El Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (Gafi), dependiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer en su más reciente reporte que México sigue siendo deficiente en el combate al blanqueo de recursos, la mayor parte provenientes del narcotráfico. A decir del organismo, la corrupción de las autoridades y la superioridad tecnológica y económica de los cárteles de la droga son los principales obstáculos para enfrentar el ilícito. A pesar de que en 2003 aumentaron las denuncias presentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las averiguaciones emprendidas por la Procuraduría General de la República, ese año se lavaron en el sistema financiero mexicano 24 mil millones de dólares, cantidad que triplica el monto de las remesas enviadas por los migrantes desde Estados Unidos en los primeros cinco meses de 2004. El Gafi señala que uno de los principales obstáculos para combatir el ilícito es la corrupción de las autoridades, y advierte que no se ha avanzado en la agilización de los procedimientos para detectar el lavado, confiscar bienes y procesar a los delincuentes, que persisten las deficiencias en el proceso penal y que el Congreso se ha tardado en aprobar iniciativas para endurecer las leyes. Se trata, en suma, de una forma de delincuencia contra la cual no se ha actuado con la prontitud necesaria.

Estos rezagos son, a todas luces, preocupantes, dado el poder corrosivo del lavado de dinero en el orden económico, social y político de la nación, y su estrecho vínculo con el crimen organizado. El blanqueo garantiza la continuidad en la operación de las redes delictivas no sólo vinculadas al trasiego de drogas, sino también al tráfico de bienes y de personas, a la pornografía infantil y al secuestro, distintas formas de delincuencia que agobian a la sociedad. Al mismo tiempo, genera graves distorsiones en la economía al alterar el valor de la moneda, provocar quiebras bancarias y afectar la integridad de las instituciones financieras. Tiene también un grave costo social, por lo que implica destinar mayores recursos a la seguridad pública y a la atención de víctimas de la criminalidad. En el ámbito político, las mafias del lavado han demostrado en diversos países que son capaces de erosionar la legitimidad de un gobierno. Se trata, pues, de una amenaza contra la seguridad nacional que ameritaría tomar medidas urgentes y firmes para contrarrestarla y que, sin embargo, da la impresión de que en México no se ha actuado así. Baste señalar que según el reporte del Gafi, el secreto bancario sigue siendo un obstáculo para investigar transacciones sospechosas y, dicho sea de paso, ha servido de protección para los defraudadores de la banca.

El blanqueo de dinero anida donde encuentra el ambiente propicio de corrupción y laxitud en las leyes, por lo cual los gobiernos no deben bajar la guardia ni retrasar las acciones para enfrentarlo. Si bien es un ilícito que no es percibido por la ciudadanía debido a que se comete por conducto de instituciones financieras o empresas privadas mediante fraudes, o en oficinas públicas donde operan funcionarios corruptos, es más grave que la delincuencia común por sus efectos sobre los bienes de la nación y porque tarde o temprano repercute en la seguridad pública.

Todas las instancias de gobierno, particularmente el federal, debieran dar respuesta expedita a las recomendaciones de organismos especializados para mejorar el combate al lavado de dinero -agilización de procedimientos, reforzamiento de leyes, perfeccionamiento de procesos judiciales- aun cuando no se organicen marchas multitudinarias de la sociedad civil para exigir que así se haga.