Contraviene los tratados sobre derechos humanos suscritos por el gobierno, advierten

Improcedente, una ley de amnistía, señalan ONG

FABIOLA MARTINEZ

Organizaciones defensoras de derechos humanos advirtieron que una ley de punto final y obediencia debida para exculpar a los militares que participaron en la llamada guerra sucia, similar a la que operó en Argentina, es contraria a las normas internacionales que protegen las garantías básicas.

Coincidieron en que para lograr la reconciliación primero deben esclarecerse los hechos, esto es, llegar a la verdad histórica; combatir la impunidad, y reparar el daño a las víctimas de atropellos y a sus familiares.

El martes el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Gerardo Clemente Ricardo Vega García, pronunció un discurso en el que tras advertir que ''debemos poner atención en que no se nos vaya la nación de las manos'', apeló a la reconciliación y el perdón. Un día después el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, José Luis Santiago Vasconcelos, dio su propia interpretación al mensaje del general. ''Estaría de acuerdo en que ese perdón alcanzara a estas personas (las señaladas como responsables de la llamada guerra sucia)... Es muy difícil ahora tratar de juzgar a alguien que en su momento fue forzado a realizar acciones de contención respecto de algunas manifestaciones''. De esta forma, el funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR) aludió a la posibilidad de aplicar en México una ley de punto final (amnistía para los militares).

Al respecto, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, subrayó que este tipo de leyes, como la de punto final y obediencia debida, han sido descalificadas por organizaciones internacionales de protección a las garantías individuales, en particular la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Incluso, el año pasado jueces argentinos las declararon anticonstitucionales, lo que dio paso a proceder penalmente contra responsables de graves delitos.

En tanto, Fabián Sánchez, coordinador del área jurídica de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), precisó que una eventual ley de amnistía violaría la Convención Americana de Derechos Humanos, en especial por intentar impedir la aplicación de sanciones a responsables de daños. Ese aspecto está prohibido en el derecho internacional en materia de derechos humanos.

El Estado mexicano, comentó, tiene la obligación de hacer respetar la convención referida, pero sobre todo el derecho de las víctimas y sus familiares para saber ''qué sucedió''.

Sánchez advirtió que en ningún país ha prosperado ese tipo de leyes, y en el caso de Argentina ocurrieron en el desarrollo de un gobierno aún influido por el poder militar.

Ambos defensores de derechos humanos consultados coincidieron en que el principal riesgo de un planteamiento como el que mencionó el subprocurador Vasconcelos es ''perpetuar la impunidad y la indefención" de los ciudadanos.

La CMDPDH reiteró además que las recientes declaraciones de funcionarios del gobierno foxista -primero del titular de la PGR, Rafael Macedo, quien propuso someter a discusión el tema de la pena de muerte- ''sólo denotan ignorancia de las autoridades mexicanas respecto al derecho internacional''.