Jueves 20 de enero de 2005 En defensa de los hermanos Cerezo Señora directora: El 16 de enero fueron violentamente trasladados del Cefereso de La Palma a los de Matamoros y Puente Grande Alejandro y Antonio Cerezo Contreras. Justificaciones hay muchas, pero ninguna basada en preceptos constitucionales. Comparar a estos jóvenes de actitud crítica con jefes de narcotraficantes es una infamia que ni los verdaderos cómplices de estas mafias, es decir los directivos policiacos, se la creen. ƑEra necesario el traslado de los hermanos Cerezo para acabar con la corrupción en La Palma? Algunas de nosotras hemos vivido en carne propia la represión política en cautiverio. Sabemos que aunque la injusticia sea clara para mucha gente, las patologías sicológicas de los responsables de la seguridad pública y del Ejecutivo hacen que les complazca observar la forma en que invaden a familiares, amigos y personas sensibles del pueblo el dolor profundo, la impotencia y la furia bondadosa cuando la violación a garantías individuales se hace una constante. El traslado de los hermanos Héctor y Antonio Cerezo a cárceles de su lugar de origen, el cese al hostigamiento político en su contra y la libertad de todos los presos de conciencia del país es una necesidad ética. Como sociedad tendremos que seguir luchando por ello y acordar qué es eso de seguridad pública, y si tiene algo que ver con las garantías individuales. Raquel Gutiérrez Aguilar, Oralba Castillo Nájera, Ana María Vera Smith, Aurora Doménech y Ana Cecilia Lazcano Preocupación por los sucesos en La Palma Señora directora: Con preocupación vemos cómo el Estado mexicano ha violado la Constitución al militarizar cada vez nuestro país. Hoy les toca a la cárceles de máxima seguridad. Con tanquetas trata de ocultar su corrupción. Quienes hemos sido prisioneros de esas cárceles de máxima seguridad sabemos que la corrupción se da con la anuencia de las altas esferas del poder político, donde obviamente los presos políticos no entran en este juego, pues para ellos estas cárceles son de exterminio. Cuando fuimos trasladados al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en noviembre de 1999, era subsecretario de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación Miguel Angel Yunes, quien se ha caracterizado por ser una de las personas que más violan los derechos humanos en nuestro país. Cabe recordar que nosotros fuimos golpeados y torturados durante el traslado del penal de Acapulco a Puente Grande porque íbamos muy bien recomendados. Hoy les toca a nuestros compañeros presos políticos vivir la nueva disciplina, es decir, no denunciar las violaciones a sus derechos humanos, no pensar, no soñar que un mundo mejor es posible. Pedimos a los organismos defensores de los derechos humanos y a la sociedad exigir un alto a la represión y el hostigamiento en contra de los presos políticos, que en esas cárceles se encuentran en estado de indefensión. Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez, ex presos políticos Nueva aclaración de la PGJDF Señora directora: Con relación a la carta publicada el 19 de enero me gustaría precisar lo siguiente: Con todo respeto, corregimos el olvido de la licenciada Bárbara Zamora; ciertamente se negó a tener una escolta permanente cuando se presumía que pesaban amenazas sobre ella, sin embargo, la pidió y se le proporcionó para un viaje que hizo a Chilpancingo, Guerrero, en marzo de 2002, lo cual no es ningún desdoro y es además la verdad. Lo anterior puede acreditarse con los oficios de colaboración a las autoridades de ese estado y con el parte de los policías a quienes se encargó la comisión. Por otro lado, lamento que la licenciada Zamora se diga amenazada por el procurador, porque así lo leyó en algún medio. Lo que Bernardo Bátiz dijo a pregunta de un reportero sobre la filtración que pudiera salir de la licenciada Zamora por haber tenido acceso al expediente de Digna Ochoa cuando fue coadyuvante en el caso es lo siguiente: "efectivamente ella tuvo en sus manos copia del expediente y habría esa posibilidad, sin embargo no creo que se dé el caso". Héctor Ramos Aguilar, director general de Comunicación Social, PGJDF Comentario de la Procuraduría Agraria Señora directora: Solicito atentamente la publicación de las siguientes precisiones a la nota "Denuncian ejidatarios de Bernalejo posible fraude con indemnizaciones", del 19 de enero (página 31). 1. La Procuraduría Agraria pagó a todos los ahora ex ejidatarios de Bernalejo de la Sierra que acreditaron ese derecho las indemnizaciones y compensaciones de acuerdo con un convenio revisado por el tribunal unitario agrario de Zacatecas. 2. A la fecha, de los 64 ejidatarios que integraban el padrón del núcleo agrario, sólo restan ocho por cubrírseles el pago indemnizatorio, en razón de que no han acreditado su derecho o no han acudido a reclamarlo. Asimismo, hay tres ejidatarios y un avecindado que tampoco han podido o querido acreditar sus derechos para cobrar una compensación convenida. 3. El sector agrario ha actuado conforme a derecho en los pagos de indemnizaciones y compensaciones en Bernalejo de la Sierra, y las irregularidades que pudieran haberse presentado posteriormente no son de nuestra competencia. Cuauhtémoc Saavedra Méndez, director general de Comunicación Social de la Procuraduría Agraria Respuesta del reportero Señora directora: Este reportero presentó en su información nombres y apellidos de los ex ejidatarios de Bernalejo que denunciaron ser objeto de defraudación. Ellos no sólo ofrecieron una conferencia de prensa para hacer público su problema, sino que presentaron la denuncia correspondiente. Alfredo Valadez Rodríguez Contesta corresponsal en Chiapas a precisiones del SAE Señora directora: En relación con la carta del señor González Peña, me permito señalar lo siguiente. El reportaje sobre los campesinos de Chiapas con problemas de cartera vencida nació y se investigó en múltiples y diversas fuentes semanas antes de su publicación y de la visita de funcionarios del SAE a Chiapas. Por tanto, sugiero al coordinador de Comunicación Social de esta instancia conceda una lectura detallada y profunda al texto en cuestión. En éste se señala claramente que las cifras sobre los procesos de recuperación de capital, los litigios judiciales y embargo de bienes a los que están sometidos miles de campesinos, provienen de entrevistas directas con los propios afectados, con el titular de Financiera Rural en Chiapas, y Banrural Istmo, instancia esta última que proporcionó datos precisos -a petición expresa de esta reportera- que ahora pueden ser consultados en la página www.informacionpublica.gob.mx con el folio 0614500001604. Llama la atención que el coordinador de prensa del SAE intente aclarar, precisar o desmentir cifras otorgadas por instancias y personas ajenas a la dependencia donde labora. En relación con los datos que son adjudicados al director corporativo del SAE, Eduardo Martínez Leyva, éstos fueron proporcionados durante la entrevista colectiva que otorgó a reporteros en un hotel de Tuxtla Gutiérrez, el pasado 13 de enero, en la cual estuvo presente la que esto suscribe. Pongo a su disposición la grabación magnetofónica sobre el encuentro y, por si lo desea, las referencias periodísticas publicadas al día siguiente en la prensa local, en las que se da cuenta de las cifras en cuestión. Angeles Mariscal, corresponsal, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas A   N U E S T R O S   L E C T O R E S Les rogamos que los comentarios y aclaraciones que envíen para su publicación en El Correo Ilustrado no excedan de 30 líneas. Favor de dirigirlos a: Av. Cuauhtémoc # 1236, Col. Santa Cruz Atoyac, CP 03310, Delegación Benito Juárez. Fax: 5605-6426 / e-mail: [email protected] / Teléfono: 9183-0315 El Correo Ilustrado