Fiscales argentinos exigen cero tolerancia con manifestantes

Se unen piqueteros para exigir que se aclare asesinato de líder

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 2 de julio. Sin incidentes, a pesar de un tenso clima por la acción de la mayoría de los medios de comunicación, los movimientos piqueteros (desocupados) realizaron un multitudinario acto en el barrio tradicional de La Boca, en repudio al asesinato del dirigente Martín Cisneros, de la Federación Tierra y Vivienda, el pasado 25 de junio.

Luis D'Elía, diputado y líder de ese movimiento, pidió que el crimen se investigue hasta las últimas consecuencias y que se encuentre a los autores intelectuales y a quienes han encubierto el asesinato.

D´Elía, junto con otros cuatro grupos piqueteros, conformó una asamblea en defensa de la democracia y en apoyo del presidente Néstor Kirchner, quien está bajo una severa campaña de la derecha local.

Los sectores duros, que lidera mayoritariamente el trotskista Polo Obrero , y el dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells, enfrentados a los dialoguistas, concurrieron al acto.

Castells ha sido criticado por varias acciones que incrementaron la presión de la derecha y otros sectores políticos para que se reprima al movimiento piquetero en su conjunto, a lo que se niega el gobierno dadas las circunstancias y el recuerdo de la actuación policiaca en sucesos que dejaron muertos en las filas de los desempleados.

En tanto, dos fiscales federales solicitaron que la policía informe "cuáles son las órdenes generales que se dieron en meses recientes para prevenir y controlar el orden público" ante las protestas de los desocupados.

La iniciativa de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers se suma a la creciente campaña que exige mano dura contra los piqueteros, y además se pidió que se active toda la legislación vigente que obliga a los funcionarios del Ejecutivo a tomar medidas preventivas ante estas situaciones.

Hace unos días el abogado Adolfo Casabal Elía acusó al gobierno y a jueces de "negligencia", frente a las manifestaciones de piqueteros. Este es defensor del comisario Miguel Etchecolatz, ex director de investigaciones de la policía bonaerense durante la pasada dictadura, quien es procesado por delitos de lesa humanidad y robo de niños nacidos en cautiverio.

Los fiscales también pidieron a la Presidencia que explique "cuáles son los grupos piqueteros que habitualmente realizan actividades en esta capital, detalle su denominación, si se encuentran organizados mediante algún estatuto, cuáles son sus responsables y si reciben algún tipo de subsidio social del gobierno nacional".

Para varios analistas, este ordenamiento está enmarcado en el proceso de judicialización del conflicto social y busca enfrentar al gobierno, el cual está decidido a no reprimir. En la provincia de Buenos Aires otro fiscal solicitó recientemente impedir los bloqueos a rutas y que se fotografíe a todo los que intervengan en éstos.

Esto anuncia serios conflictos, ya que hay 3 mil procesados por cierres de vías de comunicación en los pasados 10 años y los organismos humanitarios demandan desde hace tiempo que se ponga fin a esta acción judicial.

Los grupos más conservadores, a los que se han unido políticos tradicionales, exigen ya represión. Ante esto, algunos grupos de piqueteros parecieran tratar de comprometer al gobierno con acciones que están polarizando a la sociedad. Lejano quedó aquel "piquete y cacerola la lucha es una sola", del año 2002.