Considera la Permanente punto de acuerdo en respaldo a los derechos de los pueblos

Freno a amenazas y acoso contra indígenas de Montes Azules, demandan legisladores

No son las comunidades originarias las que destruyen el medio natural, afirma ONG

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 2 de julio. Los promotores del desalojo de las comunidades indígenas de Montes Azules sufrieron un revés el pasado 29 de junio, cuando la tercera comisión, de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, de la Comisión Permanente, acordó someter a la consideración del pleno de esa instancia del Congreso de la Unión un punto de acuerdo que demanda considerar los derechos de los pueblos antes de tomar cualquier decisión oficial.

En su apartado único, el documento manifiesta: "En el marco de colaboración entre poderes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita al titular del Ejecutivo federal que, por conducto de la Secretaría de la Reforma Agraria, a través de su representación especial, de la coordinación del Grupo Operativo de Trabajo para la Atención Integral de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona y en la Reserva de la Biosfera Montes Azules, y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informe a esta soberanía a la brevedad posible acerca de las acciones realizadas en esa región en cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, y en especial respecto del reconocimiento por parte del Estado del derecho de propiedad y posesión de las tierras que ancestralmente ocupan las comunidades indígenas ahí asentadas, para diseñar sus políticas de protección a las reservas ecológicas dentro de estos territorios".

Este acuerdo responde a la propuesta ante la tercera comisión de la Permanente, turnada el 23 de junio "para su estudio y elaboración de dictamen" por el diputado Omar Ortega Alvarez, en nombre de los diputados Eliana García Laguna y Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, "para exhortar a la SRA y a la coordinación del Grupo Operativo de Trabajo para la Atención Integral de los Bienes Comunales de la Selva Lacandona, a que revisen la problemática de Montes Azules al tenor del Convenio 169 de la OIT".

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, los integrantes de la tercera comisión sometieron al pleno de la Permanente del Congreso el dictamen, con base en las siguientes consideraciones: "La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a las autoridades de la SRA y las que participan en la coordinación del grupo operativo de trabajo, y de manera particular la Semarnat, se abstengan de presionar, amenazar y hostigar a las comunidades asentadas en la región de Montes Azules.

"La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la representación especial de la SRA, a cargo de la licenciada Martha Cecilia Díaz Gordillo, y a la coordinación del grupo operativo de trabajo, a que revisen dicha problema a la luz de los derechos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT, particularmente el reconocimiento, por parte del Estado, del derecho de propiedad y posesión de las tierras que ancestralmente ocupan, para diseñar sus políticas de protección a las reservas ecológicas dentro de estos territorios".

Los legisladores autores de la propuesta han concluido "que el problema de los desplazados internos en el estado de Chiapas, lejos de resolverse ha adquirido tintes cada vez más complejos, dado que muchas familias indígenas han tenido que abandonar sus lugares de origen para instalarse en Montes Azules, ante el vacío jurídico existente, y la falta de políticas públicas específicas por parte de las administraciones de los gobiernos federal, estatales y municipales".

A esta situación de desplazamiento interno se han añadido las acusaciones en contra de la población indígena asentada en Montes Azules, en el sentido de que es la causante del deterioro ambiental, "sin considerar que la explotación irracional es en gran medida producto de empresas dedicadas a la tala ilegal de bosques".

A juicio de los autores de la propuesta, aprobada como punto de acuerdo, el problema de fondo "sigue siendo la disputa por la posesión territorial de una región ancestralmente maya, derecho que pertenece indudablemente a los pueblos indígenas tal y como lo señala el Convenio 169 de la OIT". Este convenio fue ratificado por México en 1990 "sin hacer reserva alguna, quedando obligado a cumplir con su contenido".

El documento de los diputados recuerda que el Convenio 169 reconoce los derechos a mantener la integridad de los pueblos; a gozar de todos los derechos humanos; a la consulta para decidir cuestiones que puedan afectarles; a la participación; al autodesarrollo con identidad; a una vida digna; a impartir justicia a través de sus usos, prácticas, costumbres y derecho; a contar con traducción en su relación con las instituciones nacionales gubernamentales y de justicia; a la propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan; a solicitar tierras; a usar y proteger los recursos naturales del entorno de sus comunidades; a participar preferentemente de los beneficios que reporten los recursos del subsuelo de sus territorios; a ser consultados antes de disponer el gobierno la explotación de sus recursos; a decidir sobre las formas de propiedad y transmisión de sus tierras.

El análisis parlamentario subraya que el convenio de la OIT "procura el reconocimiento de los derechos inherentes a los individuos dentro de un Estado pluricultural". Atendiendo a su "importancia y trascendencia" los integrantes de la tercera comisión consideraron "la necesidad de que las autoridades competentes informen a esta soberanía acerca de las acciones que hayan implementado, en acatamiento de dicho convenio, respecto de las comunidades asentadas en la región de Montes Azules, y en especial respecto del reconocimiento por parte del Estado del derecho de propiedad y posesión de las tierras que ancestralmente ocupan, para diseñar sus políticas de protección a las reservas ecológicas dentro de estos territorios".

El punto de acuerdo de la comisión camaral aparece firmado por todos sus miembros, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, encabezados por el priísta Francisco Luis Monárrez Rincón (presidente), y los secretarios Raymundo Cárdenas Hernández (PRD), Gustavo A. Madero Muñoz (PAN) y Carlos Chaurand Arzate (PRI).

Presiones y amenazas en el área de la reserva

Al respecto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que preside el obispo emérito Samuel Ruiz García, recordaba recientemente que el actual mandatario chiapaneco "declaró al inicio de su gestión que no toleraría nuevos asentamientos en Montes Azules. Los pobladores de San Isidro y Nuevo San Rafael llegaron después de la toma de posesión de Pablo Salazar Mendiguchía y Vicente Fox. Ambas comunidades han sido amenazadas de desalojo mientras se simula un diálogo: rumores, presiones, hostigamiento, amenazas".

Nuevo San Rafael "sucumbió a las presiones para ser desalojados en enero por autoridades federales y estatales, sin resolver su problemática", agregaba el CDHFBC en su análisis. En relación con Nuevo San Isidro, la campaña de ataques incluía "los reportajes de Fuerza Informativa Azteca, los rumores de desalojos sorpresivos, el hostigamiento de funcionarios de Profepa y de tropas de la Armada".

En el contexto de esta "campaña", funcionarios de la Semarnat estuvieron repartiendo, "con evidente mala fe", copias de la Gaceta Parlamentaria del 14 de abril donde se reproduce una anterior propuesta de punto de acuerdo, ésta del Partido Verde Ecologista (PVEM), en la cual se pedía exhortar a la PGR y la Profepa a desalojar los "asentamientos" de Montes Azules; a la SRA a agilizar los trámites para la reubicación, y a la Secretaría de Gobernación a verificar la legal estancia de extranjeros. El punto de acuerdo de los verdes fue turnado a comisiones, y a diferencia del reseñado más arriba, no ha sido aprobado.

La campaña de las autoridades y los medios de comunicación contra los pobladores de Montes Azules los criminaliza mediante "una doble discriminación: por su identidad indígena, y su pobreza". El organismo señala que "en México y en América Latina, los pocos reductos naturales que se conservan coinciden con los asentamientos indígenas, verdaderos protectores del patrimonio ecológico. La tala ilegal, la extracción de especies de fauna y la contaminación no han sido responsabilidad de los asentamientos indígenas sino de empresas madereras y traficantes de animales, tolerados, si no es que coludidos con las autoridades".

De acuerdo con la ONG, las presiones legales y la campaña de desprestigio y amenazas contra las comunidades indígenas de Montes Azules "parten no sólo de intereses poco claros, sino de un profundo desprecio a los derechos colectivos de los pueblos indígenas". En el fondo "sigue siendo la disputa por la posesión territorial de una región ancestralmente maya. No se puede resolver la situación ecológica de Montes Azules sin antes reconocer el derecho público a la propiedad del territorio indígena en Chiapas. Este reconocimiento es condición previa para delimitar, "con la consulta a los pueblos interesados", las reservas ecológicas y la titulación de la tierra.