Actuaría por consigna y no conforme a derecho, expresan

Temen activistas que juez avale extradición de vascos

Rosario Ibarra y Gilberto López prevén el fallo para la próxima semana; denuncian irregularidades en el proceso

BLANCHE PETRICH

La próxima semana el juez segundo de distrito en procesos penales, César Flores, decidirá si procede o no la extradición a España de seis ciudadanos vascos reclamados como ''presuntos colaboradores'' del grupo armado ETA. ''Y mucho nos tememos -expresaron ayer en conferencia de prensa Gilberto López y Rivas y Rosario Ibarra de Piedra- que vaya a actuar por consigna y no conforme a derecho''. Si la decisión del magistrado se inclina por recomendar a la Secretaría de Relaciones Exteriores la extradición de los detenidos, será un fallo "ilegal e ilegítimo", afirmaron.

Los dos activistas, solidarios con el movimiento que se ha creado para evitar la entrega, sin fundamento legal, de independentistas vascos a la justicia española, expresaron estar ''profundamente preocupados'' por la dirección que pudiera tomar el fallo del juez Flores. ''Por las actuaciones que hemos conocido del proceso hasta ahora hemos visto que el magistrado ha tenido una actitud facciosa; que sus decisiones no están regidas por el derecho sino por un planteamiento político que responde a necesidades del Estado mexicano de subordinarse a los intereses del gobierno de España''.

María Asunción Gorrotxategui, Juan Carlos Artola, Ernesto Alberdi, Félix Salustiano García, José María Urquijo y Asier Arronategui -este último naturalizado mexicano- fueron detenidos en julio del año pasado en operativos de la Agencia Federal de Investigación en cinco estados, a petición de la justicia española, que los acusa de asociación ilícita e integración en banda terrorista, "allegamiento" de fondos con fines terroristas, blanqueo de capitales procedentes de actividades terroristas y falsedad documental.

Junto con ellos fueron detenidos tres mexicanos, Pilar Sosa, Pedro Ulises Castro y Noé Camarillo. Después de 50 días de arraigo en el primer caso y 90 en los otros dos, los tres fueron liberados sin cargos, ya que no se les pudo probar lo señalado en la acusación.

Los vascos, sin embargo, siguen presos por los mismos cargos que fueron anulados en los primeros casos.

Violaciones a las garantías individuales

Ante la inminencia de un fallo, Ibarra de Piedra y López y Rivas señalaron que conforme al seguimiento que han hecho del trabajo de la defensora de los vascos, Bárbara Zamora, se han podido documentar diversas irregularidades a lo largo del proceso, empezando porque los seis fueron detenidos en el mayor operativo sincronizado de su tipo, sin que la policía contara con una orden de arresto.

Por su parte, Víctor Monroy, concuño de uno de los detenidos, Félix García, sostuvo que los familiares de los procesados no tuvieron la oportunidad de un juicio justo. "Nos pusieron muchas trabas. No se han respetado todos los derechos que ellos deberían gozar. Ellos tendrían que estar libres, no a punto de ser entregados a un sistema judicial que se sabe que tortura a los detenidos del País Vasco''.

Rosario Ibarra insistió en que a lo largo de este año los seis han permanecido en prisión al margen del estado de derecho. ''La prueba está en que a los mexicanos que acusaron de lo mismo, en la misma causa, los tuvieron que dejar libres por falta de pruebas''.

López y Rivas, a su vez, expresó que tiene ''poca confianza'' en el criterio que pueda aplicar en este caso el canciller Ernesto Derbez, quien tiene la última palabra sobre la extradición. ''Es, con mucho, el secretario de Relaciones Exteriores más ignorante de la tradición diplomática mexicana que hemos tenido''.

Ambos declarantes señalaron que su activismo en favor de los independentistas vascos es un compromiso congruente con la tradición de solidaridad y asilo de los mexicanos. "Ahora hasta eso nos quieren arrancar", acotó Rosario Ibarra.

López y Rivas se refirió al sometimiento de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox a las políticas de represión de España contra el independentismo vasco, "que no es lo mismo que luchar contra el terrorismo".

Recordó cómo en la administración de José María Aznar España distorsionó el combate a la violencia de ETA y extendió la criminalización y persecución a todas las expresiones independentistas, llegando incluso a clausurar periódicos e ilegalizar organizaciones de derechos humanos, hasta la proscripción del partido de izquierda vasca Batasuna.

''El gobierno mexicano ha sido un colaboracionista puntual y obediente a esa línea. De esta forma permite la operación ilegal en territorio mexicano a la policía española y ha estigmatizado a la colonia de vascos radicados en México como terroristas". Además, defendió el derecho de los vascos independentistas emigrados a México, muchos de ellos por ser perseguidos en su país, a expresarse políticamente con libertad en torno al diferendo vasco-español.

"Porque también han querido atajar la libertad de expresión sobre este tema en México", añadió. "Es el caso de una revista de la derecha ilustrada -Letras Libres- que ha tratado de estigmatizar a quienes nos solidarizamos con la causa de la autodeterminación de Euskadi, llamándonos "proetarras" y "promotores del tiro en la nuca". Agregó: ''Nuestra postura ha sido clara y explícita: no es en favor del terrorismo sino en favor de una solución política y negociada al reclamo de independencia de muchos vascos".

A lo largo de este año juristas mexicanos han presentado alegatos en contra de la entrega de estos presos a España. Incluso, un amparo ganado en febrero determinó que el encarcelamiento de los seis presos era "violatorio de la legalidad que prevé el artículo 16 constitucional". Según el constitucionalista Samuel del Villar, en ese momento ''los jueces de amparo y el tribunal debían haber ordenado su la liberación inmediata", ya que este precepto señala que nadie puede ser mantenido en prisión si en tres días no se comprueba la existencia de un delito.

Del Villar, investigador en El Colegio de México, insiste en que el tratado de extradición y la ley de extradición con España son inconstitucionales, en la medida en que se oponen al artículo 116 de la carta magna. Esta ley, reformada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, establece en casos de extradición un plazo de 60 días para que las autoridades fundamenten y motiven la existencia de los delitos y la probable responsabilidad de los detenidos.