguientes planteles: Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Azhalea García Soto, Icxiuh Alvarado Martínez, Enrique Lomelí Chavez; Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Melisa Herrera; Ciencias, Economía, Filosofía y Letras; Juan Abel Alvarado Martínez; ENEP Aragón, Oliver Rodríguez Cervantes, Víctor Hernández Jiménez; FES Zaragoza, Sandra Herrera; FES Cuautitlán, Omar Tenorio Salgado; Preparatoria 2, Verónica Vázquez, Rocío Zarza; Preparatoria 8, Ernesto González Garrido; CCH Azcapotzalco, Laura Hernández; IPN, Miriam Vilhena, Margarita Aguirre, Gloria Guerrero, Sofía Gorgona, Celia Aguilera, Juan Martínez Sifuentes, Graciela Martínez Aguilera, Keyla Martínez Quiroz, Rosalba Martínez Aguilera, Betsabee Martínez Aguilera y 191 firmas más.

Protesta por el 4 de julio

Este 4 de julio, frente a la embajada de Estados Unidos, a partir de las 10 horas, acto contra la tortura en Guantánamo y la invasión de Irak y Palestina. Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba/Café de la Red/ Ori-genes/ Arte en Guerra contra la Guerra/ No en Nuestro Nombre México.