Arturo Alcalde Justiniani

Pemex: una buena y una mala

La buena: la juez tercera de distrito en materia de trabajo, María Teresa Ortega Aguilar, concedió el amparo a la Organización Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera (ONTCIP), contra la negativa de su registro sindical dictado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Esta resolución abre un amplio panorama a los más 30 mil empleados de confianza de Petróleos Mexicanos (Pemex), en virtud de que será obligatorio el otorgamiento del registro sindical al haber transcurrido en demasía el plazo máximo otorgado por la ley. El artículo 366 fracción III de la Ley Federal del Trabajo impone a la autoridad registradora un plazo máximo de dos meses para resolver la solicitud, so pena de un registro automático. En este caso transcurrieron más de 22 meses de haber iniciado la ONTCIP los trámites de registro.

Asimismo, genera un escenario favorable a la unificación de la ONTCIP con otra agrupación sindical hermana que también tramita su registro ante la mencionada dependencia laboral: la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera de México (UNTCIP). Ambas organizaciones, aunque se distinguen por una letra en sus siglas, concentran a profesionistas altamente calificados y profundamente comprometidos con su industria. Son parte de ese sector estratégico en que la empresa debería confiar para superar sus problemas estructurales. Convertirlos en sus enemigos es un grave error.

El camino recorrido por la ONTCIP para obtener su registro sindical es digno de una novela y es significativo para conocer al auténtico rostro de la política laboral gubernamental. Se dio inicial bienvenida a su organización, constituida el 12 de abril de 2002, haciéndole creer que la empresa y las autoridades laborales veían con agrado su existencia, se le presentó y presumió en diversos foros oficiales con el agregado de que entre sus dirigentes sindicales participan militantes panistas. Al concluir los plazos legales, se le solicitó la presentación de escritos que aparentaran una prórroga voluntaria en el otorgamiento del registro como acto de buena fe. Finalmente se le condenó al olvido. Después de una larga espera, la organización gremial decidió renovar el trámite de su registro; éste le fue negado, utilizando la misma documentación que la autoridad laboral le había solicitado presentar. La negativa de registro fue una lección para que la ONTCIP supiera con quién estaba tratando.

La decisión de la organización, apoyada por su calificado asesor jurídico, Javier Herrera, y una juez lúcida, cambiaron el rumbo de la batalla jurídica por un reconocimiento legal que en cualquier país del mundo sería un trámite elemental, tomando en cuenta que el derecho a la libre asociación gremial es reconocida como una garantía fundamental.

La mala: todos los dirigentes de la ONTCIP y UNTCIP fueron despedidos el pasado lunes 21 de junio. En una acción fulminante, más de 50 dirigentes fueron desalojados de sus lugares de trabajo, buscando acabar de tajo cualquier intento de organización gremial. Esta grotesca medida cancela la esperanza de que la industria petrolera transite por el rumbo de compartir su futuro con los profesionistas y técnicos organizados. Se crea sin necesidad un desencuentro adicional a los ya existentes en esta fundamental empresa.

Quienes encabezan la línea dura de estas acciones pierden de vista el origen de la formación de estos sindicatos y otras asociaciones como la de Ingenieros Costa Afuera de México, que trabajan en las plataformas marinas, donde se genera 80 por ciento de la producción nacional de petróleo. Pierden de vista que los llamados profesionistas y técnicos son quienes llevan la operación y funcionamiento de la estructura de la empresa, incluyendo refinerías, ductos, pozos, complejos procesadores de gas y niveles de seguridad. Obviamente no podrán entender el proceso democratizador del sindicato de los trabajadores de base. Por lo visto, los errores se repiten en Pemex. Convendría analizar la política laboral y particularmente salarial en los pasados cuatro años para observar su iniquidad extrema. Basta señalar que en las categorías más altas se han otorgado incrementos superiores a 100 por ciento, mientras que el resto de trabajadores de confianza se mantuvo sin incremento significativo.

A cuatro años del gobierno de la alternancia, la línea dura laboral parece imponerse sin contrapeso alguno, así ha quedado demostrado en el caso del INEGI, en el que todos sus dirigentes nacionales se encuentran igualmente despedidos por supuestas instrucciones de la Secretaría de Hacienda. Concentrar la solidaridad para detener esta política es tarea urgente.