Firman México y Guatemala acuerdo para la repatriación ordenada y segura

Crece sin control la migración desde la frontera sur, informan autoridades

Más de 100 bandas de traficantes de personas en el país; aumentan nexos con crimen organizado

ALONSO URRUTIA ENVIADO

Guatemala, 2 de julio. El flujo migratorio en la frontera sur mexicana continúa en aumento. Las estimaciones oficiales anticipan que para este año habrán sido deportados 200 mil centroamericanos, lo que significaría un crecimiento mayor a 50 por ciento con respecto al año 2003. La cifra se dispara en los periodos de mayor demanda laboral en Estados Unidos -enero a marzo- y alcanzó 600 por ciento de incremento desde 2002, según se desprende de las cifras contrastadas por las autoridades migratorias de México y Guatemala.

Detrás de ello se encuentra el activismo creciente de las más de 100 bandas de traficantes de personas que operan en México y siete que lo hacen desde Guatemala, en un fenómeno cada vez más preocupante por su vinculación con redes de delincuencia organizada asociada con otros ilícitos, como la trata de blancas y el contrabando, entre otros, según lo reconoció el ministro de Gobernación guatemalteco, Arturo Soto.

Tal es parte del diagnóstico compartido por autoridades migratorias mexicanas y guatemaltecas en el contexto de la firma del Arreglo de Repatriación Ordenada y Segura. El compromiso bilateral, comentó la comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), Magdalena Carral Cuevas, también abarca la instrumentación de acciones para "combatir la trata y el tráfico ilícito de migrantes".

Carral definió al acuerdo como muestra de congruencia de México "con nuestras demandas legítimas que hacemos a otros gobiernos sobre nuestros propios migrantes". Al final del acto, la funcionaria reconoció el incumplimiento de diversos convenios que México tiene con Estados Unidos sobre repatriación de indocumentados nacionales.

A su vez, Soto refirió que las bandas de traficantes se han internacionalizado y asociado con otros delincuentes, de ahí la importancia de que los gobiernos retomen el tema migratorio, para combatir su parte delincuencial. El ministro aludió a la operación de grupos cuyo ámbito abarca desde Estados Unidos hasta Centroamérica, los cuales son cada vez más organizados y peligrosos.

De ahí la necesidad -dijo- de reforzar la vigilancia en la frontera para reducir el riesgo de que los migrantes "pudieran caer en manos de bandas que los exploten laboral o sexualmente, sólo por mencionar algunos peligros".

Magdalena Carral se refirió, por su parte, a los informes que tiene el Centro de Investigación y Seguridad Nacional tiene: en México operan 100 bandas dedicadas al tráfico de personas. De igual forma, destacó que se ha atacado la vinculación de personal del INM con estos grupos, como lo muestra el denominado Operativo limpieza que condujo a la aprehensión de 44 funcionarios.

Quien aludió al crecimiento sustancial de la migración desde Centroamérica fue el director del área en Guatemala, Oscar Córdoba, quien estimó que el año terminará con la deportación de 200 mil centroamericanos, de los cuales la mitad no sería de aquí. A pesar de que en Guatemala ya no se puede hablar de que el fenómeno migratorio se concentre en algunos departamentos, "sino que abarca ya prácticamente todo el país".

Las consecuencias de este aumento en el flujo de centroamericanos -admitió Carral- se reflejan en la generación de condiciones de hacinamiento y de dificultades para atender a los indocumentados de mejor manera, pero se "respetan los derechos humanos". La comisionada dio cuenta del incremento en periodos de demanda laboral pues de enero a marzo de 2002 se registraron poco más de mil aseguramientos; en 2003 fueron 5 mil, y en lo que va de 2004 se superaron los 12 mil, esto es, poco más de 600 por ciento de incremento. Y todo eso con el mismo personal y presupuesto del INM desde el año pasado.

De igual forma, respondió a los cuestionamientos de que con frecuencia los indocumentados centroamericanos son conducidos a cárceles, situación que se da -dijo- en algunos estados, con cuyos gobiernos se ha buscado la posibilidad de que permanezcan en instalaciones de otro tipo.

Aunque negó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya emitido recomendaciones por violación a las garantías fundamentales de los migrantes, comentó que no se puede tolerar que en algunas entidades, donde no hay estancias migratorias, los indocumentados sean conducidos a prisiones.

Según las autoridades guatemaltecas, el convenio firmado contribuirá, entre otros aspectos, a combatir la corrupción, toda vez que ambos países se comprometen también a ordenar la repatriación de hondureños y salvadoreños que crucen el territorio de Guatemala. La cifra no es menor: en 2003, de los 176 mil indocumentados deportados, 89 mil eran originarios de El Salvador y Honduras.

El convenio incluye condiciones preferenciales en la deportación de mujeres, niños y discapacitados; horarios matutinos para indocumentados salvadoreños y hondureños; las deportaciones se realizarán bajo el principio de preservar la unidad familiar.

También se acordó que el convenio será revisado cada seis meses para corregir inconsistencias, pues se prevé que esto podría generar mayor permanencia en las estaciones migratorias e incremento de los costos.