México D.F. Sábado 3 de julio de 2004
Gustavo Gordillo
Jelóuu, esta cosa es apolítica
La frase del título aparece en una crónica hecha por Jaime Avilés, respecto a la marcha del domingo pasado y sintetiza el principal bloqueo mental para tratar de entender las raíces del auge de la criminalidad y la reacción ciudadana frente a ésta.
Axel Blumberg fue secuestrado la noche del miercoles 17 de marzo de 2004 en la puerta de la casa de su novia. Sus captores pidieron 50 mil pesos por su vida, pero finalmente acordaron recibir 18 mil. El lunes 22 le ordenaron al padre que fuera a un determinado punto a pagar, pero nunca se presentaron. Después apareció el cadáver de Axel con un disparo en la cabeza. Era la tercera víctima de un secuestro que terminaba asesinada.
Juan Carlos, su padre, convocó a una marcha que como en el caso reciente de México sobrepasó todos los pronósticos. Los periódicos hablaron de 150 mil a 200 mil ciudadanos. Esta marcha desfiló hacia el recinto del Congreso argentino. Se entregó un pliego petitorio de siete demandas de modificaciones legales al presidente del Congreso, cuyo eje era una verdadera reforma del sistema judicial "a los efectos de obtener una justicia rápida, efectiva y con jueces idóneos para garantizar la plena vigencia del Estado de derecho". La gente que escuchó a este señor padre, afligido, dirigirse a la multitud reparó en dos aspectos: "La falta de odio en sus palabras" y el hecho que haya constantemente aclarado que todo debía hacerse "dentro de la democracia". Casi 30 días después de la marcha, en el Congreso argentino se estaban aprobando al menos tres de las demandas.
La evocación a un pliego petitorio desde luego nos trae a la memoria el pliego esgrimido por los estudiantes en 1968 y la respuesta del poder público de entonces en el otro extremo de lo ocurrido recientemente en Argentina y en México. Que los ciudadanos puedan expresarse libremente, sujeten a escrutinio a sus autoridades y exijan respuestas del poder público es, en sí, un avance de la mayor importancia.
Las profundas transformaciones que está experimentando América latina hacen inevitables las diversas expresiones de protesta ciudadana. Las protestas sociales pueden ser contextualizadas no sólo como acomodos de una determinada correlación de fuerzas tendentes a aumentar o disminuir las capacidades negociadoras de ciertos actores sociales, sino también como incentivos que promueven la restructuración productiva y la innovación institucional en sociedades bastante desiguales, fragmentadas y frágiles. Esta perspectiva se expresa a partir de un dilema específico: Ƒcómo aprovechar el impulso de la movilización y el proceso de solución de conflictos para reforzar o generar nuevos acuerdos institucionales, evitando enfrentamientos irreversibles entre actores sociales?
Esto es particularmente relevante en un contexto donde el otro elemento central es la debilidad institucional. Algunos comentaristas han señalado la paradoja que viven nuestros países con fuerte déficit en materia de Estado de derecho y con una inveterada tendencia a buscar resolver todo, o casi todo, emitiendo o modificando nuevas leyes.
Lo cierto es que el tema de la seguridad pública es un tema central en la agenda ciudadana de casi todos los países de América Latina. A las falencias para enfrentar eficazmente al crimen se suma el sentido de la incertidumbre que acompaña a los procesos rápidos de cambios en condiciones como las latinoamericanas en que persisten y se profundizan desigualdades sociales, económicas y políticas.
Reconocer los momentos signados por la ambivalencia del riesgo que conlleva todo cambio es obligación del Estado y de la sociedad. Sin embargo, la buena gobernabilidad obliga a marcar el ritmo del cambio. Impulsos precipitados, descoordinados, unilaterales y sin el suficiente consenso social, pueden terminar bloqueando los buenos propósitos.
Dos lecciones se nos imponen como evidencias para orientarnos en estos momentos de tensión: la primera es que la gente -el pueblo, los ciudadanos- se opondrán a cualquier transformación que pretenda realizarse sin ellos o al margen de ellos; la segunda es que el cambio al que aspiran esos mismos ciudadanos busca certidumbre, aunque también clama por su identidad.
Asumir el tema de la seguridad como un tema central de la agenda pública, escuchar los reclamos ciudadanos, articular los intereses dispares en un propósito común es esencialmente reconocer la naturaleza esencialmente política del tema. De lo que se está hablando es de reglas básicas para la conviviencia que implican castigar el crimen, reducir la impunidad, recuperar las calles y los espacios públicos. Pero reconstruir un tejido social dañado por la criminalidad, la pobreza y la desigualdad requiere combinar hilos de continuidad histórica con hilos de cambio. Requiere pactos entre las elites y acuerdos sociales. Derechos y responsabilidades. Construcción o reconstrucción de instituciones. Acuerdos básicos de la sociedad.
Política, más política y mejor política.
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