Seguridad Pública, reflejo del desgobierno
Los nombramientos en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal anunciados ayer por el titular de esa dependencia, Ramón Martín Huerta, desvanecen las esperanzas que pudieran quedar sobre las posibilidades del foxismo de lograr, a cuatro años de su llegada al poder, algo de rumbo y de sentido político. La permanencia en el cargo del propio Martín Huerta, con inocultables responsabilidades en la desprotección de los tres elementos a su cargo que fueron atacados en Tláhuac en noviembre pasado, y en el asesinato de un narcotraficante en el penal de "máxima seguridad" de La Palma, es de por sí expresión inequívoca de la determinación del gobierno federal de premiar la ineficiencia y la abulia entre sus allegados; posteriormente, el designio de crear un "gabinete de seguridad pública" que somete a las secretarías de Gobernación, Defensa y Marina al control del funcionario mencionado contribuyó a confirmar el gravísimo extravío del grupo en el poder.
El más reciente golpe propinado por el Ejecutivo federal a la seguridad pública del país fue, con todo, la designación ayer del nuevo comisionado de la Policía Federal Preventiva ųel general Tomás Valencia Angeles, quien hasta ayer era encargado de despacho y fungía como jefe del estado ma-yor de la corporación cuando ésta dejó morir a dos de sus efectivos en San Juan Ixtayopanų y de dos subsecretarios: Rafael Gerardo Ríos García, un oscuro funcionario procedente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quien ocupará la subsecretaría de Política Criminal y será, en esa calidad, coordinador del "gabinete de seguridad nacional", y el muy conocido Miguel Angel Yunes Linares, priísta (hasta el año pasado) de toda la vida, diestro en artes de mapachismo electoral, represión política y operativos de desacreditación de adversarios, sujeto de abundantes señalamientos, averiguaciones previas y denuncias penales (extorsión, falsedad de declaraciones, tortura, coacción, amenazas cumplidas, asociación delictuosa, despojo de tierras, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, entre otros) y detractor virulento, durante varios años, de Vicente Fox Quesada.
Para ponderar la coherencia del mandatario y de su nuevo colaborador baste recordar algunas expresiones del primero. En octubre de 2002 Yunes acusó a Fox de "no actuar como jefe de Estado, con responsabilidad frente al país" y de "encubrir" las transferencias de los Amigos de Fox; en febrero siguiente firmó un documento en el que acusaba al gobierno actual de "politizar la justicia y poner los órganos encargados de procurarla al servicio de intereses partidistas"; en abril de 2003 volvió a la carga y dijo que "el señor Vicente Fox concibió, concretó y determinó los planes y tareas de Amigos de Fox; que fue beneficiario de su trabajo y que, por tanto, es corresponsable de sus acciones". En junio de ese año acusó a su ahora jefe de decir "que vivimos como Alicia en el país de las maravillas" y afirmó que el financiamiento con fondos extranjeros a la campaña presidencial de Fox afectaba "la soberanía y la seguridad nacional", y exigió a la Comisión de Fiscalización del IFE que suspendiera o cancelara el registro al Partido Acción Nacional. En otra ocasión, en ese mismo año (electoral), Yunes aseguró que en el actual Ejecutivo federal "no hay ni cambio ni transparencia ni apego a la ley". A la postre, todo hizo pensar que tales arrebatos no obedecían a un genuino interés crítico, sino formaban parte de una estrategia negociadora para inducir impunidades a los priístas involucrados en el Pemexgate a cambio de indulgencias para los responsables de Amigos de Fox.
Por lo que hace al veracruzano, su ingreso en el denostado gobierno podría explicarse como producto de oportunismo personal y de falta de consistencia en la fidelidad a causas y tendencias ųantes de amanecer foxista, Yunes fue, sucesivamente, salinista, zedillista, labastidista, madracista y gordillistaų y no hay en ello razón para la sorpresa. Pero su inclusión en el gabinete es una alarmante señal de debilidad, aislamiento y pérdida de rumbo de la administración actual, la cual, ante la crisis presente en materia de seguridad pública, ha optado por abandonar las instancias oficiales encargadas del asunto a su propia expresión de ineptitud ųMartín Huertaų, "reforzada" ahora por un exponente de la peor escuela políti- ca priísta. A la vista de semejantes desati- nos, cabe preguntarse por lo que espera al país en los próximos dos años.
